La reaparición de la difteria en Venezuela, en el estado Bolívar y en este momento histórico (luego de 24 años de erradicada) no es un hecho aislado. Es la consecuencia de una cadena de descontroles sanitarios del Gobierno nacional y regional, que van desde la corrupción en las empresas del Estado encargadas de la producción de vacunas -lo cual devino en escasez y falta de inmunidad en la población- y el ocultamiento de los casos que se venían registrando en el estado Bolívar desde abril, en lugar de una respuesta oportuna al brote de la enfermedad.
De 1992 data el último caso que, en Venezuela se conocía.
Respetando los tiempos verbales, ahora lo correcto es decir que databa. Pues,
según el mismo gobernador, en la región hay trece casos, cinco de ellos,
mortales.
No es el mismo registro que tienen los especialistas del
Pediátrico Menca de Leoni, quienes afirman que desde abril han muerto por
difteria 17 niños: 12 en Sifontes y cinco en Caroní. El ministerio lo sabía.
¿Para qué ocultarlo? En una reunión el jueves pasado con
médicos de Caroní, la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización del
Ministerio del Poder Popular para la Salud, Marisol Escalona, confirmó las
muertes y, al mismo tiempo, alertó al respecto: no se podía hablar sobre el
caso para no dañar la imagen del gobierno. O, en palabras más textuales, para
no dañar la revolución.
Pero mientras Escalona trata de cuidar al proceso, los casos
con síntomas de difteria abarrotaron el miércoles el hospital pediátrico hasta
colapsarlo. Al punto de que su directiva decidió cerrarlo ante la cantidad de
casos, y con ello, evitar un mayor riesgo de contagio masivo.
Las sospechas y la incertidumbre aumentan en la población,
que ante esta realidad acuden en estampida a los ambulatorios para recibir la
vacuna contra la enfermedad. Si a esto se le aúna los planes de vacunación
escolar anunciados el lunes por Rangel Gómez, y la jornada masiva de
inmunización en la población de Tumeremo, de la que informó ese mismo día el
alcalde de Sifontes, Carlos Chancellor, la ecuación resulta en un repunte de la
demanda de vacunas que, por cierto, comienzan a escasear.
Un logro por la borda
¿Cómo rebrotó la difteria? En Guaiparo, los médicos creen
que pudo venir importada de Brasil y se estacionó en una mina de Sifontes. Allí
hubo los primeros contagios que tomaron la zona del kilómetro 88 y, luego,
buena parte de Sifontes.
Hay ciertos contrastes. Justamente, en la memoria y cuenta
del año 2014 del ministerio, se habla de la vacunación de más de 8 millones de
personas y de 21 millones de dosis aplicadas. Entre ellas, toxoide tetánico y
diftérico.
Sin ir muy lejos, en junio, Marisol Escalona destacó la
“inversión extraordinaria que ha hecho el gobierno” desde 1999 hasta ahora en
cuanto a inmunización, y recordó los seis mil puestos de vacunación existentes
en todo el país. En ese momento, por cierto, ya conocía sobre la difteria y la
peligrosidad de sus alcances.
Escalona sustentaba sus afirmaciones, entre otras patas
flojas, con una pretendida productividad que tiene un nombre clave: Espromed
Bio. Si aún no le suena, se trata de la Empresa Socialista para la Producción
de Medicamentos Biológicos.
Una investigación de Gitanjali Wolfermann para el portal
Runrunes detalla que la empresa, creada en 2014, destaca la firma de varios
acuerdos con Dr. Reddy’s, un laboratorio indio investigado por adulteración de
medicamentos.
En detalle, uno de esos acuerdos (el segundo) tiene una meta
para 2016: “Impulsar la producción, comercialización y desarrollo de
medicamentos y productos biológicos para el fortalecimiento y consolidación de
la Soberanía Farmacéutica Nacional y el bienestar del pueblo venezolano”. Todo,
añade la periodista, por 532.467.642 bolívares.
Luego de los acuerdos, el proyecto Espromed quedó solo en
eso. Los médicos de Guaiparo resaltan en sus denuncias que, ciertamente, hay
una incongruencia entre las cifras del ministerio y la cantidad de vacunados.
Al menos, en el estado Bolívar, la difteria parece que vino a corroborarlo.
Los tentáculos de Cuba
El diputado Américo De Grazia, a propósito de las muertes
por difteria, denunció respecto a las vacunas que “hasta hace dos años eran
importadas desde EE UU y Francia. Podía ser suministrada en asistencia pública
o privada. Ya no. Ahora las vacunas contra la difteria las monopoliza y
suministra de modo exclusivo Cuba y solo en módulos públicos, favoreciendo la
exclusión”.
La conclusión es casi un abecé: “La reaparición de la
difteria en Venezuela, y de modo particular en Guayana, guarda relación con el
monopolio de la vacunas cubanas y la corrupción. El régimen monopoliza las
vacunas de la difteria con Cuba, restringe el mercado y favorece el
contrabando. Quien paga los platos rotos es el pobre”.
De hecho, todos los fallecidos son niños de zonas pobres de
Sifontes. Si se habla de los casos de Caroní, es lo mismo: de los de Guaiparo,
uno proviene de El Rosario y otro de Brisas del Sur.
El Ministerio de Salud garantizó que habrá vacunas para
todos los que la deseen. La realidad ha demostrado otra cosa: durante las
jornadas, muchos se han devuelto a sus casas sin las vacunas y se ven obligados
a madrugar de nuevo. Todo para tener algo de suerte y no morir en el intento.
Literalmente.