Para Ontiveros, “todo iba muy bien” hasta que García se vio manejando la empresa y “procedió a traicionar la confianza absoluta que le dimos”.
Dos comisiones del Parlamento venezolano investigan al exmagistrado Marco Tulio Dugarte por lavado de dinero y apropiarse de activos de una firma constructora y 14 propiedades
Salieron a la luz pública nuevas pruebas que demostrarían la existencia de un plan trazado por un exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela y un supuesto testaferro para quedarse con activos de la empresa Constructora Edivial, y parte de las propiedades de uno de sus megaproyectos, creando un ambiente cada vez más turbio en torno a ese caso.
La extraña maniobra involucraría de manera directa al exmagistrado Marco Tulio Dugarte y a una persona identificada como César García Urbano Taylor, presunto testaferro del primero, estando en juego una suma superior a los 4 millones de dólares de una cuenta en Suiza, en una supuesta acción de lavado de activos, dinero que se habría invertido en uno de los proyectos de la firma para luego, según los denunciantes, quedarse con la titularidad de la misma.
Según documentos en poder de Rafael Ontiveros, uno de los dueños de esa empresa, radicado en Miami, 14 propiedades del proyecto El Rosal 702, hoy culminado en Caracas, pasaron a manos de familiares y parientes de Dugarte utilizando los servicios de una notaría a nombre de la madre de quien sería el testaferro en esta operación ilícita.
“Actiempresas, una firma que los denunciados crearon mediante documentos presuntamente forjados que ya están en poder de las autoridades, logró la titulación de propiedades por más de 2.5 millones de dólares en una notaría ubicada en un pueblo llamado Río Chico, a dos horas de Caracas”, explicó Ontiveros.
Y se preguntó: “¿No le parece extraño que existiendo tantas notarías en Caracas estas personas hayan hecho todos los trámites de titulación fuera de la capital, en un pueblo tan lejano, y precisamente en la notaría de la madre del señor César García Urbano?”.
Ontiveros mostró copias de los documentos de traspaso de Actiempresas a los beneficiarios, entre quienes figuran hijos, familiares y amigos cercanos del exmagistrado Dugarte. “Lo que estamos buscando es que se esclarezca cómo el exmagistrado y sus hijos, un yerno y otras personas cercanas a él se convirtieron en los propietarios de esos 14 apartamentos”.
El caso es investigado en la Comisión de Contraloría y la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de Venezuela, y el abogado Antonio Sánchez actúa como denunciante de estos hechos que afectaron a los hermanos Humberto, Ricardo y Enrique Padrón, y Rafael Ontiveros, propietarios de Constructora Edivial C.A.
En años recientes, la Justicia venezolana produjo el allanamiento de las oficinas y detención de William Dugarte, posible familiar del exmagistrado, acusado del montaje de una notaría paralela con la aparente colaboración de la esposa de Dugarte, abogada que también estuvo detenida por 9 meses.
La denuncia
En el contenido de la denuncias formuladas ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y ante la Comisión de Política Interior, además de los nombres del exmagistrado Marco Tulio Dugarte Padrón y el de César García Urbano Taylor, se reseña el de Alejandro Rivero Romano, representante de la firma Actiempresa 2006, quien sería ahijado y otro presunto testaferro del exalto funcionario judicial venezolano.
En la reclamación se menciona como afectados a los hermanos Humberto, Ricardo y Enrique Padrón, junto a su socio Rafael Ontiveros, ingenieros de profesión y copropietarios de la firma Edivial C.A., radicados actualmente en el estado de la Florida, Estados Unidos, y quienes demandan el reconocimiento de sus derechos como propietarios de la compañía y los dividendos obtenidos en un par de proyectos millonarios.
Entre los apartes más sobresalientes de la denuncia destaca una solicitud para justificar la existencia de una cuenta con 4 millones de dólares a nombre de César García Urbano Taylor, su relación con el exmagistrado Dugarte Padrón y cómo este último logró pasar de una humilde vivienda a una lujosa mansión.
Versiones extraoficiales indican que el exmagistrado Dugarte vivía alquilado en un apartamento en el barrio El Marqués, y de allí salió a radicarse en una mansión en La Lagunita, en Caracas. También tendría un yate de 100 pies, uno de los más grandes del país, valorado en varios millones de dólares.
