Este miércoles, el TSJ anunció que su Sala Constitucional revisará el presupuesto nacional que presente el gobierno, lo cual correspondía a los diputados.
Grupos de opositores se
concentran en los 1,356 puntos de recaudo de firmas establecidos por el Consejo
Nacional Electoral (CNE) para que acudan, del 26 al 28 de octubre, a firmar los
venezolanos que piden el referendo.
En el simulacro, la coalición
opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) motiva a los electores con el
objetivo de superar ampliamente los cuatro millones de rúbricas (20% del padrón
electoral) que exige la ley para llamar a la consulta.
“Nos estamos organizando porque
tenemos que lograr más del 20%. El gobierno está haciendo todo para impedirlo.
Si sacamos siete u ocho millones le estaremos diciendo a Maduro que queremos un
cambio inmediato. Así se evitaría mayor daño al país”, declaró Ismael Dacorte,
un abogado de 51 años, en el colegio La Consolación, uno de los puntos de
concentración.
La MUD pretende que lo que llaman
el “firmazo” se convierta simbólicamente en una suerte de revocatorio contra
Maduro, ante la severa crisis económica que angustia a los venezolanos por la
escasez de alimentos y medicinas, y una elevada inflación que el FMI proyectó
en un 475% para este año.
“En dos semanas seremos millones
de venezolanos que vamos a exigir ese camino constitucional para cambiar al
gobierno. Revocar a Maduro es revocar la crisis”, declaró el excandidato
presidencial Henrique Capriles.
Pero como es habitual, el
chavismo organizó en respuesta una concentración en Plaza Venezuela, en el
centro de Caracas. No se confirmó aún si será encabezada por el presidente,
quien regresó en la madrugada de este miércoles de un viaje en Turquía.
“Venimos a apoyar a la revolución
y a Maduro aunque haya adversidades. Dándole la espalda, no vamos a solucionar
nada”, aseguró Darwin Arroyo, un joven que caminaba rumbo a la manifestación
del chavismo.
Las concentraciones se realizan
en medio de advertencias de la MUD de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
-al que la oposición acusa de aliado del chavismo, al igual que al CNE-,
estaría a punto de emitir una sentencia para frenar el proceso del revocatorio.
Pese a que el CNE ya anunció que
el referendo se realizará en febrero o marzo -si se reúnen las cuatro millones
de firmas-, la MUD insiste en que se haga este año porque si Maduro pierde
habrá que llamar a elecciones anticipadas, pero si queda para 2017, y es
revocado, su vicepresidente debe terminar su periodo hasta 2019.
“Anular el referendo revocatorio
sería como intentar desactivar una bomba de tiempo arrojándole una granada”,
opinó el analista Luis Vicente León, presidente de la firma encuestadora
Datanálisis.
Desde que la oposición asumió la
mayoría en el Parlamento, por primera vez en 17 años de chavismo, tras un
aplastante “voto castigo” en los comicios de diciembre, el TSJ ha anulado todas
las decisiones legislativas.
Este miércoles, el TSJ anunció
que su Sala Constitucional revisará el presupuesto nacional que presente el
gobierno, lo cual correspondía a los diputados.
“Eso es una grosería más, esa es
una sala delincuencial. Y hay otras dos sentencias que tienen en cartera:
paralizar el revocatorio y quitar la inmunidad parlamentaria”, declaró a la
prensa el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup, en el colegio La
Consolación.
El oficialismo ha presentado una
serie de demandas judiciales contra la convocatoria del referendo, argumentando
que la oposición cometió “fraude” en el proceso del revocatorio.
“Quieren pararlo antes de la
recolección de firmas porque le tienen terror (…) Hoy venimos pacíficamente a
defender nuestro derecho a revocar al peor gobierno que ha tenido Venezuela en
su historia republicana”, aseguró Ramos Allup.
“El revocatorio ha sido la
contención para que en Venezuela no haya un estallido social. Si matan el
revocatorio, acabarán también con la ya destruida democracia que tenemos”,
aseguró Capriles.
Según la firma Venebarómetro,
siete de cada diez venezolanos quiere un cambio de gobierno y 76,4% reprueba la
gestión de Maduro.