El fiscal general de Nueva York,
Preet Bharara descubrió en el mes de abril de 2016 que era una sola persona la
que pagaba la costosa defensa de los sobrinos de Cilia Flores, Efraín Antonio
Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, acusados por los Estados
Unidos de conspirar para transportar 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos.
El nombre del empresario chavista Wilmer Ruperti pasó al conocimiento del
diligente funcionario y generó varias interrogantes.
Lo primero que hizo Bharara fue
solicitar a la corte la realización de una audiencia curcio, para tratar en
ella lo relacionado al conflicto de intereses que ocurre cuando un solo
individuo paga los abogados de dos acusados. Bharara advirtió que los primos
Flores debían entender las consecuencias de ese hecho. En aquella comunicación,
el fiscal estaba blindado en caso, ya que de llevarse a cabo el juicio y de ser
condenados los sobrinos presidenciales, los defensores podían acudir a una
corte de apelaciones para denunciar que los derechos constitucionales de los
defendidos habían sido violados por no advertirles sobre el conflicto.
Una fuente de la fiscalía nos
comentó que vendrían nuevos pasos sobre el tema del pago de la defensa, luego
de aquella audiencia realizada el 12 de mayo de 2016, cuando los Flores respondieron al
cuestionario del gobierno y donde ambos acusados confesaron al juez Paul Crotty
que Sí conocían quién les pagaba la defensa.
La Fiscalía al acecho
Es responsabilidad del gobierno
de los Estados Unidos investigar si es legítimo el origen de los fondos con los
que un tercero paga la defensa de un caso de narcotráfico, o si por el
contrario, y como ha ocurrido en múltiples ocasiones, el dinero proviene de la
misma actividad criminal por la cual la persona beneficiaria está siendo
juzgada.
El inusual cambio de abogados en
el caso de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana generó suspicacia
en las autoridades desde el mes de diciembre de 2015.
Desde su aprehensión, la fiscalía
neoyorquina ha recibido dos solicitudes formales para que se abra una
investigación sobre la naturaleza del dinero usado por los acusados para
costear la defensa, motivado a que existen suficientes indicios para intuir que
los recursos tienen origen ilegítimo, bien sea porque provienen de negocios del
tráfico de drogas u de una organización delictiva ilegal, o sean el fruto de la
malversación de fondos públicos del Estado venezolano.
Tras la confesión del mismo empresario chavista Wilmer Ruperti de ser él el benefactor que corre con los costosos gastos de los honorarios profesionales de los dos bufetes, se abre una variedad de posibilidades para que la fiscalía concrete una averiguación sobre el origen del dinero que reciben los muy habilidosos defensores de los primos Flores.
Según las leyes estadounidenses,
es un delito el uso de ingresos provenientes de la venta de narcóticos, de la
corrupción pública, del robo, así como cualquier ganancia que provenga de
organizaciones criminales de carácter ilegítimo.
De acuerdo a Eduardo Palmer, ex
fiscal federal y abogado con amplia experiencia en casos criminales basado en
Miami, muchas veces las investigaciones sobre el origen de los fondos no se
producen porque, por lo general, los fiscales que llevan a cabo las acusaciones
“están saturados de trabajo” y, aún más, carecen de presupuesto suficiente para
llevar una averiguación paralela, por lo que prefieren enfocarse en la causa
mayor, que es la que inició el proceso contra los acusados y dejar por fuera
ese otro aspecto.
No obstante, son los abogados
contratados por los imputados quienes deben ser los primeros en verificar la
legitimidad de los fondos con que se les paga. Si los defensores reciben dinero
sucio y esto se descubre, corren el riesgo de que sus honorarios sean
confiscados por el gobierno federal y, además, pueden enfrentar difíciles y
complicados procesos judiciales que pueden llevarlos a la cárcel, a ser objeto
de sanciones disciplinarias y hasta a perder sus licencias.
Ahora se pone sobre la mesa el
hecho que el empresario Wilmer Ruperti se beneficia de contratos millonarios de
la estatal Petróleos de Venezuela, Pdvsa, siendo el último de $138 millones de
dólares, otorgado esta misma semana. Curiosamente la entrevista del empresario
con el periódico The wall Street Journal se produce una semana antes del
anuncio de que su empresa Maroil Trading Inc se hiciera de la millonaria
contratación para supuestamente eliminar una gran cantidad de coque de petróleo
en el terminal de sólidos de Jose, en el estado de Anzoátegui.
En los corrillos de la corte
escuchamos que Ruperti había decidido revelar su identidad para adelantarse a
los acontecimientos que vendrían luego de conocerse que su empresa fue la
"inusual" ganadora del millonario contrato de Pdvsa, otorgado en un
momento donde las finanzas de la estatal petrolera han sufrido un grave revés,
no sólo por la baja del precio del petróleo sino por los escandalosos casos de
corrupción que han surgido en Pdvsa.
Lea aquí La entrevista a Wilmer Ruperti
Lea aquí La entrevista a Wilmer Ruperti
Ojo visor
En Estados Unidos existe una
amplia jurisprudencia que obliga a los abogados contratados por los acusados a
realizar investigaciones sobre el origen legítimo de los recursos con los que
un tercero, en este caso Wilmer Ruperti, paga la defensa de los acusados.
Los expertos advierten que más
allá de la obligación legal y las consecuencias penales, los defensores de
Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas tienen la
responsabilidad moral y ética de dejar en claro la legitimidad del dinero que
reciben por sus servicios de representación.
