Las importaciones masivas para suplir la caída de la producción nacional carecen de evaluaciones de control de calidad y registro sanitario
Aunque pasaron de ser entregados en una bolsa a venir dentro de una caja de cartón, los 12 productos que distribuyen los Comités de Locales de Abastecimiento y Producción no equivalen en espacio ni siquiera a la mitad del tradicional carrito de mercado. La idea de personas recorriendo pasillos para decidir qué producto y en qué cantidad comprar ya estaba descartada con el creciente desabastecimiento pero quedó totalmente abolida con la implementación de los CLAP.
En Hogares de la Esperanza, un centro dedicado a la atención de los hijos de mujeres presas, ubicado en San Antonio de Los Altos, en Miranda, han tenido que reinventarse para mantener las tres comidas diarias y que sigan siendo balanceadas. “Empezamos a hacer arepas de zanahoria y remolacha. Ya teníamos dos semanas en ese plan y un día la hicimos de yuca con crema de arroz. Uno de los niños me dijo ‘tía, gracias por la comida, pero yo quiero una arepa de verdad”, cuenta la hermana María José González, directora administrativa del hogar. La escasez ha cambiado la dieta.
“No es que no busquemos alternativas, estamos haciéndolo y con asesoría nutricional, pero la crisis nos está cambiando el tipo de comida que consumimos. Hace tiempo que en el hogar no podemos hacer pabellón, por ejemplo. Cuando hay arroz, no hay carne, cuando hay carne no hay caraotas. Es inaceptable que la gente no pueda comer su comida, porque mientras estemos pensando en conseguir los alimentos no vamos a pensar en nada más”, dice González.
Los patrones alimentarios definen a las poblaciones. Son una representación de su cultura, nacionalidad, selección natural e incluso evolución. “Cuando el patrón se altera eso es una violación a la seguridad alimentaria. Aquí se altera el patrón alimentario de una forma muy dramática no porque el venezolano lo decida sino porque no tiene acceso a alimentos que le son totalmente afines”, explica María Soledad Tapia, profesora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela.
La última Encuesta de Condiciones de Vida, realizada en 6.413 hogares de todo el país por la UCV, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello, refleja que las preferencias de compra han cambiado en la población. Desde 2016 las hortalizas y los tubérculos se encuentran en los primeros lugares de la lista de productos que las personas adquieren, por encima de la carne o el pollo que quedan relegados a la sexta y séptima opción. Las primeras siguen siendo harina de maíz, arroz y harina de trigo. Según ese sondeo, 48,7% de la población cree que su dieta es monótona o deficiente.
“Uno de los principios de la alimentación es que la persona coma lo que quiere. El Estado se lleva eso por delante al no garantizar la producción de alimentos y con la implementación de los CLAP. Cómo obligas a alguien a pagar por un frasco de mayonesa si quizás una familia prefiere comprar un paquete de harina que necesita más y le rinde más”, critica Susana Raffali, nutricionista experta en seguridad alimentaria en situaciones de emergencia y desastres.
El gobierno nacional asegura que se está beneficiando a 25% de los venezolanos con la distribución de productos. Sin embargo, lo que trae la caja dura entre 5 y 10 días. “Es un fracaso masivo desde el punto de vista de las garantías de seguridad alimentaria”, señala Raffali.
El contenido de la caja no es balanceado, no incluye productos frescos como frutas y hortalizas, por ejemplo, no es uniforme pues no todas contienen lo mismo, y no es regular en la entrega. Pero además de eso, como la producción nacional no es suficiente, el gobierno ha optado por importar alimentos de países como Colombia, Brasil, Panamá y México para distribuir a través del CLAP. Esos productos no siempre cumplen con las normas venezolanas y la mayoría no cuenta con registro sanitario nacional señalado en el empaque.
El 20 de agosto de 1992 se publicó en Gaceta Oficial el decreto presidencial N° 2.492 para el enriquecimiento de la harina de maíz precocida, luego de que estudios nacionales indicaran que había déficit de vitamina A, hierro y vitaminas del complejo B en la población. Los expertos determinaron en ese momento que la harina era el vehículo idóneo para aportar esos nutrientes por su fácil acceso, amasado, preparación, cocción rápida, amplio consumo y precio asequible entre los venezolanos. “Esa acción ayudó a reducir los niveles de anemia en el país. Pero los reportes del programa de vigilancia de fortificación de harina que llevaba el Instituto Nacional de Nutrición dejaron de publicarse”, indica Raffali.
El diputado Carlos Paparoni, vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, denuncia que las harinas importadas para los CLAP no cuentan con enriquecimiento “La harina mexicana es para hacer tortillas y no para arepas, por lo que no tiene fortificación. Además, se gasta más harina en la preparación. Un kilo de harina venezolana alcanza para hacer 20 arepas, mientras que 1 kilo de harina mexicana rinde para 15 a 17 arepas. La leche en polvo tampoco viene enriquecida con proteínas y minerales como la nuestra y muchas veces ni siquiera es leche sino producto a base de lactosa”.
