Se está en presencia de “el madurazo”
No ha habido semana, en los
últimos meses, en la cual el presidente venezolano Nicolás Maduro no denuncie
públicamente un intento de golpe de Estado en contra de su gobierno. Ninguno ha
ocurrido realmente hasta ahora. Sin embargo, lo que sí ha tenido lugar en
Venezuela, diríamos que en cámara lenta, es un golpe desde el Estado, que ha
tenido como guinda el anuncio presidencial -este 4 de octubre- de que no habrá
elecciones en este país ni en 2016 ni en 2017.
La no realización de elecciones,
bajo la excusa de que la prioridad es enfrentar la crisis económica, es un
asunto que viola a todas luces la letra constitucional. No es la primera vez,
en verdad, que se incumple de forma flagrante con la constitución de 1999, tan
golpeada por el régimen de Maduro, en especial durante este año 2016, en el que
se ha profundizado el descontento popular contra el “hijo político” de Hugo
Chávez, como suele llamarse a sí mismo el presidente venezolano.
En 2016 debían ocurrir dos
consultas electorales. La primera, las elecciones regionales para escoger a los
gobernadores de los estados (provincias) deberían tener lugar en diciembre de
2016. La constitución es muy clara en señalar que los gobernadores deben ser
electos por voto popular cada cuatro años y la última vez que se votó por estos
cargos fue justamente en diciembre de 2012.
La tesis de Maduro es que la
prioridad para el país es resolver la crisis económica que agobia a Venezuela
(crisis que por otro lado el propio régimen fomentó con su política de
controles y de expropiaciones al sector productivo). Esto ya había sido
adelantado por el diputado del gubernamental Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV), Pedro Carreño, quien incluso llegó a decir el 21 de
septiembre que la elección de gobernadores regionales no era una prioridad para
el país.
Por su parte, el Consejo Nacional
Electoral ha guardado completo silencio sobre estas elecciones. El ente
electoral, cuya directiva está en una proporción de 4-1 a favor del chavismo,
sencillamente no ha dicho nada, es como si estos comicios no existiesen.
La otra consulta latente para
este año es el referendo revocatorio para poner fin anticipado al período
presidencial de Nicolás Maduro (2013-2019). En este caso el ente electoral ha
aplicado lo que en Venezuela se conoce popularmente como una operación
“morrocoy” (una tortuga terrestre de patas rojas que se caracteriza por su
lentitud). De acuerdo con las estimaciones de expertos, los lapsos para
realizar esta consulta se han alargado indebidamente por más de 140 días.
Dos ejemplos sobre estas
dilaciones y obstáculos.
Entre el 26 y 28 de octubre está
prevista la recolección del 20 por ciento de voluntades para que finalmente se
le ponga fecha a la consulta. Se van a colocar sólo 30 por ciento del número de
máquinas requeridas, con lo cual se generarán cuellos de botella; y luego el
CNE se tomará 17 días para desmontar las máquinas biométricas y recopilar las
actas, cuando se trata de un proceso justamente automatizado.
El ente electoral ha postergado todo
lo posible el proceso y sólo sería el 2 de diciembre cuando daría la fecha para
el referendo, pero ya ha dicho que habrá 90 días entre el anuncio y la
realización de la consulta. Tentativamente sería el 2 de marzo de 2017, con lo
cual el chavismo estaría burlándose del descontento popular, ya que según la
firma de opinión pública Datanálisis el 75 por ciento de los venezolanos
votaría en contra de Maduro en un referendo.
Si esta consulta se hace en 2016
habría nuevas elecciones presidenciales. Si se hace en 2017 el mandato
presidencial lo culminaría (una vez que Maduro deje el poder) el vicepresidente
ejecutivo, un cargo de confianza del jefe de Estado. En este punto el chavismo
si se apega fielmente a lo que dice la constitución.
Ha sido Maduro, y no el órgano
electoral, quien ha dicho que no habrá elecciones en Venezuela ni en este 2016
ni en 2017 (el año entrante deberían realizarse elecciones municipales para
escoger alcaldes).
Se está en presencia de un golpe
en varios sentidos: se viola el derecho a escoger autoridades por parte de los
ciudadanos; se irrespeta abiertamente la independencia de poderes, y es una
señal clara -políticamente- de que el chavismo maneja la institucionalidad y el
Estado de derecho como una plastilina, amoldándola según su conveniencia.
Hay otras señales del golpe desde
el Estado que viene ocurriendo en cámara lenta en Venezuela, ante la mirada
impasible de la comunidad internacional.
El presupuesto de la nación de
2017 no será presentado ante la Asamblea Nacional (el parlamento dominado ahora
por la oposición democrática) lo cual es otra violación de la letra
constitucional; se mantienen las detenciones políticas sin que haya ninguna
orden judicial previa y colocando a los presos en situaciones violatorias de
sus derechos fundamentales. Sobre esto último un ejemplo: el exlíder
estudiantil Yon Goicochea fue arrestado a fines de agosto y su primer mes en
prisión no vio la luz el sol y se le impidió a sus abogados reunirse con él
durante casi dos semanas.
Con menos resonancia pública
internacional de la que tuvo “el fujimorazo”, décadas atrás cuando el entonces
presidente peruano Alberto Fujimori dio un golpe desde el Estado para anular al
Congreso de su país, en Venezuela hoy -como lo ha señalado el politólogo Piero
Trepiccione- se está en presencia de “el madurazo”, otro golpe de Estado desde
el poder.
*Andrés Cañizález es analista e
investigador titular de la Universidad Católica Andrés Bello.
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Andrés Cañizalez