Los abogados Michael D. Mann y
David M. Rody, de la firma Sidley Austin LLP, son los defensores de Flores de
Freitas. Y Randall W. Jackson y John T. Zack, del escritorio Boies, Schiller
& Flexner LLP; representan a Campos Flores en el proceso criminal cuyo
juicio fue fijado para el 7 de noviembre de 2016.
Motivado al incremento de casos
en los cuales los acusados de delitos de narcotráfico usaban dinero proveniente
de sus actividades delictivas para pagar su defensa, el gobierno creó un
complejo entramado jurídico que hace cada vez más difícil que los defensores de
narcotraficantes reciban dinero sucio, contribuyan a que sus clientes laven
dinero en el sistema financiero norteamericano, o conviertan en valor
legitimado a través de gastos legales los fondos de origen irregular.
Regulaciones para los abogados de
criminales
Desde la década de los años 80,
el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso drásticas medidas contra
los abogados que representan a los acusados de traficar drogas al territorio
norteamericano. Las medidas son tan feroces que, en muchos casos, el gobierno
ha llegado —inclusive— a apoderarse de los honorarios de varios abogados
defensores de narcotraficantes a través de la figura del decomiso, creando con
ese dinero un fondo público nacional.
Las medidas legales tomadas por
el Gobierno Federal fueron motivadas por el miedo que existía en los años
ochenta de que el Estado perdiera la guerra contra las mafias que tenían el
control del negocio de las drogas. En esa época, los capos contrataban a
prestigiosos abogados para que manejaran sus casos ante la justicia federal por
lo cual pagaban millonarias fortunas.
A mediados de la citada década el
Congreso aprobó leyes muy duras contra el lavado de dinero, entre las cuales
destacan la Ley de Reforma de Sentencias de 1984 y la Ley de Lavado de Dinero
de 1986, que dio a los fiscales federales herramientas más eficaces para
combatir a las organizaciones criminales.
Ese aparataje jurídico permitió
poner tras las rejas a quienes recibían dinero proveniente del tráfico de
drogas u otras actividades ilegales, incluyendo a los abogados defensores de
narcotraficantes y delincuentes de cuello blanco.
Esta normativa generó un rechazo
entre los abogados de defensa criminal. En los primeros años de la década de
los 90, un grupo de abogados criminalistas dijo públicamente que se sentían
amenazados por las nuevas regulaciones, y por esa razón cabildearon ante el
Congreso logrando que se aprobara una enmienda en 1994 que excluía el pago de
honorarios de abogados de defensa criminal del listado punible, basados en “el
derecho a la representación garantizado por la Sexta Enmienda de la
constitución”.
La mayoría de los abogados en Estados
Unidos toman el célebre caso EEUU vs. Hodge y Zweig (1973) como un modelo para
la clase de responsabilidad profesional. Los principales temas de este caso de
apelación son: si la información demandada por el Servicio de Impuestos
Internos (IRS) a los abogados está protegida por el principio del privilegio de
confidencialidad abogado-cliente; lo establecido en la quinta enmienda de la
constitución que versa sobre la prohibición de la auto-incriminación en un
juicio criminal; o la regla que prohíbe la emisión de una citación del IRS para
un propósito impropio.
EEUU vs. Hodge y Zweig es también
citado por los expertos cuando se ventila un caso que incluye el requerimiento
a los defensores para divulgar la información confidencial del cliente o de las
terceras partes, ligadas al cliente, que pagan honorarios profesionales por
defensa en delitos de narcotráfico.
La regla recomienda que en casos
en los cuales terceros pagan la defensa penal de los procesados, los abogados
deben averiguar el origen de los recursos. Si no se logra verificar la
procedencia se recomienda que los defensores rechacen la representación e
informen al gobierno para que el proceso sea asignado a un abogado de oficio
nombrado por la corte.
Hay que demostrar la procedencia
de los fondos
Bennet Gershman, académico de las
universidades de Nueva York y de la Universidad de Cornell, explicó que a pesar
de que la experiencia indica que muchas veces no es posible demostrar la
procedencia de los fondos, sobre todo cuando los mismos provienen de otros
países, debe hacerse todo lo posible para aclarar el origen de ese dinero.
Gershman considera que es difícil
poder determinar la naturaleza del dinero al no poder llevar a cabo
procedimientos fuera de su jurisdicción. De cualquier manera sostiene que deben
hacerse todos los esfuerzos posibles para obligar a este tercero a demostrar de
dónde saca los recursos para el pago del o los abogados.
En Estados Unidos los defensores
pueden recibir pagos en dinero en efectivo por sus servicios de defensa,
siempre y cuando conozcan el origen legítimo de los fondos y los declaren a la
oficina de impuestos (IRS por sus siglas en inglés). Ryan Jurney, abogado de
defensa criminal de Miami, dijo que cuando un abogado recibe dinero en efectivo
como parte del pago de servicios de defensa, está obligado a verificar de dónde
viene el dinero: “Se debe averiguar si el dinero viene de la venta de un carro,
una casa u otra propiedad cuya compra no incluya dinero sucio”.
El mismo cuidado hay que tener
cuando se pagan las fianzas de los clientes en la corte. Se debe establecer la
naturaleza de los fondos, dice el experto.
Jurney señaló además que muchos
abogados han establecido una comunicación efectiva con el gobierno federal, y
cuando están frente a un caso de esta naturaleza hacen llamadas a la fiscalía
para explicar el caso en particular, las características del cliente y con base
en ello, hacen del conocimiento de las autoridades sus dudas sobre el tema, con
lo cual se cubren las espaldas y obtienen la autorización de la fiscalía para
seguir con el caso o simplemente rechazarlo.
Fuente: Venezuela Política