Pese a que Reynaldo Meza pedía ayuda desesperadamente para que lo trasladaran a un centro asistencial, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana del Centro Penitenciario Fénix, localizado en Barquisimeto, solo lo llevaron al hospital Antonio María Pineda cuando se descompensó y sufrió un desmayo. Murió cuando llegó a la emergencia del hospital.
Si lo hubiesen trasladado antes, quizá los médicos le hubieran salvado la vida. Meza tenía 64 años de edad, era de nacionalidad mexicana y estaba procesado por el delito de tráfico de drogas. “Tenía dificultad para respirar y se lo había notificado a los custodios y a los funcionarios castrenses. Cuando su cuadro se agravó, se concretó su traslado. Además de diabetes, le había sido diagnosticado días antes un tumor en la ingle. Estaba desamparado, pues no tenía familiares en el país y en la cárcel no contaban con insumos ni con presupuesto para ayudarlo con medicamentos para controlar la diabetes y el cáncer que estaba en proceso de gestación”, contó un activista de derechos humanos que, por razones de seguridad, prefirió mantener su nombre en reserva. Solo algunas fundaciones se apiadaron de su condición y le donaban fármacos para paliar su delicado estado de salud.
El servicio médico de Fénix, una cárcel que funciona bajo el nuevo régimen penitenciario, cuenta solo con un médico y un enfermero que no están disponibles las 24 horas; tampoco asisten todos los días. “No suministran medicamentos; cuando algún recluso se enferma, deben costearlos los familiares. Este es el panorama en otros centros carcelarios. Según el coordinador de la ONG Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, hay centros de reclusión que solo disponen de médicos en horario de oficina de 8:00 am a 4:00 pm. Otros no tienen y son reemplazados por enfermeros. Hay quienes solo laboran de lunes a viernes. Los pocos que trabajan no tienen capacidad de resolver por la falta de insumos y medicamentos.
8.400 reos en el país, es decir, 15% de la población reclusa, sufren de enfermedades crónicas e infectocontagiosas, de acuerdo con cifras que maneja Nieto. 60% de los enfermos padece de tuberculosis; 10%, cáncer; VIH, diabetes y problemas de hipertensión; 15% tiene enfermedades dérmicas que van ligadas a las condiciones de insalubridad del lugar, mientras que el 25% restante están contagiados de eruptivas como sarampión y lechina. Actualmente, en la cárcel de Tocuyito hay una epidemia de lechina y escabiosis. Hay más de 30 infectados y uno de ellos es el hijo de Martina Vásquez (nombre ficticio para proteger su identidad), quien lleva meses con sarna y con el tiempo la erupción se ha convertido en llagas que han minado su cuerpo.
“Él tiene una infección, le ha dado fiebre de entre 30 y 40 grados. Me llama por teléfono y me dice: ‘Mami, no aguanto la picazón. Por favor, mándame algo para controlarla’. Varias veces ha ido al servicio médico, pero no hay récipes ni medicamentos para frenar la picazón y evitar que el salpullido continúe extendiéndose. Lo único que he conseguido es un jabón azufrado. El domingo lo visité y se lo entregué, también azufre en polvo, pero no le ha hecho nada. Mientras no se erradique el foco de contaminación, el agua verde que usa para bañarse porque no hay potable, no va a cesar”, dijo Vásquez.
Medicinas bachaqueadas en las cárceles. La falta de medicamentos en las farmacias convencionales se ha convertido en un dolor de cabeza para los familiares de los reclusos. Algunos han tenido que optar a los presos que practican el bachaqueo dentro de las cárceles. Por ejemplo, Luciana Aranguren consiguió un antibiótico para controlar la infección urinaria de su esposo en uno de los pasillos del Centro Penitenciario Los Llanos, donde su cónyuge purga condena por el delito de robo agravado. Allí, en un kiosco de tabla, uno de los presos tenía una variedad de pastillas para bajar la fiebre, la tensión, vómitos y diarrea, así como también anticonvulsivos que cuestan conseguir en el mercado formal. Hasta una variedad de marcas de pastillas anticonceptivas ofrecía en el negocio. “Tuve que pagar el antibiótico en 25.000 bolívares, cuando en una farmacia vale 13.000 bolívares. No había otra opción porque es difícil encontrarlo para calmar el ardor que sentía mi esposo cada vez que tenía ganas de orinar. Hace unos meses también se enfermó de dengue y fue otro calvario lidiar con esa enfermedad”, contó la mujer.
Yilman Red, obispo ordinario de derechos humanos para Venezuela, destacó que las denuncias sobre los problemas de salud y alimentación que sufren los reos en el país fueron presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas. “Hay presos que también padecen trastornos mentales, como esquizofrenia, paranoia, que requieren una atención especializada y no la han tenido porque no hay políticas de parte del Ministerio del Servicio Penitenciario para mejorar la calidad de vida de los privados de libertad”.
Las comisarías reportan casos
En las comisarías también hay reos enfermos. Según el informe más reciente presentado por la ONG Una Ventana a la Libertad, entre septiembre y diciembre del año 2016, en los calabozos de los cuerpos de seguridad hubo 8 muertos por problemas de salud. La mayoría de los fallecidos correspondieron a tuberculosis y otros murieron por presentar cuadros fuertes de desnutrición y no fueron asistidos de forma oportuna.
Carmen Mavares, directora de Polisalias, denunció que durante más de un año tuvo un reo enfermo con cáncer de mama. “Semanalmente debíamos trasladarlo al hospital porque se descompensaba. Enviábamos varias solicitudes al Ministerio del Servicio Penitenciario para que nos asignara el cupo en un penal porque nosotros no contamos en las sedes policiales con servicio de enfermería y ambulancias para trasladarlo al hospital a hacerse exámenes. Nos veíamos en la obligación de pedirles a nuestros agentes que debían estar en la calle en labores de patrullaje para llevarlo en los vehículos de la policía a los centros de salud e incluso en una oportunidad tuvimos que invertir en medicinas”, informó.
Actualmente, en Polimiranda hay 21 detenidos que presentan cuadros de desnutrición y necesitan asistencia médica. De esa cifra, hay dos que están deshidratados.
La cifra
5 presos murieron en 2016 por problemas de salud en los centros penitenciarios, cuatro de ellos fallecieron por tuberculosis en la PGV y uno por diabetes en Fénix, según datos que maneja el obispo Yilman Red.
El nacional
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