Lo que comenzó como una falla masiva en los puntos de venta del país, terminó en un juicio militar. Los acusados enfrentan posibles sentencias de hasta 30 años, y el consorcio permanece intervenido
Trabajadores del Consorcio Credicard jamás debieron haber imaginado que, por la masiva falla en los puntos de venta del país ocurrida en diciembre de 2016, terminarían acusados de "traición a la patria".
Los imputados por este caso se enfrentan a penas de cárcel de hasta 30 años si la fiscalía militar los encuentre culpables del presunto sabotaje a la plataforma tecnológica de las operaciones bancarias ocurrida el pasado 2 de diciembre.
Por este caso, ha habido mucho hermetismo por las partes involucradas y específicamente por los bancos que forman parte del Consorcio. Sin embargo, se pudo conocer que estos ejecutivos se encuentran procesados bajo la discrecionalidad del Ministerio de la Defensa, tras haber sido presentados ante la justicia militar en lugar de una civil.
Y continúan presos desde diciembre pasado.
Esta jurisdicción se ha encargado de llevar a cabo aquellos casos penales en los cuales el Gobierno sostiene que los detenidos han ejecutado supuestos actos de zozobra, así como actos de terrorismo. Recordemos los casos recientes del trabajador de la Asamblea Nacional que voló un drone en una marcha en Caracas y del activista del partido opositor Primero Justicia detenido por la producción de un video dirigido a la Fuerza Armada, entre otros.
Los siete trabajadores de Credicard, entre ellos una mujer, fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 4 de diciembre de 2016, luego que el presidente Nicolás Maduro ordenara allanar la sede de la compañía tras el colapso de los puntos de venta de 22 bancos públicos y privados.
En una primera instancia, los detenidos fueron acusados de "ataque cibernético" y de "terrorismo financiero", a pesar de que Credicard emitió un comunicado alegando que la plataforma presentó fallas técnicas debido al incremento de operaciones a través de esta red por parte de los usuarios.
Fuentes del sector bancario señalaron que durante esa jornada las transacciones pasaron de 2 millones a 8 millones, lo que originó la caída del sistema.
Durante la semana siguiente también continuaron los problemas para que los usuarios pudieran utilizar sus tarjetas de débito y de crédito, aunque en menor medida. Expertos financieros y economistas atribuyen las fallas frecuentes del sistema de pagos a la escasez de puntos, y a la falta general de dinero efectivo.
El chavismo ha insistido en que la economía y las finanzas del país son objeto de una "guerra económica", es por ello que para el Gobierno lo sucedido forma pare de un manejo fraudulento de la plataforma tecnológica. El director del Sebin, Gustavo González López, informó en diciembre que los representantes de Credicard fueron capturados en flagrancia y los calificó de ser los autores y ejecutores de un supuesto "plan de traición económica a la Patria", según escribió en su cuenta en Twitter. "Continúa la guerra financiera dentro y fuera del país, en lo interno vulneran operatividad bancaria" y que se cometió un "perverso ataque por omisión dolosa a la plataforma de transacciones bancarias (...) Investigamos presunta complicidad de Credicard en delitos contra la Patria mediante la inoperatividad de la plataforma".
LO QUE LES ESPERA
Los representantes de Credicard fueron presentados ante la jurisdicción militar y se encuentran dentro de los 45 días del plazo reglamentario para que el fiscal que lleva el caso emita el acto conclusivo. Estas personas fueron presentadas ante el juez el pasado 8 de diciembre, luego de 12 horas en manos del Sebin.
Los involucrados son el presidente ejecutivo del Consorcio Credicard, Víctor Gago; la vicepresidente de operaciones, Geraldine Abreu; el vicepresidente de control y riesgo, Harry Mader Schumacher; el especialista en almacenamiento y respaldo de redes, Clarión Suárez López; el vicepresidente de infraestructura, José Montañes; el vicepresidente técnico de tecnología, Laurentzi Bilbao Rangel y José María Montañez, vicepresidente de infraestructura en la empresa.
La suerte de los detenidos se centra en las tres decisiones que puede tomar el fiscal durante la presentación del acto conclusivo y que están tipificados en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
En primer lugar, puede solicitar un sobreseimiento si se evidencia que durante la investigación no se consiguieron datos suficientes para enjuiciarlos y en consecuencia salen en librtad. Segundo, se presenta el archivo fiscal, con el cual se informa al juez que aún no hay elementos para tener una acusación certera y pide que los imputados sean liberados mientras continúan las investigaciones.
En tercer lugar, el fiscal puede acusarlos si cuenta con elementos de convicción para solicitar que proceda el pase a juicio.
Si la fiscalía presenta la acusación, se otorga un plazo de 10 días para que se debata lo que solicite la fiscalía militar y en la que se presentan los acusados, sus abogados, el fiscal, un representante de la Procuraduría y el juez.
La presencia de la Procuraduría General en este caso obedece a la denuncia realizada por el Ejecutivo, en la cual se alega que tras el ataque cibernético se generaron daños a la República. Luego de los alegatos presentados por cada una de las partes, el tribunal decide si los ejecutivos de Credicard van a juicio o no.
El Consorcio Credicard fue creado en 1988 y sus accionistas son el Banco de Venezuela con 33,34% de participación, y los bancos del Caribe y Occidental de Descuento (BOD) con 33,33% cada uno. Maneja las transacciones con tarjetas de débito y de crédito de 22 bancos. Luego del allanamiento se indicó que la empresa podría ser objeto de estatización, pero esto aún no ha sucedido.
La sede, ubicada en Chacaíto, sigue con custodia permanente del Sebin y las operaciones son vigiladas por funcionarios armados.
"LOS OTROS" INVOLUCRADOS
Por este caso, también fue interrogado por el Sebin, el presidente del BOD, Víctor Vargas, el pasado 12 de diciembre. Según lo indicado a través de nota de prensa de la entidad bancaria, el banquero fue "invitado" a conversar con el director de ese cuerpo de seguridad, Mayor General Gustavo González, luego de "acudir por sus propios medios" a la sede del organismo ubicada en Plaza Venezuela.
Indicó que el BOD, al igual que el resto de los accionistas de Credicard, "participa en las decisiones ejecutivas que se toman en la junta directiva" de ese consorcio "pero no ejecuta la gestión diaria de las operaciones".
El presidente Maduro también afirmó en una cadena de radio y televisión que algunos de los socios y directivos del Consorcio Credicard eran familiares del diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henry Ramos Allup; aunque dijo no tener certeza de ello.
"El viernes pasado, familiares de Ramos Allup utilizando sus contactos en la banca dejaron sin servicio a un porcentaje muy alto, casi 40% de los tarjetahabientes del país, jugando con fuego. Están todos presos, todos están en los tribunales y van para la cárcel a pagar por sabotaje, son familiares de Ramos Allup los responsables del ataque al Credicard, lo tengo que decir yo, para que lo sepan. Y van a ir presos otros más", afirmó el mandatario.
Tal cual
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