El texto publicado por el diario español sostiene que la decisión del Poder Electoral es un "auténtico fraude de ley". También critica el horario y el número de máquinas aprobadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para llevar a cabo la recolección en firmas de 20% del registro electoral
Tras la decisión del CNE de
descartar la realización del referéndum revocatorio en contra del presidente
Nicolás Maduro este año, medios internacionales han coincidido en que los
poderes públicos de Venezuela están al servicio del Estado. En esta ocasión, el
diario español El País se refirió en su editorial las violaciones a la ley que
esto supone.
El texto titulado "Maduro
hace trampa" sostiene que la decisión del Poder Electoral es un
"auténtico fraude de ley". "Las instancias administrativas
controladas por el oficialismo venezolano han demorado injustificadamente todas
y cada una de las fases previstas en la legislación —creada, por cierto, por el
propio Hugo Chávez", reseña El País.
En el editorial del diario
español también se toca el tema del horario y el número de máquinas aprobadas
por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para llevar a cabo el proceso de 20%.
"Miles de personas se
quedarán sin poder rubricar la demanda convocatoria aunque quieran hacerlo. De
esto son perfectamente conscientes Maduro y el Consejo Nacional Electoral
controlado por el chavismo", agrega el texto.
Aquí el editorial completo:
El régimen venezolano está
demostrando por la vía de los hechos su nula disposición a encontrar una salida
dialogada a la gravísima parálisis institucional que golpea a Venezuela y que
está generando una profunda fractura social de consecuencias imprevisibles.
La decisión de celebrar —en el
caso de que finalmente pueda organizarse— el referéndum revocatorio sobre la
figura de Nicolás Maduro más allá del 10 de enero del año que viene supone que,
sea cual sea el resultado, el chavismo seguirá en el poder por los menos hasta
2019. Se trata de un auténtico fraude de ley: las instancias administrativas
controladas por el oficialismo venezolano han demorado injustificadamente todas
y cada una de las fases previstas en la legislación —creada, por cierto, por el
propio Hugo Chávez— para evitar que en el caso de que Maduro pierda el referéndum,
el chavismo no tenga más remedio que aceptar la voluntad popular y abandone el
poder.
Maduro ya ha dado sobradas
muestras de que una cosa es defender al pueblo en las soflamas lanzadas en sus
alocuciones y otra bien diferente es acatar el mandato popular. Mientras a lo
primero siempre está dispuesto, a lo segundo se niega sistemáticamente. El
desprecio y el ninguneo con que el mandatario venezolano y sus colaboradores
tratan a la Asamblea Nacional Venezolana —es decir, a la representación
legítima de la soberanía elegida en las urnas— no es solamente una cuestión de
falta de la más elemental cortesía política, sino que constituye un inexcusable
ataque contra el normal funcionamiento de una democracia. El poder Ejecutivo no
puede gobernar a golpe de decreto como si el Legislativo no existiera. Eso es
algo que sucede en las dictaduras, e incluso muchas de estas guardan
mínimamente las formas.
Pero además, en el caso del
revocatorio, hay elementos que constituyen una verdadera burla tanto a la ley
como a quienes legítimamente abogan por la consulta. Los tres días de plazo
otorgados a la oposición para volver a obtener un número necesario de firmas
—el 20% del censo electoral total, alcanzando además el 20% del censo de cada
una de las provincias— con un horario hábil absolutamente ridículo (de ocho de
la mañana a doce del mediodía y de una a cuatro de la tarde) y un número
totalmente insuficiente de máquinas verificadoras de identidad suponen que
miles de personas se quedarán sin poder rubricar la demanda convocatoria aunque
quieran hacerlo. De esto son perfectamente conscientes Maduro y el Consejo
Nacional Electoral controlado por el chavismo. Las encuestas señalan que unos
10 millones de venezolanos están dispuestos a votar por la destitución del
mandatario, que recibiría el apoyo de unos tres millones de sus
correligionarios.
Llegados a este punto, sería
deseable que la mediación internacional, como la apadrinada hasta ahora por
UNASUR con figuras como Ernesto Samper, Martín Torrijos y José Luis Rodríguez
Zapatero, u otras, lograra que el régimen liberara a los presos políticos y
permitiera la celebración en tiempo y forma del revocatorio, evitando así el
callejón sin salida al que la frustración política y la carestía económica
están conduciendo al país.
Fuente: EL NACIONAL WEB