Venezuela es el país (exceptuando Brasil, casa matriz de la compañía) en el que la constructora Odebrecht, cuestionada e intervenida por corrupción, y con su presidente, Marcelo Odebrecht, acogido a un programa de cooperación voluntaria con la justicia, ha reconocido haber pagado más coimas a lo largo del período 2003-2010, cuando Lula Da Silva era presidente de Brasil, Hugo Chávez de Venezuela, y, durante una buena parte de ese lapso, Dilma Rousseff, sucesora de Da Silva y hoy destituida de la presidencia de Brasil, era presidenta de la Junta Directiva de Petrobras, es decir, responsable directa de lo que hoy se conoce como operación Lava Jato.
En Venezuela, Odebrecht ha reconocido que se han pagado sobornos por 98 millones de dólares, una cifra que, destaca Mercedes De Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela, capítulo en el país de Transparencia Internacional, es pequeña en relación con el monto total que ha reconocido la empresa haber obtenido en contratos: Apenas 0,89 % de los más de 11 mil millones de dólares que, directamente y sin licitaciones, obtuvo la gigante constructora brasileña en contratos con Venezuela.
También es el único país en el cual las supuestas investigaciones que ha realizado el Ministerio Público no han arrojado, hasta ahora, ningún resultado. En Brasil, la empresa ha reconocido haber otorgado sobornos por 349 millones de dólares, y en República Dominicana por 92 millones, pero “este fin de semana, los dominicanos salieron a la calle a reclamar que se conozca quiénes fueron los beneficiados”, destacó el periodista venezolano de investigación Joseph Poliszuk, quien participa en el Consorcio de Periodistas de Investigación a través del portal Armando.info, que ha publicado varios trabajos sobre el tema Odebrecht y sus repercusiones en Venezuela.
La información de Odebrecht saldrá
La directora de la ONG Transparencia Venezuela señaló que:
Los fiscales del caso Lava Jato nos dijeron que hay mucha información que va a comenzar a salir. Nos dijeron que hay que esperar unos meses, porque se está negociando información que se obtendrá a través de las leyes de delación premiada […] en el caso relativo a Venezuela se han admitido dos cosas: Que Odebrecht facturó 11 mil millones de dólares, no sabemos si eso es todo o no; y que la empresa pagó 98 millones en sobornos, apenas 0,89%, con lo cual la sospecha es que ha habido mucha más dinero involucrado en el proceso, pero no lo sabemos, porque la justicia venezolana no ha dicho nada todavía.
“Nosotros hablamos el 10 de enero con la directora de Anticorrupción del Ministerio Público venezolano y ella nos aseguró que la Fiscalía sí tiene un caso abierto contra Odebrecht. Que no nos pueden decir el nombre del fiscal que lleva el caso, que no nos pueden decir qué están haciendo, que tienen todos los recursos para llevar la investigación y que no necesitan comunicarse con nadie. Si la Fiscalía es tan poderosa, y tiene tantos recursos, debería estar diciéndole ya algo al pueblo venezolano, porque el resto de las fiscalías ya están actuando”, ironizó De Freitas, quien indicó que sería “una sorpresa” que finalmente hubiera imputados por el caso, como también consideró que si solo 0,89 % del monto total de los contratos se hubiera consumido en corrupción sería un porcentaje muy bajo en relación con las “comisiones” promedio de las obras públicas en Venezuela históricamente.
Otra diferencia marca la relación de Odebrecht con Venezuela con la que tenía la empresa en el resto de la región: en la mayoría de los países, las obras contratadas con la constructora fueron terminadas. En Venezuela, gigantescos proyectos de infraestructura, como la represa de Tocoma (que serviría para surtir de hidroelectricidad a todo el occidente del país), o el puente Nigale, sobre el Lago de Maracaibo, quedaron sin construir; de la línea 5 del metro de Caracas, que tenía ocho estaciones, solo se terminó una.
La empresa emitió un comunicado en mayo del año pasado, en medio de la tormenta por las investigaciones de corrupción en Brasil, en el que señalaba que la obra de Tocoma está finalizada en 98 %, que esperaban por elementos que no les corresponden para finalizar el 2 % restante. Fue la última vez en la que se habló públicamente (a raíz de una investigación de la Asamblea Nacional) sobre el tema.
El esquema de corrupción con Odebrecht puede estarse repitiendo con otras grandes constructoras con obras públicas entregadas sin licitación en Venezuela durante los Gobiernos de Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro, como Camargo Correa y Andrade Gutierres: esta última, “casualmente”, señala Poliszuk, tiene sus oficinas en Caracas justo en el piso de debajo de las de Petrobras.
En el foso de la corrupción
Con escándalos como el de Odebrecht, no es de extrañar que Venezuela sea el peor país de la región en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2016, que publica Transparencia Internacional (TI). Con una puntuación de apenas 1,7, el país ocupa el puesto 166 entre 176 países, siendo el país más corrupto de la región.
Como señaló el abogado Fernando Fernández, experto en legislación sobre legitimación de capitales, los ciudadanos terminan pagando el costo de la corrupción: en el caso venezolano (como se ve cuando no se construye la represa de Tocoma o cuando hay militares señalados en Estados Unidos por corrupción en la compra de alimentos en el exterior) los venezolanos terminan pagando esos costos en forma de falta de comida, o de luz.
Desde 1996, cuando se inició el índice de TI, Venezuela ha ido descendiendo desde puntuaciones de aproximadamente 2,6 a las actuales, con un agudo declive durante los años de Gobierno de Maduro. Adicionalmente, ha ido quedándose solo en la cola: hace 20 años, unos cinco países de la región eran menos corruptos que Venezuela. Hoy no lo es ninguno. “La región ha venido haciendo unos esfuerzos importantes en transparencia, que en Venezuela han ido en dirección contraria”, señala De Freitas.
La directora de Transparencia Venezuela ejemplificó sobre esto la recientemente divulgada sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que lleva a la contraloría militar el control de las empresas dirigidas por la Fuerza Armada Nacional del país suramericano, señalando que en el mundo, cada vez menos políticas militares (especialmente de compras) constituyen secreto, mientras en Venezuela, esto va en aumento.
Finalmente, Fernández señaló que en el caso de Odebrecht, la justicia estadounidense, a través del Foreign Corrupt Practices Act (Ley contra Prácticas de Corrupción en el Extranjero) ha condenado a Odebrecht a pagar una compensación récord, de 3,5 millardos de dólares, de los cuales 80 % son para condenar a las víctimas de la corrupción en Brasil; 10 % en Estados Unidos; y 10 % en otros países. En Perú, por ejemplo, la Fiscalía ya acordó con la empresa la devolución de 30 millones de soles (unos USD $10 millones) a cuenta de ganancias ilícitas y reparación civil. En Panamá ya hay 18 personas denunciadas por el caso, según se conoció el 24 de enero.
Mientras más se tarde en investigar en otras naciones, menos quedará para repartir, señaló Fernández, agregando que, por mandato de la FCPA, el monto de las reparaciones por corrupción no puede ingresar a los tesoros nacionales de los países, sino dirigirse a inversión en planes sociales o educativos, como forma de reparar a las víctimas de la corrupción, que son los ciudadanos.
Quienes estén interesados en las investigaciones sobre corrupción basadas en los dictámenes de la FCPA, que son públicos, y se basan en casos ya sentenciados, pueden consultar la página web http://www.fcpamap.com.
Panampost
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