Otro paso en la operación
El exmagistrado Marco Tulio Dugarte y César García –dijo Ontiveros– habrían tratado de “blindar” el despojo mediante la falsificación de un documento notariado el 16 de diciembre de 2010 que les cedía y traspasaba todo lo relacionado con la construcción y venta del edificio Torre Las Mercedes 711, en Caracas, ahora Torre SMA.
En ese documento aparecen las supuestas firmas de los ingenieros Humberto y Enrique Padrón, como socios de Edivial, quienes no solo aseguran no haberlo firmado nunca, sino que el primero de ellos habría estado fuera del país en la fecha que aparece en el papel, según pruebas de salida del 5 de noviembre de 2010 y de entrada del 4 de enero de 2011.
En el pasaporte de Humberto Padrón hay constancia de esa salida y regreso al país en las fechas señaladas y, además, para efectos de instaurar la denuncia, el documento de viaje se encuentra apostillado por las autoridades consulares venezolanas y norteamericanas.
El documento que cede derechos a los denunciados fue notariado en el Registro Público de los municipios Páez, Andrés Bello y Pedro Gual, donde se encuentra la notaría de Rio Chico, que maneja la madre de César García, Isabel Josefina Urbano Taylor, pero no aparece su firma sino la del suplente Francisco Manuel Caramo.
Obligados a dejar Venezuela
Ontiveros reiteró que “nosotros [los dueños de Edivial] tuvimos que dejar Venezuela por la intervención de nuestra empresa por parte del Gobierno durante el año 2010 en la campaña en contra de los constructores privados”.
Agregó que “tuvimos [antes de huir del país] muchos compradores e inversionistas satisfechos, que repitieron comprando nuevamente apartamentos o invirtiendo en varios proyectos, y uno de esos inversionistas fue César García [supuesto testaferro del exmagistrado Dugarte], quien nos compró inicialmente un apartamento en un proyecto nuestro en El Rosal”.
Según Ontiveros, García ofreció los fondos para la compra de un terreno a cambio de una cantidad de metros cuadrados de oficinas que se iban a construir en uno de los proyectos. “Nosotros le pedimos una prueba de fondos para hacer una oferta firme, y nos mostró que disponía de recursos económicos, por lo que procedimos a sacar adelante ese proyecto”, aseguró.
El exmagistrado Dugarte
Acorde con Ontiveros, al pasar el tiempo César García les informó que quien estaba detrás de su dinero era el magistrado Marco Tulio Dugarte, hoy exmagistrado, ya que lo hicieron renunciar en diciembre pasado con otros 12 altos funcionarios.
“El negocio ya no se podía echar para atrás porque estaba formalizado y cerrado entre las partes. Además, pensamos que ellos sabrían lo que hacían, y que esto con nosotros era otra negociación, muy clara por lo demás”, subrayó.
De acuerdo con las palabras del accionista de la firma Edivial C.A., cuando el Gobierno interviene la empresa el supuesto testaferro del exmagistrado Dugarte les solicitó a los socios dejarlo a cargo de un proyecto en ejecución.
“Estábamos en grave peligro, y él lo sabía, pero no nos podía decir nada sobre eso, y al hacerse cargo de la obra, antes de nuestra salida del país, también le dejamos toda nuestra estructura y personal, y la obra con más de un 50% de avance. Por la gran presión sobre nosotros, le firmamos un documento entregando las acciones y a cambio nos entregó un contradocumento”, señaló.
Para Ontiveros, “todo iba muy bien” hasta que García se vio manejando la empresa y “procedió a traicionar la confianza absoluta que le dimos”. Los accionistas de Edivial y García habían acordado, según Ontiveros, que se respetaría la inversión en efectivo realizada por los socios originales y los aportes como empresa, más la utilidad que dejara el negocio hacia el futuro.
Asimismo dijo que sus socios y él estuvieron más de cuatro años tratando de recuperar las inversiones económicas realizadas mediante el diálogo y desde hace dos años contrataron a varios abogados que plantearon la necesidad de accionar a través de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y de la Comisión de Política Interior, además de los tribunales penales.
Fuentes Diario LasAmericas
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