En 2010, quien fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como testaferro de El Aissami, hizo negocios millonarios con Pdval. El nexo con el Gobierno continúa y ahora se encarga de las cajas CLAP
A Eduardo Galeano lo leen mucho entre el chavismo, al menos eso han dicho en reiteradas oportunidades. El periodista uruguayo escribió en uno de sus relatos “al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos”. Pero hay quienes han sido cercanos al Gobierno con acciones que contradicen esas líneas. Samark López es uno de ellos. Él, aunque ha aplicado cambios en lo que hace, sigue siendo el mismo: Un empresario ligado a los grandes negocios de importación de comida que se hacen desde el Ejecutivo, con importantes ganancias económicas para unos pocos y la agudización de la crisis alimentaria para la mayoría.
La habilidad de quien en febrero fue acusado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como socio y testaferro del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, ha quedado en evidencia. Ya no se dedica al almacenaje y transporte de comida, negocio que manejó desde 2010 cuando el Grupo Sahetc, C.A., una de sus empresas, fue señalada como responsable de la descomposición de 25 mil toneladas (TN) de alimentos en más de 800 contenedores que permanecían en sus almacenes ubicados en Tinaquillo, estado Cojedes. Ahora ha cosechado experiencia como intermediario entre instituciones oficiales y sus proveedores internacionales, en transacciones que no son sometidas a los estrictos controles que se le aplican a las compañías que quieren producir en el país.
Fueron dos años los que López prestó servicio al Gobierno a través de Sahetc, creada en 2008, según reseña su portal http://samarklopeznews.com/ como una empresa de logística fundada para albergar comida importada por la Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval) y hacer más efectiva la distribución a las personas. Pero el objetivo no se cumplió. Contrario a lo planteado, los únicos beneficiados fueron los socios de la compañía, que recibió pagos millonarios hasta el 31 de diciembre de 2009, de acuerdo a documentación de Pdval para la fecha: 33 millones 949 mil 320,97 bolívares. En 2010, hasta el momento en que se destapó el escándalo de la comida descompuesta, obtuvo anticipos de pagos calculados en dos mil 500 millones de dólares, denunció la diputada de la Asamblea Nacional (AN), Deyalitza Aray.
Eso no fue suficiente para el amigo de El Aissami. Sus nexos con el Gobierno continuaron. En 2013 creó Postar Intertrade Limited con la intención, de acuerdo a su página web, de proporcionar viviendas de bajo costo en Venezuela, para lo que estableció relaciones internacionales con marcas conocidas de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero los movimientos portuarios, publicados en la Revista Informes de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, indican otra cosa: La firma sirvió de agente embarcador entre la Corporación de Comercio Exterior (Corpovex), adscrita al Ministerio para el Comercio Exterior e Inversión Internacional, y un proveedor de arbolitos navidad para la compra, a dólar preferencial, de seis contenedores que llegaron a Puerto Cabello el 19 de noviembre de 2016 en el buque San Alessio .
No se conformó con eso y fue más allá, al monopolizar el negocio de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) que son armadas con artículos comprados en México, Panamá y Colombia, tras la intermediación de Postar Intertrade Limited, en una transacción que supera las ganancias obtenidas con el servicio prestado a Pdval hace siete años. El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Carlos Paparoni, ha explicado en detalle que la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), dependiente del Ministerio de Alimentación, le paga entre 35 y 42 dólares por cada combo de comida de 14 kilos, de los que la empresa de López solo invierte ocho. El margen de ganancia oscila entre 437% y 525%. Todo indica que López, contrario a las lecturas de Galeano que hace su socio, no ha cambiado lo que es, pero sí lo que hace. “Ha perfeccionado su técnica para enriquecerse”, argumentó Paparoni.
En http://samarklopeznews.com/ también se lee que Postar es un empresa en crecimiento, con contratos con muchas entidades del Gobierno de Nicolás Maduro y firmas privadas locales y globales, con lo que ha generado tres mil empleos. Pero la firma no tiene domicilio en Venezuela, ni aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), requisito elemental para tener negocios con entes del Ejecutivo. Donde sí aparece es en Barbados Property Search — el buscador de propiedades de Barbados — un paraíso fiscal en el que también está inscrita otra de sus empresas: Yakima Trading Corporation desde 2016, tras ser mudada de dirección fiscal desde Panamá. Ambas compañías funcionan en la Oficina Corporativa The Phoenix Center.
