El régimen bolivariano de Caracas, que por años alardeaba de ser democrático por el alto número de elecciones que realizaba, cerró esta semana de un portazo el planteamiento de una salida electoral a la grave crisis que aflige a Venezuela, al introducir una serie de insuperables obstáculos a la realización de un referendo para revocar el mandato del gobernante Nicolás Maduro.
El régimen bolivariano de
Caracas, que por años alardeaba de ser democrático por el alto número de
elecciones que realizaba, cerró esta semana de un portazo el planteamiento de
una salida electoral a la grave crisis que aflige a Venezuela, al introducir
una serie de insuperables obstáculos a la realización de un referendo para
revocar el mandato del gobernante Nicolás Maduro.
En una decisión anunciada en la
noche del miércoles, Consejo Nacional Electoral (CNE) (controlado por el
oficialismo) presentó una serie de obstáculos muy difíciles de superar para la
realización de la consulta popular, y adelantó que en el supuesto de que la
oposición venezolana lograra superar esos escollos la consulta electoral ya
quedaría para después de marzo, lo que garantizaría la permanencia en el poder
del chavismo hasta el 2019.
“Este es el último atentado que
el establecimiento político realiza contra la soberanía y la constitucionalidad
en Venezuela”, manifestó desde Caracas el escritor y ex diputado Nelson Chitty
La Roche.
“No diré que es imposible, pero
si que ahora es muy, pero muy difícil, con lo que ha propuesto el Consejo
Nacional Electoral, que en esos tres días se puedan reunir, los cerca de cuatro
millones de firmas que los venezolanos han de asegurar para poder realizar el
revocatorio”, señaló.
Los partidos de oposición,
aglutinados bajo la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se encontraban el jueves
reunidos para forjar una posición ante el anuncio.
En su programa de radio, el
secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, dijo que los partidos de
oposición no permanecerán de brazos cruzados y que en las próximas horas
anunciarán una serie de iniciativas “de protestas masivas” para forzar al
régimen a realizar el revocatorio este año.
“No podemos aceptar una violación
de la Constitución, tampoco podemos enterrar el revocatorio […] y hacerle el
favor al gobierno de que ellos no tengan que pagar el costo político e
histórico de enfrentar esta situación”, sostuvo Torrealba, para luego asegurar
que la oposición enfrentará unida este escenario.
“Nosotros vamos a ganar y de
manera democrática. Métanse eso en la cabeza, señores del gobierno”, agregó.
La MUD pretendía que el referendo
se realizara antes del 10 de enero de 2017, pues si Maduro (2013-2019) pierde
habrá nuevas elecciones. En una fecha posterior, si el gobernante es derrotado,
el término presidencial lo concluirá su vicepresidente, a ser nombrado a dedo
por el propio mandatario.
Pero incluso si el referendo no
se hace este año, según analistas, la sola recolección de firmas impactaría al
gobierno en caso de que la participación sea abrumadora.
La MUD exigía que la recolección
del 20% de las firmas del padrón electoral fuera a nivel nacional, pero el CNE
decidió que ese porcentaje corresponda al registro electoral de cada estado.
Con un solo estado que no logre el mínimo, el proceso quedará invalidado.
Otro asunto clave era el número
de máquinas de identificación biométrica para el recaudo. El CNE aprobó 5,392
máquinas en función de cuatro millones de personas, pero la MUD pedía 19,500
para los 19 millones de electores.
“El verdadero corredor electoral
[donde reside el mayor número de venezolanos], aparecen discriminados [bajo el
plan del CNE]”, dijo Chitty La Roche, al señalar que en las principales
ciudades del país se estarían asignando un número extremadamente bajo de
máquinas.
“En Valencia, por ejemplo,
tendríamos que batir récord realmente para poder asegurar que en el dispositivo
que ha sido aprobado, los electores puedan votar a tiempo”, agregó.
El anuncio del CNE —que analistas
dijeron dejó nuevamente en evidencia el absoluto control que el chavismo ejerce
sobre el organismo electoral— pone fin a la tesis que estaba siendo planteada
por algunos sectores de la oposición de que el chavismo estaría dispuesto a
buscar alguna salida institucional al mandato de Maduro en vista del gran
descontento de la población y el colapso económico del país.
El chavismo está apostando a que
su aparato represivo va poder controlar el descontento, dijo desde Londres Diego
Moya-Ocampos, analista senior para América Latina de IHS Global Insight.
“El gobierno está cerrando la
posibilidad de una salida constitucional y democrática. Están decididos a
seguir intensificando su ola represiva, incluso si eso significa reprimir las
protestas de una manera brutal y eso incluye disparar contra una población
desarmada y el uso de grupos colectivos [paramilitares] para confrontar a
miembros de la sociedad civil, y aumentar las detenciones arbitrarias”, explicó
Moya-Ocampos.
“El gobierno está dispuesto ha
hacerlo todo para permanecer en el poder, y eso incluye quitarle a los
venezolanos el derecho al sufragio, que ahora está suspendido en Venezuela”,
agregó.
Maduro, cuyas probabilidades de
sobrevivir un revocatorio son virtualmente nulas, enfrenta un descontento
popular cada vez mayor, en momentos en que problemas de escasez y falta de
alimentos lleva a más del 60% de los venezolanos a comer menos de tres veces al
día.
Distintos portavoces del gobierno
habían descartado la realización de un revocatorio este año, alegando que la
oposición inició tardíamente los trámites. Fuentes cercanas al chavismo habían
explicado semanas atrás a el Nuevo Herald que la máxima cúpula del régimen
había tomado la decisión de no permitir que el referendo se realice este año.
Chitty La Roche resaltó que la
decisión del régimen termina por cerrar uno de los pocos caminos
institucionales que le quedaban al pueblo venezolano.
“Lo que está quedando es un
enorme y grosero espacio para la violencia. Lamentablemente, el objetivo de la
clase política gobernante es simplemente permanecer en el poder a cualquier
costo, que incluye comprometer ya definitivamente la paz social y la
convivencia bajo la constitucionalidad”, señaló.
Fuente: El Nievo Heral