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Ustedes se preguntarán, qué tiene que ver una cosa con la otra, pero aquí  les tenemos un cuento. O mejor dicho, un hecho real, tan tangible como que los venezolanos nos estamos muriendo de hambre porque el Gobierno no solo se sumerge en infinitas tramas de corrupción, sino que también mezcla los pasteles.

La tarde del 10 de febrero, tres días antes de que la OFAC, oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sancionara a Tareck El Aissami y a su testaferro, Samark José López  Bello, la Cámara de Comercio de Puerto Cabello registró le llegada al país del buque San Antonio, de bandera liberiana, el cual cargaba unas 11.600 toneladas de comida. El contenido descrito en las actas era “kits de alimentos” y el consignatario de la carga era la Corporación de Abastecimiento y Servicio Agrícolas (CASA), una empresa estatal (la misma involucrada con el caso de PUDREVAL que les hemos comentado en ocasiones anteriores) que utilizó la compañía Postar Intertrade Limited para realizas transacciones en el país.

Esta última compañía fue fundada en el 2013 (recién llegando el gobierno de Maduro) por Samark López Bello, empresario que fue sancionado el 13 de febrero por las autoridades del Departamento del Tesoro por ser el testaferro del vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, de quien aseguran tener pruebas que lo vinculan con el tráfico de más de una tonelada de cocaína a EE.UU. Pues resulta que ambos están acusados de promover el narcotráfico en la región y en función de ello, sus propiedades y cuentas bancarias que se encuentran en los Estados Unidos, fueron congeladas por el Estado norteamericano.

La relación entre el narcotráfico y las bolsas CLAP deriva en que Samark, además de sus turbulentos negocios con sustancias psicotrópicas, también se encuentra en el negocio redondo de las bolsas CLAP, pues esas 11.600 toneladas de comida que ingresaron por Puerto Cabello a través de CASA como puente de Postar Intertrade Limited –su compañía- iban dirigidas a abastecer a tales bolsas.

La mayor parte de los alimentos que se encontraban en los 633 contenedores que portaba el buque, provenían de Panamá y fueron adquiridos en México –desde donde se realiza la ruta del narcotráfico-, según informó la revista Informes, que sigue de cerca los movimientos de la carga marítima. Fuentes consultadas para este trabajo contaron a El Pitazo que las cajas con alimentos habían sido ensambladas con productos como harina, granos, salsas y café provenientes de EE.UU., México y Panamá –porque ustedes saben que aquello de invertir en la producción y el talento nacional no es negocio por los boliburgueses, sino no tienen cómo cocinar sus guisos así-.

Y sobre esto último es donde yace lo más interesante: el precio internacional del combo que viene dentro de la bolsa CLAP es de 8 dólares, pero el gobierno los importa a 35. Es decir, por cada caja hay 27 dólares que no se sabían a dónde terminaban. Ya lo sabemos ahora… a los bolsillos de Samark y, seguramente, los de su compadre Tareck El Aissami, el vicepresidente de la República.

Ahora, ¿de dónde salió Samark López? Pues entre los años 2002 y 2004 trabajó como jefe de Planificación y Presupuesto en la Gobernación del estado Mérida, de donde luego salió tras denuncias acerca de irregularidades en su gestión. Como premio, para el 2010 era uno de los principales contratistas de PDVAL, mejor conocido como PUDREVAL, el programa de alimentación gestionado por PDVSA que pasó a la historia por el escándalo de descomposición de más de 400 toneladas de alimentos comprados también a países en el exterior, los cuales nunca fueron distribuidos a los venezolanos.

Posteriormente, también como premio a su excelente gestión pudriendo los alimentos de los venezolanos, a partir del 2012 figura como accionista de un banco en Miami, estado Florida, y desde entonces es un habitual residente de esa zona. Porque esos guisos ¡sí que pagan bien! Pero la historia sigue, a mediados de 2013 se vinculó su nombre a la compra de la Cadena Capriles, el conglomerado de medios más grande del país, dueño del periódico con mayor tiraje, Últimas Noticias, que desde su venta, sólo sigue las directrices que dicta el despacho de El Aissami, según revelaron antiguos trabajadores del medio.

