La “limpieza” tribunalicia que fue prometida por Hugo Chávez en 1999 quedó en palabras. Un ejemplo de ello es Maikel Moreno, quien desde 1989 ha estado en diversas facetas judiciales, partiendo de acusado por homicidio, abogado defensor de los pistoleros de Puente Llaguno, juez penal y finalmente presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Primera Vicepresidenta del TSJ es la magistrada Indira Alfonzo Izaguirre y el Segundo Vicepresidente el magistrado Juan José Mendoza Jover.
El ingreso a las páginas judiciales de Maikel Moreno en 1989 no fue por haber sido nombrado en algún cargo de administración de justicia, sino por haber sido encontrado culpable en la muerte de Rubén Gil Márquez mientras cumplía labores como oficial de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
El expediente número 552755 remitido desde la entonces Policía Técnica Judicial (PTJ) al Tribunal 15° Penal del Área Metropolitana de Caracas, determinó su responsabilidad en el asesinato de Márquez, luego de un tiroteo registrado en un conjunto residencial del centro de la capital. En ese momento también cumplía funciones como escolta del presidente Carlos Andrés Pérez. Por el caso fue destituido y encarcelado.
Moreno solo estuvo un año en prisión luego de haberle sido concedido un beneficio procesal en 1990. Luego de tres meses ingresó al Poder Judicial con el cargo de secretario de un juzgado en Caracas, teniendo en su historial universitario solo el primer semestre de derecho en la Universidad Santa María, recinto académico en el que se graduó en 1995.
El hombre se casó el 11 de abril del 2012 con Belkis Coralito Gachassin-Lafite, una cubana residente de Miami que le lleva nueve años de edad, según documentos judiciales a los que accedió El Nuevo Herald. El matrimonio culminó en divorcio en junio del 2014 y luego se casó con la modelo y presentadora de televisión, Debora Menicucci, quien en 2014 fue coronada Miss Venezuela Mundo. El mismo medio aseguró que Moreno aterrizó en más de 15 ocasiones en Punta Cana entre febrero de 2015 y febrero de 2016, destino por el que sustituyó sus habituales viajes a Miami.
Maikel José Moreno Pérez actualmente presidente del TSJ y ha tenido un polémico historial en la administración de justicia del país, al punto que fue acusado por la defensa del comisario Iván Simonovis por “forjar actas y documentos procesales”, hecho desestimado por la Sala Penal del máximo tribunal de país.
En el mismo caso fue impugnado por “contravenir el precepto que reza que una persona no puede ser juez y parte”, al haber dictado la privativa de libertad de Simonovis, y meses antes defender a Richar Peñalver, recordado en la historia contemporánea como uno de los “pistoleros de puente Llaguno.”
El nombre de Moreno también aparece en las actas procesales del asesinato de Danilo Anderson, específicamente en las entrevistas realizadas a los amigos del fiscal, que aseguraron haberlo visto “la misma noche del asesinato repartiéndose el dinero de una caja fuerte que tenía Anderson”. Al momento de conocerse el asesinato, Moreno se desempeñaba como Juez 34° de juicio del Área Metropolitana de Caracas y Presidente de la Sala Séptima de Apelaciones de Caracas.
Moreno tras ser destituido ingresó a las nominas del Ministerio para las Relaciones Exteriores, esto luego que el entonces Canciller Nicolás Maduro lo designara como Cónsul en Roma o ministro consejero en la Embajada en Trinidad y Tobago.
Las acusaciones contra el magistrado del TSJ siempre han estado en el tapete, el 8 de mayo de 2012 el defenestrado magistrado Luis Velásquez Alvaray, lo acusó junto a la entonces Presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Belkis Moreno, de pertenecer a la “banda de los enanos”.
En junio de 2007 la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial lo destituyó “por un error inexcusable” al desacatar una orden de la Sala Constitucional que le prohibía dejar en libertad a Edgar Báez y Jhonny Esté, procesados por el asesinato de la abogada Consuelo Ramírez Brandt.
En principio su ingreso al TSJ como magistrado de la Sala Penal no cayó bien entre sus homólogos Octavio Sisco Riccardi, Luisa Estella Morales, Carmen Zuleta de Merchán y Arcadio Delgado, quienes fueron los principales impulsores de su destitución en 2007.
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