Por Maibort Petit/@maibortpetit
La sentencia condenatorias podría reafirmarse debido a que las objeciones de la defensa, principalmente centradas en el testigo estrella del juicio contra los Narcosobrinos, no son suficientes para sustentar la realización de un nuevo juicio, indicaron los expertos.
La moción conjunta de los Narcosobrinos Campo y Flores pide una sentencia de absolución de conformidad con la Regla 29 y un nuevo juicio de conformidad con la Regla 33 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal.
La defensa insiste en su tesis de que el juicio celebrado en el mes de noviembre de 2016 contra Campo y Flores “contiene evidencias insuficiente para probar el delito por el cual se les procesó”. Igualmente, argumenta que el tribunal erró en la aceptación del testimonio del testigo estrella de la fiscalía, José Santos Peña, cuyo relato no debió haberse presentado al jurado como válido, en virtud de que Santos Peña mintió en parte sobre su participación en la operación realizada por la DEA contra los sobrinos del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Campo Flores y Flores de Freitas fueron hallados culpables por un jurado de Nueva York el pasado 18 de Noviembre de 2016, de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos. Podrían ser condenados a más de 20 años de prisión, si se suman las condenas mínimas por cada uno de los delitos de los cuales fueron encontrados culpables.
Los argumentos de la defensa
El documento presentado por los defensores de los sobrinos de Nicolás Maduro señala que el testigo CS1, José Santos Peña, cometió perjurio y por tanto violó las leyes norteamericanas. El uso de su testimonio -afirman- constituye una injusticia manifiesta contra los acusados.
De acuerdo a los defensores, el juicio de los demandados fue manchado por el perjurio por parte del testigo principal del gobierno, y por la expansiva en la investigación subyacente.
Los abogados defensores de los Narcosobrinos, razonaron que las mentiras declaradas por el testigo principal Santos Peña frente al jurado y ante el tribunal, consideradas en el contexto de la jurisprudencia actual, requiere que la corte adopte alguna medida para remediar lo que es claramente un juicio defectuoso, derivado de una investigación desastrosa.
Un nuevo juicio es posible, pero extremadamente excepcional
De acuerdo al abogado, Alexander Alfano, un tribunal de primera instancia puede examinar por sí mismo si las pruebas usadas en un juicio son insuficientes para sostener una condena. Y si luego de evaluar los hechos y las circunstancias, permanece una preocupación real de que un inocente puede ser condenado, entonces el tribunal puede considerar ordenar un nuevo juicio. Pero se trata de una opción excepcional, indicó Alfano.
Explica el experto que el juez debe estudiar si el gobierno logró demostrar -más allá de la duda razonable- que los acusados conspiraron para traficar cocaína, y acometieron acciones para tal fin. Si hay dudas al respecto, entonces los acusados y convictos por el jurado, tienen derecho a una sentencia de absolución de acuerdo a la Regla 29, y además se les debe condicionalmente otorgar el derecho a un nuevo juicio de acuerdo a la regla 33, a fin de evitar un error judicial.
Dice que hay casos de jurisprudencia en los cuales se prueba que, luego que el jurado emitió un veredicto de culpabilidad, el tribunal anuló el veredicto e introdujo una absolución del mismo.
Sin embargo, asegura Alfano, se trata de un escenario extraordinario y extremadamente excepcional cuando una corte reconoce la concesión de un nuevo juicio de este tipo. De hecho, si se analizan los casos en las últimas tres décadas, son muy pocos los que han logrado que una Corte federal ponga en tela de juicio el fallo del jurado y ordene un nuevo proceso.
Las estadísticas no son muy optimistas
De acuerdo a las estadísticas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, para el año 2013 la tasa de aceptación de este tipo de mociones fue de aproximadamente 0.8 por ciento en los Tribunales de Distrito, mientras que en las cortes de apelaciones alcanza un 1.78.
Según el criminólogo del estado de Nueva York, Juan Ramírez, es muy baja la posibilidad que un juez de un tribunal de primera instancia acepte un reparo de este tipo, basado en la supuesta insuficiencia de evidencias. Esta negativa suele explicarse -entre otros aspectos- por el hecho de que durante el juicio también se presentan pruebas que no pueden ser alteradas por los testigos cuestionados o por el mismo gobierno.
En la moción solicitada por la defensa de Campo y Flores se hace énfasis en la poca o nula credibilidad del testigo Santos Peña. Y adicionalmente, se expone como argumento la inexistencia de la cocaína que supuestamente iba a ser objeto de tráfico, que fue el objeto central de la operación.
