Especialistas en materia penal y derechos humanos tienen dudas sobre la legalidad de la función de estas sedes judiciales anunciadas por el Ejecutivo
La creación de las "casas de justicia" que, junto con los cuadrantes de paz, recibirán a quienes cometan delitos con penas menores de ocho años, de acuerdo con las líneas que forman el Plan Patria Segura relanzado desde el gobierno nacional, son puntos de alerta de hacia dónde encaminan el sistema penal venezolano. No solo porque no están adscritas a la estructura legal, de acuerdo con la presentación hecha por el vicepresidente Tarek el Aissami, sino también porque aparecen como unidades vinculadas a la política partidista oficial que en nada fortalecen el funcionamiento de la administración de darle a cada quien lo que se debe.
No obstante, abogados especialistas en derecho penal y en derechos humanos esperan más claridad de estos anuncios al ser publicados en Gaceta Oficial. Alberto Arteaga prefiere creer que estas instalaciones obedecen a los tribunales denominados municipales que conocen de los delitos con penas menores a los ocho años, creados en la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, del 2012, y que considera inútiles, y no a una justicia penal paralela, contraria a la Constitución y a las leyes, porque "eso sería inaceptable". "El procedimiento creado con la reforma fue un disparate porque si bien conoce de los delitos con penas menores de ocho años que representan 70% del espectro delictual, no imponen ninguna sanción y eso contribuye a la impunidad", afirma. Esos tipos delictivos como hurto, lesiones, o violencia de género, citados por El Aissami, no tienen castigo con cárcel y 40% de quienes los cometen se encuentran en los retenes policiales, porque las cárceles están congestionadas.
Lo que, en su opinión, es más grave es la relación impuesta a la administración de justicia con la dependencia de instalaciones de naturaleza político partidistas que en ningún caso, dice, administrarán justicia ni la fortalece.
Fernando Fernández, especialista en derechos humanos, asegura que aunque estas casas de justicia pudieran tener relación con los tribunales municipales, no pueden tramitar casos sin acudir al Ministerio Público debido a que la mayoría de esos delitos de pocos años son de acción pública: "¿Qué organismo lo hará ahora? Representantes del Ministerio de Interior, de las milicias, de las unidades de batalla Bolívar-Chávez, como anunció el vicepresidente, no están capacitados para administrar justicia".
"No deben crearse unas unidades paralelas de justicia cuando el sistema no funciona porque los cuerpos policiales no están bien dotados y carecen de suficiente personal. El Ministerio Público está saturado porque los fiscales son insuficientes para el número de casos, y los tribunales no funcionan debidamente porque no tienen despacho o porque no tienen papel para dar copias de las actas. Eso es inconcebible", señala Arteaga.
El naciona
Publicar un comentario