Al despertar lo primero que hacía Rolando Guevara era prender el televisor. La mañana del 19 de noviembre de 2004 una noticia rompió la tranquilidad de esa rutina. “¡Mataron a Danilo Anderson!”, dijo a su esposa el comisario de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ). Sobresaltada, Jackeline Sandoval sabía que la muerte del fiscal iba a suponerle un día difícil. Así que eligió una ropa acorde para ir a su trabajo en el Ministerio Público: se vistió de negro.
Anderson había fallecido la noche anterior por la explosión de su carro en Los Chaguaramos de Caracas. Iba a clases de posgrado. El día después, Sandoval fue citada junto a casi todo el personal del Ministerio Público, a un salón grande en la fiscalía general. Se murmuraba una sola cosa: las incongruencias en el caso Anderson. La mujer escuchaba a compañeros criticar el mal manejo de la escena del crimen.
Según las investigaciones, un explosivo plástico tipo C-4 fue colocado debajo del asiento del conductor en la camioneta de Anderson, de 38 años, el 18 de noviembre. Al parecer fue activado con una llamada telefónica. La camioneta, incendiándose, se estrelló contra un edificio en la zona residencial. Fue un final trágico para la vida de un fiscal controversial, que tenía más de 400 averiguaciones bajo su tutela, incluyendo la del 11 de abril de 2002. Autodefinido como izquierdista, es enaltecido por seguidores del Gobierno como uno de los fiscales más brillantes.
Los Guevara son dos hermanos y un primo que dedicaron su vida a las ciencias policiales. Rolando era comisario. Su hermano Otoniel fue primer comandante de la policía de Aragua y secretario general de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Juan, el primo, también perteneció a la PTJ pero se retiró siendo inspector. “Eran funcionarios de carrera impecable. No estar de acuerdo con las políticas del Gobierno los llevó a tener roces. El desenlace fue un pase de factura”, reflexiona Sandoval en una entrevista 12 años más tarde.
-Recuerdo que el fiscal general de la República para ese momento, Isaías Rodríguez, dijo que iba a llenar un autobús con los culpables del asesinato de Anderson. El hecho fue calificado primero como terrorismo, luego como sicariato y por último como terrorismo de nuevo, dice Sandoval. La opinión pública estaba conmocionada.
Rolando Guevara, un funcionario con 20 años de servicio y una hoja de vida impecable, aún estaba sano y joven. Pero el año del asesinato fue jubilado por la policía de investigaciones sin mayor explicación. Su esposa defiende que la verdadera razón era política: no era precisamente popular dentro de la fuerza por su inclinación chavista. Eso lo hacía un sospechoso eterno ante cualquier caso en el que el Gobierno estuviera interesado en hallar chivos expiatorios.
Como profesora de la escuela de fiscales del MP, Sandoval asistiría a un curso de formación en el interior el 23 de noviembre. Rolando la pasaría buscando por la peluquería para llevarla al aeropuerto. La abogada se quedó esperando mientras escuchaba a otras mujeres comentar sobre noticias de sucesos. El teléfono del esposo y comisario caía en la contestadora. Eso empezó a preocupar a la fiscal, no solo porque perdería el vuelo. Su marido no aparecía.
Un hecho alimentaba la preocupación y suspicacia de la fiscal. Desde el 20 de noviembre, dos días después del atentado contra el fiscal Anderson, Juan estaba desaparecido. Había sido sacado de su casa por funcionarios policiales. Rolando, de personalidad calmada, se había dedicado a buscar en hospitales y comandancias. La familia no imaginaba la conspiración que ya estaba en marcha.
Rolando Guevara, antes de buscar a su esposa en la peluquería, iba en camino a casa de su mamá, en El Cafetal. Al igual que Juan fue interceptado. Una camioneta impactó su vehículo, le obligaron a bajarse y a montarse en otro. Sucedió en una de las calles largas que tiene esa urbanización. La detención de Otoniel se confirmó el día después.
Los hermanos Guevara fueron secuestrados por un Gobierno que necesitaba culpables. afirma Sandoval. Desde el 20 hasta el 23 de noviembre pasaron sus días amordazados, maniatados y torturados. A Rolando, innato investigador, le hacían preguntas que hasta parecían obvias y tontas, como el nombre de sus hermanos. “Bueno, pregunten algo que ya a estas alturas no sepan”, respondía quejándose. Otoniel practicó karate y fue difícil someterlo, por lo que fue envuelto en tirro parcialmente. “Les metieron electricidad para torturarlos, y cuando denunciamos dijeron que eran picadas de zancudos”.
Aparecieron al tercer día al sur de Carabobo, en la vía El Paíto. Ya para entonces Sandoval había puesto la denuncia de la desaparición de los Guevara. A los hermanos les sorprendió que en su sitio de cautiverio un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana apareció diciendo que los había rescatado. Fueron llevados en helicóptero y lo que pensaban que se trataba de un rescate, era en realidad una captura.
