Por: Andrés Cañizalez
La frase matar al mensajero se asocia generalmente con las restricciones a la difusión de información. Al acusar al “portador de las malas noticias” se suele desviar el foco de atención sobre el origen de “los males que cuenta”.
En Venezuela se ha hecho cotidiana la práctica de matar al mensajero, en un sentido metafórico obviamente, con las cotidianas restricciones y vulneraciones del derecho a la libertad de expresión e información.
El caso del canal de noticias estadounidense CNN en español no es un hecho aislado.
Este 15 de febrero la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) dio a conocer un procedimiento sancionatorio contra el canal CNN, lo que trajo como consecuencia su inmediata desaparición de las parrillas de canales en las diversas empresas de televisión por suscripción. La medida entró en vigor tres días después de que el presidente Nicolás Maduro se manifestara en contra de CNN.
El mismo fin de semana en el cual Maduro fustigó a CNN, dos periodistas brasileños fueron expulsados del país por intentar hacer grabaciones de las obras inconclusas de Odebrecht y retenidos durante varias horas dos periodistas venezolanos que les acompañaban. El viernes anterior El Carabobeño anunció que también el semanario impreso que tenían en circulación debía desaparecer por falta de papel, esto sumado a que el diario de ocho décadas dejó de circular el año pasado. El allanamiento de la sede de Odebrecht en Venezuela tuvo un correlato como lo fue el acoso contra dos periodistas a quienes obligaron a borrar las imágenes que habían tomado de este hecho.
De acuerdo con el informe anual de 2016 publicado en enero pasado por la organización no gubernamental Espacio Público, se registraron 366 violaciones del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela. Se trata de una por cada día. Con las bases metodológicas establecidas en 2002, y en las cuales tuve la oportunidad de participar como coautor de las mismas, el reporte de Espacio Público permite la mirada longitudinal y las comparaciones.
En total se registraron 266 casos el año pasado, ya que cada caso puede estar compuesto por una o más violaciones. Esto hizo de 2016 el segundo año con el mayor número de casos desde que se inició este monitoreo 15 años atrás. No es un asunto menor ya que hubo informes en años particularmente complejos como 2002, 2003 ó 2013. El año que tiene el mayor número de casos ha sido hasta ahora 2014, le sigue el 2016.
La temática que más se vio afectada el año pasado fue la de las restricciones en el campo informativo: El 44% de las violaciones a la libre expresión se registró en el contexto de manifestaciones públicas, entre ellas las de carácter político, en el marco de la exigencia del referendo revocatorio presidencial.
El caso de CNN, entretanto, tiene varias aristas. Por un lado, está la decisión de Conatel de suspender las emisiones dentro del país de este canal. Se trata de una medida similar a la que se aplicó en febrero de 2014 al canal también de información y por suscripción, NTN24. La sanción (no poder emitir su señal en Venezuela) sucede de forma previa al procedimiento administrativo, con lo cual medidas de este tipo por parte de Conatel terminan siendo un mecanismo de censura previa, tal como lo ha advertido el relator de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. En nuestra opinión, con el cese de las transmisiones de CNN por la televisión paga en el país, los venezolanos pierden una ventana informativa y el Estado aumenta su capacidad de control.
Junto a decisiones de este calibre, ocurren cambios soterrados, como me confirmó meses atrás un alto ejecutivo de una de las principales empresas de televisión por suscripción. Conatel ordenó la inclusión –sin discusión- del canal de noticias Russia Today dentro de las grillas de programación. En el caso de la empresa de este ejecutivo se tuvo que eliminar otro canal internacional para poder ajustarse a lo ordenado por Conatel.
Por otro lado, en 2016 se consolidó una práctica oficial, especialmente a partir del último cuatrimestre del año, para restringir el acceso de periodistas internacionales al país. En su informe anual de 2016, Espacio Público contabilizó 17 situaciones de restricciones y trabas. La llegada de periodistas internacionales al país con motivo de la manifestación convocada por la oposición del 1 de septiembre marcó un punto de inflexión, ya que no se conocía –hasta ese momento- de medidas restrictivas generalizadas para la prensa extranjera. En total, en esa ocasión se impidió el ingreso de 10 periodistas de otros países.
Estas líneas, extraídas textualmente del informe de la ONG, sintetizan la política oficial: “El 28/08/2016 Kate Guerrero, de CNN en Español, debió abandonar el país porque autoridades aduanales retuvieron sus equipos y le pusieron como condición para ser devueltos que volviera al país de origen; el 29/08/2016 fueron cinco periodistas deportados, pertenecían al equipo de Al Jazeera; luego el 31/08/2016 John Otis (NPR), César Moreno (Radio Caracol) y María Eve (Le Monde) fueron deportados; Jim Wyss, del diario Miami Herald, fue expulsado del país”.
Las palabras de Nicolás Maduro este 12 de febrero, “fuera CNN de Venezuela”, podrían tener otra restricción además de suspender la señal de ese medio dentro del país. Desde mi punto de vista, el gobierno podría actuar también contra el equipo de periodistas venezolanos que colaboran con este medio internacional.
No sólo se busca que haya menos información independiente e incómoda para el régimen dentro del país y por tanto se eliminan señales dentro de la pantalla (CNN, NTN24), sino que también la acción sostenida contra periodistas extranjeros que intentan ingresar a Venezuela pone en evidencia el interés oficial en que haya menos información sobre la situación venezolana en los medios internacionales.
Una práctica común en regímenes autoritarios, como lo hace Cuba por ejemplo, es controlar el trabajo de los periodistas extranjeros en la isla y los que obliga a canalizar sus actividades a través del Centro de Prensa Internacional. La práctica oficial en Venezuela en los últimos meses ha sido tanto la prohibición de ingreso como la expulsión de periodistas foráneos. Otra manera de apuntarle al mensajero.
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