El fallo del juez Crotty refuerza el caso de la fiscalía, el cual incluye las supuestas confesiones de una compleja conspiración para introducir cocaína de contrabando en Estados Unidos.
En un fallo de 2 páginas, el juez
de distrito federal Paul Crotty del Distrito Sur de Nueva York falló el
miércoles que las confesiones de los primos Efraín Campo y Francisco Flores a
agentes de Administración para el Control de Drogas (DEA) han sido tomadas en
cumplimiento con las leyes de Estados Unidos. La tía de Campo y Flores está
casada con el presidente venezolano Nicolás Maduro.
“[El agente especial] González
testificó de modo creíble que cada uno de los acusados leyó los formularios de
derechos Miranda en español, cada uno de ellos indicó haber entendido, y luego
ambos firmaron”, escribió Crotty en su fallo, refiriéndose al agente de la DEA
que recibió las confesiones. “El señor Campo Flores comentó incluso cuando se
le preguntó si entendía el formulario que él era abogado”.
El dramático fallo es una
victoria significativa para la fiscalía federal, la cual parecía en una
posición débil luego de que una audiencia de dos días el mes pasado provocó
cuestionamientos sobre si las llamadas confesiones voluntarias habían sido
coaccionadas en realidad, y si dos de sus fuentes confidenciales principales
eran creíbles.
Campo, de 29 años, y Flores, de
30, han sido encausados por conspiración para entrar de contrabando 800
kilogramos de cocaína a Estados Unidos en este caso de carga política, el cual
provoca cuestionamientos sobre el papel de la élite de Venezuela en el
contrabando de narcóticos. Se espera que el juicio comience el 7 de noviembre.
La administración de Obama, la
cual dijo que el gobierno venezolano ha “fallado de forma demostrable” en
cumplir con acuerdos internacionales antinarcóticos, ha aumentado sus medidas
en contra de supuestos traficantes en los círculos gobernantes de Venezuela,
incluyendo al ministro de justicia venezolano, el general Néstor Reverol.
Maduro ha calificado de
“conspiración” los cargos de droga presentados por Estados Unidos. Su esposa,
Cilia Flores, es abogada y miembro de la Asamblea Nacional. Ella ha acusado a
los agentes del gobierno de Estados Unidos de secuestrar a sus sobrinos.
El fallo del juez Crotty refuerza
el caso de la fiscalía, el cual incluye las supuestas confesiones de una
compleja conspiración para introducir cocaína de contrabando en Estados Unidos.
De acuerdo con las confesiones,
Campo dijo que ellos planeaban conseguir la cocaína de manos de los rebeldes
colombianos. Al preguntarles por qué se había involucrado en el asunto, Flores
dijo: “Para hacer dinero”, de acuerdo con documentos de la fiscalía. Flores
dijo que el acuerdo era por un valor de $5 millones, de los cuales él esperaba
recibir $560,000.
“Campo dijo además que él podía
haber sacado las drogas del aeropuerto con mucha facilidad gracias a quién él
es y al acceso que él tiene al aeropuerto”, escribieron agentes de la DEA en un
informe que detallaba la supuesta confesión. El aeropuerto al que se refieren
es el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, en las afueras de
Caracas.
Pero en la audiencia de dos días
celebrada el mes pasado, los abogados de la defensa revelaron serios problemas
de credibilidad en el caso de dos de las fuentes confidenciales clave de la
fiscalía, quienes ayudaron a llegar a un acuerdo con los acusados para entrar
la cocaína de contrabando. Y la fiscalía federal todavía no tiene pruebas
contundentes que vinculen a los sobrinos con la presidencia.
La defensa alegó que las fuentes
confidenciales destruyeron pruebas que podían haber ayudado en el caso,
incluyendo grabaciones donde ellos explicaban que “no tenían la capacidad ni la
habilidad para ejecutar” los planes. Campo y Flores dijeron que habían sido
“entruchados” por los informantes, quienes los contrataron para hablarles de un
lucrativo negocio de narcóticos, y que los informantes habían dicho que ellos
suministrarían los aviones, la cocaína y el comprador.
Con su fallo, el juez Crotty está
diciendo en esencia que permitirá que el jurado determine la credibilidad de
las confesiones y las grabaciones.
Nadie disputa que la destrucción
de evidencia es un cargo serio, escribió Crotty.
“Pero eso no es lo que pasó
aquí”, escribió. “Las grabaciones no faltan porque las fuentes confidenciales u
otra persona las haya destruido, sino porque nunca fueron hechas”.