María Alejandra Castillo tiene a su hijo recluido en esos calabozos por el delito de robo. Asegura que él no está entre los amotinados, pero igualmente teme por su vida.
Una semana, lo mismo que lleva el conflicto en los calabozos de Politáchira, lleva pernoctando a las afueras de la comandancia general, en La Concordia, un grupo de familiares de privados de libertad, de los que -aseguran- no han sabido nada desde el jueves en la tarde, cuando inició el motín y la toma de rehenes.
Confiesan sentirse agotados física y mentalmente, agobiados por la incertidumbre de no saber con certeza qué está ocurriendo en el interior de los calabozos, donde dos efectivos policiales y diez civiles se encuentran retenidos por varios internos que exigen su traslado a la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua.
Duermen sobre periódicos y cartones, a un costado de la sede policial; se arropan con cualquier cosa que les dé calor o, sencillamente, tratan de conciliar el sueño a la intemperie. Comen lo que pueden o lo que otros familiares, que sí viven en San Cristóbal, o algunos vecinos del sector, en oportunidades les han brindado.
La mayoría son mujeres, algunas acompañadas de niños, a los que -dicen- no pueden dejar solos en sus casas, pues viven en municipios vecinos como Fernández Feo, Guásimos o Panamericano, e incluso provienen de otros estados, como Carabobo y Barinas. En medio del llanto, el desaliento y la impotencia, clamaron la finalización del conflicto.
María Alejandra Castillo tiene a su hijo recluido en esos calabozos por el delito de robo. Asegura que él no está entre los amotinados, pero igualmente teme por su vida.
“No sabemos cómo están ellos. Esto es una zozobra, ya queremos que termine esta pesadilla, por Dios. Los que están allá adentro son personas, policías y presos, no animales, que entonces respeten sus derechos. Son ocho días hoy y no nos han dado una sola información, y no queremos que maten a nuestros hijos, o qué es lo que están esperando, que haya un hecho de sangre”, preguntó la mujer, visiblemente afectada.
Dijo Castillo que vivía “de Naranjales para abajo, pero he tenido que quedarme aquí, sobre cartones. No nos hemos querido ir porque sencillamente, como madres no podríamos tener paz ni tranquilidad, y nos da miedo que ocurra una desgracia y ni nos enteremos. Por favor, señor gobernador, póngase la mano en el corazón; señora ministra Iris Varela, si en sus manos está que esto termine, que termine ya, queremos paz y tranquilidad”.
Por su parte, Judith Reverón dijo que vive en La Laguna de Palmira y, al igual que María Alejandra, desde hace cuatro meses tiene detenido allí a su hijo, por robo. Esta semana que pasó el muchacho tenía una audiencia, pero ante la situación irregular en los calabozos, esta diligencia no fue posible, tal como ocurrió con otros privados de libertad.
“Tengo ocho días aquí, y de aquí no me he movido. Y más que preocuparme por qué voy a comer hoy, me preocupa qué le voy a dar de comer a mi hijo, me importa más que él coma. Nos han prohibido pasarles varios alimentos, como la ‘aguapanela’, no sabemos por qué. La mayoría, lo que les puede pasar es agua y pan, eso es lo que están comiendo. Mi hijo, así como el de la señora, no está metido en ese problema, pero nos preocupa porque también está adentro, en medio de esa situación y no vemos que se resuelva”.
“No van a negociar porque dicen que esto un montaje político”
José Gregorio Castillo, exfuncionario de Politáchira y actualmente vocero de Seguridad ante la Mesa de Unidad Democrática, dijo ayer que “hoy se cumplen 8 días del secuestro y se debe a la negligencia del señor gobernador del estado y la directiva de la institución, que dicen que no van a negociar porque los policías rehenes dizque son parte del índice político, ya que el señor Vielma Mora ha dicho que están involucrados con la oposición, que esto es un complot para dañarle su gestión, solo porque estos dos policías firmaron la solicitud del revocatorio, pues toda la nómina firmó por el revocatorio. También señalan de opositora a la esposa de una de estos policías rehenes porque es maestra. Pero les dejo claro que dos funcionarios no se van a prestar para eso, no van a actuar de esa manera, están amenazados de muerte. Por todo esto, como exfuncionario de esta prestigiosa institución policial y de otros compañeros en la misma situación, les exigimos respeto, Hoy mismo queremos que se solucione, se están vulnerando los derechos, tanto de los internos que se encuentran ahí, como de dos policías que tienen en riesgo su vida”.
Al consultarle si tenía conocimiento sobre el estado de salud de los dos policías, señaló que, “por videos de ellos, dicen que se encuentran bien, pero eso es mentira. Ahí todos están sufriendo. Si los internos están solicitando su traslado desde hace ocho días, que también han estado esperando sus familiares, por favor actúen. Si los reclusos quieren traslado, pues que los lleven, ese es su petitorio. Aquí hay hacinamiento. Más de 450 internos en una sala donde solo pueden tener 200, pues que entonces se dé su traslado, y que se haga una mesa de transición porque esta junta directiva lo que ha hecho es dañar la institución. Recordó que en la última situación similar registrada en Politáchira, en 2011, el acuerdo entre amotinados y los negociadores duró escasamente tres días.
Agregó además que el funcionario activo de Politáchira Ronald Pérez, que el miércoles declaró ante la prensa a favor de sus compañeros rehenes y que se acelerara la negociación, fue llamado este jueves para que se presentara ante la oficina de Recursos Humanos, y no desestimó que, como mínimo, fuera sancionado por atreverse a hablar.
Fuente:Diario la nacion