Mientras operaba en el país centroamericano, Yakima Trading Corporation tuvo nexos con el Gobierno venezolano al enviar desde el puerto de transferencia en Cartagena, Colombia, y desde Costa Rica, 114 contenedores con más de dos mil 953 toneladas de materiales prefabricados a la División Industrial de Pdvsa, según reflejó la edición 14.421 de la revista digital Informes de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello del 22 de abril de 2014. Ocho días después, ese ente gubernamental recibió, ahora desde Brasil, más de cuatro mil 123 toneladas de materiales para la construcción en un embarque de la misma empresa.
EL NEGOCIO EN DÓLARES
No hay que ser economista ni bueno con las matemáticas. Las ganancias en dólares que recibe Postar Intertrade Limited son entre 27 y 34 dólares por cada caja CLAP que arma y envía a la CASA. Es un negocio que solo desde enero de 2017 acumula cuatro millones 509 mil 157 combos, de los que tres millones 680 mil 586 cajas (77,49%) han entrado a Venezuela por La Guaira y 828 mil 571 por Puerto Cabello (22,51%).
En dinero, eso se traduce en que el Gobierno ha entregado a la empresa de Samark López al menos 157 millones 820 mil 495 dólares (calculando cada caja en su menor valor de 35 dólares), de los que obtuvo una ganancia neta de 121 millones 747 mil 239 dólares.
En cálculos más sencillos, Paparoni detalló que el buque San Antonio, que arribó al muelle 24 de Puerto Cabello el 10 de febrero de este año, con 633 contenedores cargados de 11 mil 600 toneladas de comida en 828 mil 571 cajas, le costó a Postar Intertrade Limited seis millones 628 mil dólares, pero se lo vendió al Gobierno en 24 millones 801 mil 200 dólares.
EL NEGOCIO EN BOLÍVARES
Las cajas CLAP se presentaron al país el 18 de diciembre. Fue durante la transmisión de la emisión 75 del programa En Contacto con Maduro que se realizó desde el Centro de Empaquetamiento de alimentos de Fuerte Tiuna. “Esta es una cosa más avanzada”, dijo el mandatario al compararlas con las bolsas que se vendieron en las comunidades desde marzo de 2016 cuando inició el programa que, según Paparoni, ha beneficiado apenas a 0,9% de la población.
La dinámica a partir de ese momento impuso que las bolsas se armen con el 50% de la producción que cada empresa privada del sector alimentos está obligada a entregar para los CLAP, según la Gaceta Oficial número 41.005 publicada el 12 de octubre de 2016. Las cajas contienen de manera exclusiva comida importada.
La CASA le compra al Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) las divisas necesarias a tasa preferencial de 10 bolívares. Esto significa que cada caja le cuesta al Gobierno entre 350 y 420 bolívares, pero es vendida en 10 mil 200 bolívares. Una diferencia de, al menos, 2.328,57%.
El Gobierno, por ser el administrador de los puertos del país, goza de otros privilegios. Una fuente interna del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) informó que cada buque que llega con las cajas no pasa por los trámites legales de nacionalización ni pago de impuestos. “Solo se les hace firmar un documento de compromiso de liquidación en 15 días, que nunca se concreta”.
DISTRIBUCIÓN MILITARIZADA
Los CLAP dependen directamente de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro (Gmass), creada el 11 de julio de 2016 y que es comandada por el general en jefe Vladimir Padrino López. Es él quien lidera cada una de las acciones que se ejecutan con las bolsas y las cajas. Por eso no es casualidad que los cargamentos que llegan a costas venezolanas sean trasladado al Centro de Empaquetamiento de Fuerte Tiuna. Desde ahí se dictan todas las instrucciones.
Al también ministro de la defensa lo acompaña en la misión un grupo de 27 personas de las que 74,07% son militares: el jefe de la cartera de alimentación, general de división, Rodolfo Marco Torres; el teniente coronel Tito Gómez Ávila, presidente de Mercal; y los 18 funcionarios castrenses encargados de cada rubro de primera necesidad, designados el 23 de agosto de 2016.