Ya en la fiscalía rindiendo declaraciones, Sandoval se enteró que los hermanos Guevara habían sido detenidos y trasladados a Caracas. A su hermana, quien esperaba en uno de los pasillos para dar su versión, una funcionaria policial le insistía con una seña. “¿No quieres ir al baño?”, “Ya el baño va a cerrar”, “¿Seguro no quiere?”. Cuando las dos mujeres se encontraron en el baño a la hermana de Sandoval le soltaron la verdad: “A ese muchacho lo van a matar”. Era la confirmación de un crimen que estaba planificado contra los Guevara.
La casa de Sandoval había sido allanada por hombres que se había cruzado en los pasillos de fiscalía. Cuando la mujer se encontró con su esposo, en los calabozos del servicio de inteligencia, no había angustia en la actitud de Rolando: él siempre fue comedido y tranquilo. Quizá eso le ha ayudado a aguantar tantos años en prisión.
EL TESTIGO ESTRELLA DE LA FISCALÍA, GIOVANNI VÁSQUEZ, UTILIZÓ SU TESTIMONIO COMO SUPUESTO PARAMILITAR PARA INCULPAR A LOS POLICÍAS
El juicio de los Guevara fue, como define Sandoval, una mala novela. Resultó una sorpresa que la fiscalía nunca llamó a declarar a los funcionarios que actuaron en las investigaciones. “¿En qué juicio pasa eso, cómo no iban a llamar a testificar a quienes supuestamente tenían las pruebas?”. Al contrario, el testigo estrella de la fiscalía, Giovanni Vásquez, utilizó su testimonio como supuesto paramilitar para inculpar a los policías.
Y el camión que había prometido Isaías Rodríguez comenzó a llenarse. No eran solo los Guevara, sino nombres de opositores férreos aparecían como parte de una gran conspiración. El carácter político del caso era indiscutible. La periodista Patricia Poleo, el banquero Nelson Mezerhane, el general Eugenio Añez y Salvador Romaní. Todos menos la comunicadora social se presentaron a la justicia y fueron puestos en libertad bajo fianza luego. Poleo se fue al exilio.
Vásquez era supuestamente un paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Se confesó en el juicio como integrante de la “operación Halcón”. El fiscal presentó 167 medios probatorios, pero el único que demostraba la culpabilidad de los Guevara era el testimonio de Vásquez, un médico psiquiatra de nacionalidad colombiana.
Un año después del juicio, en 2006, Vásquez dijo en una entrevista con la periodista María Angélica Correa que todo el juicio había sido un montaje del fiscal general, Isaías Rodríguez. Y que había recibido tres millones de dólares para aprenderse un guión que arrojó al menos siete versiones distintas en los interrogatorios, dijo Sandoval. El exfiscal del caso, Hernando Contreras se fue al exilio y denunció persecución. Desde el exterior reconoció también que todo había sido un montaje del Gobierno para culpar a alguien por la muerte de Anderson. “Es lamentable lo que está pasando, yo no debí estar en ese caso, pero estaba de guardia”, confesó el fiscal a Sandoval, quien ya había dejado su cargo para asumir la defensa de su esposo, cuñado y el primo.
El 20 de diciembre de 2005 los hermanos Rolando y Otoniel Guevara fueron condenados a 27 años. Su primo, Juan, a quien se le añadió el delito de porte ilícito de armas, recibió 30 años de condena. “Rolando sí tenía arma de reglamento cuando lo secuestraron, pero a los policías les interesó más robársela, así que no la reconocieron en las actas policiales”.
En noviembre de 2011 los hermanos Guevara ya tenían acceso a medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Rolando escribió una carta a la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, quien dijo en una entrevista que todos los presos tenían derecho a sus beneficios. Pero no los políticos, respondió el comisario.
La corte de apelaciones no hizo nada. Copió textualmente la sentencia y la ratificó. Algo que era novedoso y que más recientemente se vio en casos como los de Leopoldo López. “Nosotros fuimos los primeros. Con nosotros comenzaron las largas listas de injusticias”, dice Sandoval.
Es como un manual del socialismo: ¿Cómo destrozar la vida de una persona?, debería llamarse, apunta la exfiscal, quien se convirtió en activista de derechos humanos y dio inicio a la Fundación por el Debido Proceso (Fundepro) que defiende a los presos políticos.
Reinaldo y Rolando, de 17 y 20 años, son los hijos del matrimonio entre la fiscal y el comisario sentenciado la mañana del 19 de noviembre de 2004 al prender la televisión y ver las noticias. Crecieron sin conocer qué es pasar un domingo en la playa con sus amigos. “Ya sabían que esos eran días de visita. Ni siquiera los invitaban”.
–¿Qué esperan después de tantos años?
-Que salga en libertad. Que esa familia que nos robaron regrese. Nos hemos mantenido porque somos personas de justicia. ¿Cómo el Gobierno se da el lujo de echarnos a perder la familia?, porque cuando meten preso a alguien, también está presa su familia.
El carabobeño
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