Al permitir que los comercios
vendan alimentos a precio de mercado, el gobierno del presidente Nicolás Maduro
comenzó a desmantelar los controles de precios, un importante cambio de
política que busca calmar la amplia agitación social. Sin embargo, esto está
empeorando la ya elevada inflación del país.
Lo que comenzó en marzo como un
experimento limitado en el estado Zulia, en la frontera con Colombia, se ha
extendido a otros seis estados fronterizos, según gobernadores del partido
oficialista y entrevistas con dueños de supermercados y compradores. Uno de los
gobernadores dice que se preparan planes para expandir el programa a Caracas,
donde recientemente se produjeron disturbios por alimentos cerca del palacio
presidencial.
“No había nada y ahora hay de
todo”, dijo Jesús Barrios, de 36 años, mientras compraba en Maracaibo, la
capital de Zulia.
“El gobierno trajo la comida para
que nos quedáramos tranquilos, porque el hambre tumba gobiernos”, afirmó Fidel
Suárez, un contador de Maracaibo, donde decenas de tiendas fueron saqueadas en
abril.
Maduro y sus ministros no han
discutido la política en público y el aparato de medios estatales en Caracas no
ha informado al respecto. Llamadas al regulador de precios, la presidencia y
los ministerios de Alimentación e Información en busca de información no fueron
devueltas. Las leyes y los decretos que fijan los precios de los alimentos y
prohíben las transacciones libres con divisas extranjeras no han cambiado, lo
que hace que las compras bajo el nuevo sistema sean técnicamente ilegales.
Los funcionarios que presionaron
por los cambios en las provincias dicen que lo hicieron porque la gente está
desesperada.
“Hicimos una consulta al
presidente de la república en vista de que los anaqueles estaban vacíos y la
gente pidiendo”, dijo a un periódico local Francisco Arias Cárdenas, gobernador
de Zulia, hace ya varias semanas.
El fin de los controles de
precios ha comenzado a aliviar la escasez crónica que había llevado a más de la
mitad de las familias venezolanas a saltarse comidas, según encuestas
recientes. En las ciudades en las que se han levantado los controles,
incluyendo Maracaibo y Puerto Ordaz, se han acortado las largas filas de
compradores que se formaban fuera de cada tienda. Los saqueos de supermercados
y camiones de alimentos, algo que sucedía a diario hace apenas unos meses,
habían bajado un tercio en agosto desde su punto más alto de mayo, según el
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, una organización sin fines de
lucro.
El lado negativo para los venezolanos
es un tremendo aumento de los precios, a veces de hasta 20 veces el precio
regulado. Esto está alimentando aún más una inflación que el Fondo Monetario
Internacional predice que subirá en 500% este año, la mayor del mundo.
Esta semana en el supermercado
privado De Candido en Maracaibo, un paquete de un kilo de arroz que se vende
por el equivalente a 12 centavos de dólar bajo los controles de precios costaba
US$2; una bolsa de un kilo de azúcar, que se vendía a unos 40 centavos de dólar
con controles, valía US$3,50.
Hace seis meses, cientos de
compradores rompieron las ventanas y puertas del supermercado para quedarse con
los escasos productos con controles de precios después de una entrega. El
jueves, en cambio, unas pocas decenas de compradores recorrían calmadamente los
pasillos llenos de productos colombianos, mientras 12 cajeros esperaban.
“Al menos puedo llegar, entrar y
comprar así sea caro”, contó Ana Atencio, una enfermera que fue a la tienda
después de su turno para comprar un poco de azúcar para la leche de su bebé.
“Antes no podía ni asomarme por la cola y la gente peleando”.
Sin embargo, comprar esa bolsa de
azúcar le costará casi un cuarto de su salario mensual.
Al otro lado del país, Gisela
Lares solía acampar fuera de las tiendas en Puerto Ordaz para comprar
alimentos, a veces amamantando a su bebé mientras hacía fila. Luego vinieron
las importaciones brasileñas.
“Buscaba lo que fuera, lo que
vendieran (...) hasta salía cuando estaba oscuro a hacer la cola”, dijo. “Desde
hace dos meses, no he hecho cola”.
Las fuerzas armadas, que desde
hace tiempo controlan la distribución de alimentos, traen los productos
extranjeros usando barcos, aviones de carga y camiones en convoy. En el estado
Bolívar, al oriente del país, el director del distrito militar regional dijo
que ha desplegado cerca de 10.000 soldados para proteger los camiones de
alimentos durante el viaje de 8 horas desde la frontera brasileña.
Las importaciones de alimentos de
Brasil “nos permitió bajar las tensiones de cualquier pueblo que no tiene dónde
ir a adquirir sus alimentos”, señaló hace poco Francisco Rangel Gómez, el
gobernador de Bolívar.
A medida que pone fin a los
controles de precios en las provincias, el gobierno también está mostrando
favoritismo al entregar alimentos subsidiados a aquellos leales al partido
oficialista. Cerca de 15% de las familias venezolanas reciben una bolsa
plástica llena de productos cada 45 días, dicen funcionarios y encuestadores.
Aún no está claro cuántos se
beneficiarán con los alimentos importados. La inflación ha hecho que la divisa
sea casi inútil, llevando incluso a los profesionales a ganar el equivalente de
US$100 mensuales. La canasta familiar costaba US$380 al mes en el mercado negro
en agosto, según el instituto de investigación laboral Cenda.
Aun así, el gobierno planea
expandir su experimento a la capital, según indicó recientemente el gobernador
del estado Táchira, José Vielma, a la prensa, agregando que Maduro le había
encargado esa tarea. Los controles de precios están siendo desmontados en la
mayoría de estados, dijo Vielma.
“He mandado a unos funcionarios
de la gobernación a que hagan lo propio (comprar alimentos) en mi nombre en
Panamá, República Dominicana, Estados Unidos y Colombia”, aseveró.
El desmantelamiento de los
controles ya golpea a los operadores del mercado negro que han estado
revendiendo a precios inflados productos obtenidos a valores fijados por el
gobierno.
Los distribuidores privados están
importando los alimentos usando ahorros canjeados por dólares en el mercado
negro, lo cual es ilegal pero es tolerado por los funcionarios, dijo Asdrubal
Oliveros, quien sigue de cerca las políticas del gobierno como director de la firma
de investigación Ecoanalítica, con sede en Caracas.
Entre enero y junio, la mitad de
todas las importaciones privadas fueron financiadas con dólares obtenidos a la
tasa del mercado negro, frente a un cuarto en el mismo período de 2015, según
Ecoanalítica.
—Mayela Armas en Caracas, María
Ramírez en Puerto Ordaz y Sheyla Urdaneta en Maracaibo contribuyeron a este
artículo
Publicar un comentario