Riesgos a granel
El distintivo nacional de las cajas CLAP es la etiqueta en la que aparecen las caras del presidente Nicolás Maduro y del ex presidente Hugo Chávez. Tienen mensajes que aluden al poder popular, la contraloría social y la producción local. El contenido, sin embargo, no tiene nada de patriótico. Aunque uno de los objetivos de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro era “disminuir paulatinamente la dependencia de abastecimiento externo de productos estratégicos”, desde que fueron publicados los lineamientos de la misión en el decreto presidencial N° 2.367 en la Gaceta Oficial N° 40.941, el 11 de julio de 2016, la presencia de alimentos importados se ha incrementado en el contenido de las cajas.
“Al consumir este producto, usted apoya el desarrollo del campo mexicano”, dice la bolsa de caraotas, por ejemplo. Mientras tanto, los productores venezolanos mantienen una deuda de 1.500 millones de dólares con proveedores internacionales de materia prima por falta de liquidación de divisas por parte del Centro Nacional de Comercio Exterior, Cencoex; los ganaderos abastecen apenas 25% del consumo nacional de carne y 40% del de leche, según datos de Fedenaga; y la producción agrícola de 2017 solo podrá cubrir 30% de la demanda del país, de acuerdo con Fedeagro.
El decreto presidencial, además, faculta al Comando para el Abastecimiento Soberano para la “simplificación y agilización de trámites administrativos para la procura y nacionalización de productos estratégicos” para sectores de la agroindustria e industrias vinculadas con la salud, la producción de bienes para la higiene personal y aseo del hogar.
La flexibilización de normas de importación supone evaluar el riesgo-beneficio asociado. Los alimentos, explica el profesor Amaury Martínez, del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UCV, pueden contaminarse con micotoxinas que tienen efectos cancerígenos a largo plazo. “Una crisis como la nuestra es una triada: problema político, económico y social. Hay que jugar con el riesgo-beneficio. Algunas de estas micotoxinas que vienen con el maíz pueden generar cáncer a largo plazo, pero con la importación resuelves el problema inmediato de la población”.
Por eso, señala el experto, es necesario que se cumplan los rigurosos pasos de control de calidad. Los procedimientos de importación de alimentos establecen que un funcionario del Ministerio de Alimentación debe ir al país al que se le va a comprar comida a evaluar el producto. “Puede pedirse que cada hora se tome una muestra de los paquetes de harina, por ejemplo, luego mezclas todas esas muestras y sacas otra más pequeña que es la que se analiza”, señala. Lo mismo debe repetir el Instituto Nacional de Higiene cuando la carga llega al país.
La laxitud en el control de calidad se traduce en otra preocupación: las importaciones que se hacen a granel, pues no se conocen las condiciones de los depósitos en los que se acopian los alimentos antes de ser empaquetados. La única información al respecto, que proporciona la página web de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La Casa, es que cuentan con ocho centros operativos para el almacenamiento seco de los alimentos que tienen capacidad para guardar hasta 23.420 toneladas. Aunque no señalan la ubicación de cada centro, a Raffali le preocupa que no se cumplan con criterios de seguridad e inocuidad. “Hay normas mínimas que la industria venezolana ha sabido llevar con rigor y confiabilidad. La sustitución que han hecho los CLAP de la industria alimentaria está llena de riesgos. No necesitábamos perder el sistema habitual de distribución de alimentos”, critica la nutricionista.
Además advierte que con algunos de los productos empaquetados que se traen del exterior se están violando normas de etiquetado, pues vienen en otros idiomas y no garantizan que los usuarios entiendan el contenido de lo que están consumiendo.
“Para importar cualquier tipo de alimento preparado o materia prima, tiene que existir una certificación del ministerio que compruebe que el producto es alimenticio, que está libre de riesgos, que es inocuo y que cumplen normas de calidad. Eso es sometido a la dirección de Contraloría Sanitaria, que recibe todos los recaudos y emite un veredicto, hace la aprobación y da un registro sanitario, indispensable para importación, distribución y consumo”, agrega José Félix Oletta, ex ministro de Sanidad.
El costo de las pruebas de inocuidad varía entre 150.000 y 200.000 bolívares dependiendo de su nivel de especificidad. Se desconoce si se están realizando, pero hay antecedentes que levantan suspicacias.