También participan en las labores de coordinación de la distribución de las cajas y bolsas el viceministro de Alimentación, Aníbal Fuentes; Wlliam Contreras, Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde); Héctor Aponte, director de la Fundación de Desarrollo Endógeno Comunal Agroalimentario (Fundeca); Américo Mata, presidente de Corpomiranda; Freddy Bernal, jefe del Centro de Control Nacional y Mando de los CLAP; Marelis Pérez Marcano, viceministra de la mujer; y el coordinador de cada región de los CLAP. A ellos se suman integrantes de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez (UBCH), del Frente Francisco de Miranda (FFM) y consejos comunales de cada sector.
LAS RUINAS DE SAHECT
Ya ni los zamuros están. De los 34 mil 508,87 metros cuadrados que conforman el complejo de galpones donde funcionó el Grupo Sahetc, C.A. en Tinaquillo solo quedan las ruinas. Los vecinos de las comunidades cercanas a la Zona Industrial Textil Norme caminan por sus alrededores entre monte y algunos pedazos de hierro de la estructura desmantelada.
Zenaida y María viven en 7 de Octubre, una invasión que en 2010 estaba incomunicada con el resto de las urbanizaciones de la zona. La calle que da acceso a esa barriada estaba llena de contenedores de todo tipo e incluso había una grúa para la carga de esos furgones en una intensa actividad que no paraba.
En el lugar, los galpones de Samark López se confundían con los de Pdval, que están justo al lado. Los contenedores se mezclaban entre sí porque era el mismo negocio, aseguró Deyalitza Aray. La dinámica de trabajo de esa empresa se gestaba en las oficinas de la estatal. “Solo en los papeles eran dos entidades aparte porque en la práctica eran una sola”.
Es por eso que Zenaida y María, al recordar aquellos días de pestilencia, señalaban hacia ambos complejos para explicar de dónde salía el olor. Los zamuros era lo que más llamaba la atención de las mujeres. “Eran muchos, volaban por todo esto de día y de noche”.Pero se fueron desde que fue imposible seguir ocultando que algo pasaba.
El 2 de junio de 2010, representantes del Ministerio de Salud del estado Cojedes atendieron las denuncias de los vecinos y se encontraron con más de 800 contenedores de arroz, harina de trigo y leche en polvo completa con cuatro meses vencidos. Por semanas previas, desde las 6:00 p.m. las gandolas salían de los galpones dejando rastro por todas las calles de líquido de comida descompuesta (carne y pollo) para ser llevado al botadero de basura, mientras otras cantidades eran incineradas en los jardines de Pdval.
Los habitantes de Tinaquillo reclamaban la venta de los alimentos almacenados antes de su descomposición. No se hizo. La comida no llegó a los hogares. “Pero un grupo de empresarios se enriqueció al no contar con la capacidad de almacenar lo que el Gobierno importaba a precios de remate porque eran productos próximos vencerse”, recordó Aray.
El informe presentado por la Contraloría General de la República (CGR) en 2010 señala que se observó infraestructuras físicas inadecuadas, deficiencias en la cadena de frío (cavas, cuartos de conservación y congelación, neveras y refrigeradores). Los funcionarios también constataron deficiencias en las condiciones de seguridad e higiene “por la falta de un efectivo plan de mantenimiento correctivo y preventivo por parte de las coordinaciones regionales y de las dependencias administrativas y técnicas de las referidas empresas”. Además -sigue el informe- se constataron debilidades de control interno relacionadas con el manejo de las entradas y salidas de inventarios de mercancías y limitaciones en la capacidad de almacenamiento “en detrimento del resguardo y protección de los intereses patrimoniales del Estado”.
De todo eso se aprovecharon muchos. Todos con nexos con el Gobierno. Es una fórmula que se repite ahora con la importación de las cajas CLAP en un negocio que cambió su dinámica pero que, según Paparoni, tiene el mismo objetivo: “usar las ventajas de la corrupción para enriquecerse con el hambre del pueblo”. De Eduardo Galeano se olvidaron.
Ek carabobelo
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