El cardenal Jorge Urosa Savino se comprometió a ayudar en el logro de fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena para los cinco policías metropolitanos acusados por los sucesos del 11 de Abril de 2002 en Puente Llaguno.
En su residencia, monseñor recibió la visita de María Pascastillo, esposa del comisario Marcos Hurtado, sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión; Yamile Hernández, esposa de Arube Pérez, sobre quien pesan 17 años y 10 meses de condena; María Bolívar, tía del agente Erasmo Bolívar; Laura Pérez de Molina, esposa del distinguido Luis Enrique Molina y sus dos hijas, de 15 y 4 años; y representantes de Héctor Rovaín, estos tres últimos condenados a 30 años de cárcel.
El cardenal escuchó atentamente las explicaciones sobre la situación legal de los exfuncionarios de la Policía Metropolitana. Todos han acumulado horas para la Redención Judicial, no sólo por su buen comportamiento, sino por horas de estudio y trabajo, que los hacen optar por el derecho recibir medidas alternativas al cumplimiento de pena, como el régimen abierto, libertad condicional y confinamiento. Se trata de que el tribunal de Ejecución de Maracay actúe conforme a la Ley y se evite seguir incurriendo en el delito de denegación de justicia, establecido en el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal. Lamentablemente nunca se activó la comisión de la verdad.
“ESTOS BENEFICIOS ESTÁN CONTEMPLADOS EN LA LEY PARA TODOS LOS CONDENADOS A PRISIÓN”
Casi 14 años después, el Cardenal escuchó durante una hora y 20 minutos el planteamiento de las familiares de los expolicías metropolitanos, quienes no entran en consideración sobre la justicia o no de la sentencia, sino en los aspectos legales, que les conceden derechos que son violentados y que establece la Ley a favor de estos cinco detenidos. “Estos beneficios están contemplados en la ley para todos los condenados a prisión”.
También le relataron Urosa Savino los detalles de las visitas cada fin de semana a la cárcel de Ramo Verde, donde esposas, madres, tías e hijos acuden al encuentro con sus seres queridos, a quienes ellas consideran injustamente privados de libertad, acusados por la muerte de dos personas el 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno.
Urosa deploró una vez más la muerte trágica de 19 personas el 11 de abril y lamentó que las otras muertes estén aún sin culpables.
En cuanto a la petición de medidas alternativas al cumplimiento de la pena para los expolicías presos, aseguró que pondrá de su parte para ayudar a que los órganos correspondientes actúen en sus casos y acuerden para ellos las medidas favorables, contempladas en nuestros códigos legales.
El carabobeño
Publicar un comentario