En 2015, un grupo de investigadores publicó en el número 46 de la Revista del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” los resultados de los análisis de muestras de alimentos importados y vendidos a través de Mercal en el estado Nueva Esparta entre 2006 y 2014. La investigación verificó 101 lotes con 370 unidades de muestras, recolectadas por inspectores públicos, de alimentos envasados como harina de maíz, leche en polvo, pasta alimenticia, mortadela, salchicha cocida, carne congelada, pollo congelado, leche, atún enlatado y carne de almuerzo. De los 101 lotes, 54 procedían de Venezuela, 24 de Brasil, 9 de Ecuador, 6 de Argentina, 5 de Nicaragua, 1 de Colombia, 1 de Italia y 1 de Uruguay.
2 lotes de leche y 2 de carne congelada presentaron cantidades superiores a las permitidas de aerobios mesófilos, un indicador de calidad microbiológica, en alguna de las unidades analizadas. 3 de los 9 lotes de salchichas cocidas incumplieron alguno de los requisitos recomendados de calidad; así como 5 de los 16 lotes de harina de maíz mostraron recuentos de mohos por encima de la norma y 10 de los 17 de leche en polvo presentaron recuentos de esporas termófilas, identificadas más frecuentemente en los últimos 4 años de la investigación. La conclusión del INH es que había fallas de control durante la cadena de producción, reenvasado, almacenamiento a temperaturas adecuadas o comercialización de materias primas o productos terminados.
“Por leyes internacionales, ningún país debe enviar cargamentos con alimentos que excedan sus normativas locales, pero igual muchos lo hacen porque los productos que no aceptan en un país se envían a países con normativas más laxas”, advierte Martínez.
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El negocio de la caja
Las denuncias del diputado Paparoni asociadas a la importación de productos para la distribución a través de los CLAP señalan a Samark López, dueño de la empresa Postar Intertrade Limited —y supuesto socio del vicepresidente Tareck el Aissami y sancionado recientemente por Estados Unidos— como uno de los beneficiarios del sobreprecio de 337,5% que se le carga al Estado y de 2.814% a los consumidores. La caja cuesta 8 dólares, pero Venezuela la paga en 35 dólares (con divisas aprobadas por Cencoex a tasa preferencial de 10 bolívares por dólar) y luego los usuarios la adquieren en 10.200 bolívares y no en 350 bolívares que sería el precio al cambio oficial.
Las acusaciones no han tenido respuesta oficial. En la página web del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, las últimas noticias son una réplica contra el contralor del estado Bolívar a quien se le acusó de desmantelar la sede de esa entidad, una jornada de inspección en plantas purificadoras de agua, y una jornada especial de tramitación de licencias para trabajadores de la institución de la sede central. La falta de importancia que le dan a las denuncias de Paparoni se repiten en los sitios web de otros entes como el Ministerio de Alimentación, de Salud, el INH y el INN.
Aunque el gobierno asegura que sus acciones apuntan a resolver la crisis alimentaria del país, solo 0,9% de las personas dice que los CLAP son su fuente de abastecimiento principal. “Lo que se necesita para restaurar la seguridad alimentaria es restablecer la industria alimentaria nacional, y restituir las formas de procesar, distribuir y vender nuestros productos habituales”, asegura Raffali.
Se duplican brotes de enfermedades transmitidas por alimentos
La vigilancia del número de brotes y casos relacionados con enfermedades transmitidas por alimentos —infecciones o intoxicaciones— puede funcionar como indicador de la inocuidad de los productos que se están consumiendo en el país. De acuerdo con los Boletines Epidemiológicos elaborados por el Ministerio de Salud, en la última década ha habido cambios en el comportamiento de este tipo de patologías: durante el primer quinquenio, de 2007 a 2011, se produjeron 137 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, con un promedio de 37,4 brotes anuales; mientras que entre 2012 y 2016 se duplicó la cantidad de brotes a 279, con un promedio de 55,8 brotes anuales.
Representado en número de casos también hubo un aumento. En el primer período se registraron 3.873 casos (774,6 casos anuales) y durante el segundo período ocurrieron 4.040 casos (808 casos anuales). “Una de las explicaciones para este ascenso podría vincularse con la calidad de los alimentos que consumimos en Venezuela, especialmente aquellos que carecen de garantías de inocuidad”, señalaron en un comunicado la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología.
Por lo tanto, instaron al gobierno nacional y al Ministerio de Salud a aclarar si se están cumpliendo a cabalidad las disposiciones obligatorias para el consumo y comercialización del Reglamento General de Alimentos del ministerio y sus normas complementarias.
Sin versión oficial
Con el fin de conocer los procesos de control de calidad de los alimentos que se importan y consumen en el país, El Nacional, visitó las sedes del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y del Instituto Nacional de Nutrición. Ningún funcionario proporcionó información. También se solicitaron entrevistas a través de los correos electrónicos del Ministerio de Alimentación y del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. No se obtuvo respuesta.
El nacional
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