En el Metro de Caracas despidieron a 12 empleados a instancias del presidente del sindicato de la empresa, Edison Alvarado, señalaron dirigentes
En los últimos meses a 2.000
trabajadores técnicos y profesionales que laboraban a tiempo determinado en
Pdvsa y las empresas contratistas, les rescindieron el contrato por razones
políticas, aseguró José Bodas, directivo de la Federación Única de Trabajadores
Petroleros de Venezuela.
“La suspensión de los contratos
de trabajo es el subterfugio que utiliza el oficialismo en la industria
petrolera para amedrentar al personal fijo y contratado, con el fin de impedir
el ejercicio de su derecho constitucional y democrático: el referéndum
revocatorio”, añadió el dirigente.
Indicó que “en la industria hay
26.000 trabajadores contratados a tiempo determinado con la promesa de que
serán incorporados a la nómina fija si son leales al gobierno”. Si los
empleados no muestran la lealtad exigida, les rescinden el contrato a los que
llevan más de cuatro años con esa figura, con lo que la empresa incumple la Ley
Orgánica del Trabajo, que obliga al empleador pasarlos a la nómina fija al año
de servicio, agregó.
El sindicalista indicó que al
mantener por años a un trabajador bajo contrato por tiempo determinado, Pdvsa y
las contratistas fomentan la tercerización prohibida en la ley porque es una
práctica con la que los patronos cometen fraude laboral.
De los 2.500 trabajadores a
quienes les suprimieron el contrato de trabajo en los últimos meses, “80% fue
porque apoyaron el revocatorio o no acudieron a las marchas”.
Bodas afirmó que “los gerentes y
jefes rojo-rojitos de Pdvsa convocan continuamente a los trabajadores a charlas
proselitistas para que manifiesten su
voluntad de apoyo al gobierno en los centros de trabajo, y con carácter
obligatorio”.
En el Metro de Caracas los
empleados denunciaron que la persecución laboral la lleva a cabo el presidente
del sindicato de la empresa, Edison Alvarado, que en una entrevista con TVES
declaró, en agosto, que 300 trabajadores debían salir porque no estaban identificados con el chavismo.
A partir del 21 de septiembre,
los primeros 12 empleados fueron despedidos porque firmaron para el revocatorio
u organizaron a los trabajadores para exigir el cambio de la directiva de
Sitrameca, opuesta a la celebración de las elecciones sindicales ya que su
período de ejercicio vencerá el 22 de noviembre próximo.
“Luego de 28 años y 4 meses en la
empresa fui despedido, y cuando estaba de reposo”, afirmó Wilson Gutiérrez,
impulsor de la iniciativa de cambio en el sindicato y firmante del revocatorio.
Añadió que se enteró cuando vio su foto y las de los otros 11 afectados
colocadas en carteles en los accesos de la compañía, donde se informaba sobre
la decisión contra ellos.
“Fuimos expuestos al escarnio
público. También fue como una advertencia para el resto de los trabajadores
objeto de continuas amenazas de la directiva de la empresa y lo más lamentable
es que la dirigencia sindical, en lugar de defender los derechos de los
trabajadores, se dedica a ser esquirol porque quiere perpetuarse en los
cargos”, destacó Gutiérrez.
En las cartas de despido, la
empresa de transporte masivo alega como causa de la medida que los empleados
mostraron “falta de probidad y conducta inmoral en el trabajo”, acusación que
los afectados desmienten.
Gutiérrez resaltó que el
procedimiento de despido está viciado y es ilegal porque contraviene el decreto
de inamovilidad laboral del Ejecutivo. Apuntó que entre los botados están un
conductor de Metrobus con 25 años de servicio y en reposo médico, por presentar
una enfermedad ocupacional, y otro empleado que al momento del despido se
hallaba de permiso funerario.
Los despedidos acudieron al
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, Provea.
Condicionan citas médicas
Los organismos de la
administración pública centralizada y descentralizada decidieron condicionar
los días de permiso para ir al médico por chequeo y enfermedad con la
asistencia de los trabajadores a las marchas y otros actos proselitistas del
gobierno, advirtieron funcionarios que solicitaron no mencionar sus nombres.
“Cuando fui a pedir un día de
permiso para hacerme exámenes urgentes, ordenados por el médico, el jefe me lo
negó con el argumento de que no había participado en el operativo, como ellos
llaman a las concentraciones de respaldo al gobierno”, contó un funcionario de
un ministerio.
Otro trabajador narró que al
personal del organismo le comunicaron que “por la asistencia a la marcha daban
a cambio el día que por número de cédula les correspondía para hacer la cola en
el supermercado para comprar alimentos a precio regulado”.
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