La defensa de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana argumenta que la evidencia presentada por el único actor del gobierno que vio la presunta droga, debe ser descartada por la corte. Para sustentar la moción, los defensores presentan un testimonio de la experta, Andrea Holmes, quien aclara que “es falso el testimonio de Santos Peña sobre el supuesto kilo de cocaína examinado por el informante y los acusados en una reunión que tuvo lugar en Caracas en octubre de 2015.
Según el especialista Ramírez, el juez debe poner en la balanza los argumentos esgrimidos por la defensa, que en contados muchos casos han sido considerados en el contexto de la Jurisprudencia y han traído como resultado que la Corte adopte alguna medida para remediar lo que los defensores de Campo y Flores califican como un juicio defectuoso. Igualmente, se debe evaluar las evidencias que estudió el jurado para llegar a la conclusión que los acusados son culpables y deben pagar por el delito cometido.
Hay casos en que la defensa ha logrado que el juez decida la apertura de un nuevo juicio, basado en argumentos parecidos. No obstante, son pocos los casos de conspiración para traficar drogas a los EEUU que logran saltar la barrera de un veredicto de culpabilidad, y conseguir que se repita el proceso por supuestas fallas de esta naturaleza, asegura el experto.
Ramírez recuerda un caso ocurrido en 2009, cuando un acusado de conspirar para traficar 3 mil libras de cocaína recibió la orden del juez para un nuevo juicio cuando la defensa logró desarticular a un informante confidencial del gobierno, ya que dicho sujeto había sido acusado de homicidio y la fiscalía desconocía ese hecho.
En el juicio de Campo y Flores la defensa trajo a colación que el informante principal había mentido a la fiscalía cuando realizaba la operación, ocultó que había llevado a un tercero no autorizado por la DEA a Caracas, y -además-los defensores consiguieron unas grabaciones mostradas en corte que evidenciaron que Santos Peña continuó haciendo negocios de narcotráfico desde una cárcel federal de California, aún cuando había sido puesto tras la rejas por ocultar información y mentir al gobierno federal.
Si bien el argumento del testigo en este caso es clave, no está claro si el testimonio de Santos Peña influyó más en el jurado que el resto de las evidencias, que incluyen numerosas conversaciones en las que los Narcosobrinos admiten haber participado en operaciones de tráfico de narcóticos desde Venezuela.
El experto explica que el tribunal de primera instancia deben considerar si el caso de Campo y Flores las pruebas eran insuficientes para demostrar la participación de los acusados en la conspiración para traficar y distribuir cocaína, y debe estudiar la falla aducida por la defensa en torno al testigo de la DEA.
Ramirez dijo que el uso de informantes para investigar y procesar a personas comprometidas con actividades criminales está lleno de riesgos, y en el caso de Campo y Flores, la defensa atacó la credibilidad del testigo y demostró que la fiscalía había fallado en la supervisión de la conducta del informante.
Sostiene que por definición, los informantes son personas en quienes no se puede poner todo el peso de las evidencias, y deben ser manejados y vigilados con cuidado por el gobierno y las cortes para prevenir que hagan acusaciones falsas contra inocentes, creando evidencia contra los acusados o mintiendo bajo juramento en los tribunales.
Ramírez dijo que muchos creen que motivado a los problemas de credibilidad que se presentan cuando se usan informantes, el gobierno evita usarlos. Sin embargo, esto no es cierto, ya que por lo general las agencias federales siguen usando los informantes confidenciales a quienes les pagan y les bajan sus sentencias mediante acuerdos de cooperación.
Pero, según Ramírez, la realidad es que la conducta de los informantes no es un factor primordial para echar por tierra la convicción de culpabilidad de un jurado. Hacen falta más elementos que lleven a una decisión de iniciar el proceso nuevamente.
Gobierno responderá a la moción de la defensa el 7 de febrero
De acuerdo al calendario procesal aprobado por el juez Paul Crotty el 18 de noviembre de 2016, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York tiene hasta el 7 de febrero de 2017 para responder a la moción de la defensa de solicitar una sentencia absolutoria y un nuevo juicio.
Fuentes cercanas al caso informaron que el gobierno rechazará la petición de la defensa argumentando que a lo largo del juicio se mostraron evidencias irrefutables que probaron, más allá de la duda razonable, que los dos acusados cometieron el delito de conspiración para traficar sustancias prohibidas a los Estados Unidos, a sabiendas que las mismas violaban las leyes norteamericanas.
Venezuela al fia
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