Otra cosa que resalta a la vista es el objetivo inicial de Postar Intertrade Limited, la compañía de Samark para importar alimentos al país. Inicialmente su meta era proveer casas prefabricadas al Gobierno, según indica la propia página web del empresario. Ahí se asegura que la compañía ha tenido experiencia en relaciones con marcas europeas y de Estados Unidos. Home Depot y Graybar aparecen como firmas con las que Postar se habría asociado. En Venezuela, López Bello consiguió numerosos contratos con algunas empresas privadas y con el Estado, resaltando sobre esta última que no aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), que es un requisito indispensable para poder hacer contrataciones y acuerdos comerciales con cualquier ente oficial de Venezuela. Porque todo debe quedar en el oscurantismo que ha impuesto este Gobierno en esta etapa de la historia del país.

Finalmente, no olvidemos que para realizar estas transacciones de importación, estos boliburgueses enchufados gozan del acceso a las tasas preferenciales del Estado, el cual se coloca en Bs. 10 por dólar, mientras el cambio a la segunda tasa oficial se ubica en más de Bs. 600 y en el mercado negro ya supera los Bs. 4 mil. A su vez, a nosotros los venezolanos las bolsas CLAP nos cuestan Bs. 11.000, dos dólares y medios al cambio libre pero más de mil dólares a la tasa preferencial que es a la que ellos compran los productos importados. ¡Módica suma la que se están embolsillando a costa de nosotros! Además del guiso del sobreprecio a quienes le compran los productos.

En Venezuela la crisis, la escasez de alimentos y la caída del poder adquisitivo de los venezolanos ha causado que más del 70 % de su población haya bajado críticamente de peso.

"Las Voces del Hambre", conducido por el periodista venezolano Fernando Girón, fue producido por el también periodista venezolano Alberto Rodríguez Palencia.

Telemundo51

El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) solicitó el lunes al presidente Donald Trump la concesión de un “alivio migratorio” para los “miles de venezolanos” que buscan “refugio y asilo” en este país.

En una carta dirigida a Trump, Veppex, con sede en Miami, le pide que estudie la posibilidad de la concesión de este beneficio a los venezolanos que “se encuentran en Estados Unidos huyendo de la feroz dictadura que impera” en Venezuela.

En opinión de Veppex, la deportación de estos venezolanos a su país de origen sería “condenarlos a muerte”, resaltó en un comunicado Henry Clement, vicepresidente de la organización de exiliados del país suramericano.

Clement recuerda en la carta al mandatario estadounidense la “caótica situación” que sufre Venezuela, donde “no se respetan los derechos humanos y los más criminales” copan los cargos e instituciones y han convertido al país petrolero en un “Estado fallido”.

Por ello, Veppex insta a Trump a que conceda los beneficios de un “alivio migratorio” a los venezolanos que solicitan “refugio”, “se encuentren ya en Estados Unidos y no tengan antecedentes criminales”.

El secretario general de la ONU Antonio Guterres nombró el lunes a un diplomático noruego, que trabajó en el proceso de paz de Colombia, para que trate de resolver la vieja disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana para fines del año.

El portavoz de las Naciones Unidas Stephane Dujarric anunció el nombramiento de Dag Halvor Nylander como representante personal de Guterres con un "reforzado mandato de mediación".

El 16 de diciembre, Dujarric dijo que el entonces secretario de la ONU Ban Ki-moon y Guterres, que lo sucedió a partir del 1 de enero, habían acordado el uso del "buen oficio" del jefe de las Naciones Unidas para resolver la disputa que comenzó en 1990.

Si Guterres concluye que se ha logrado suficiente progreso para el final de 2017, Dujarric dijo que el secretario general referirá el asunto a la Corte Internacional de Justicia para lograr un acuerdo - a menos que los gobiernos de Guyana y Venezuela le pidan conjuntamente que no haga esto.

La disputa tiene orígenes en la "Entrega Arbitral de 1899", decisión sobre la frontera entre Venezuela y lo que ahora es Guyana.

Venezuela sostiene que la decisión no tiene efecto legal y dice que le pertenece alrededor de un 40% del territorio de Guyana, que es rico en oro, diamantes, madera y otros recursos naturales. Guyana, que es mucho más pequeño geográficamente que Venezuela, rechaza los alegatos y está presionando a la ONU para que lleve el caso a la Corte Internacional de Justicia.

Dujarric dijo que Nylander "trabajará activamente con los gobierno de Guyana y Venezuela con la intención de explorar y proponer opciones para una resolución a la polémica fronteriza entre ambos países".

Nylander es un abogado noruego que fue enviado especial de la ONU al proceso de paz de Colombia del 2012 al 2016 y también dirigió la misión de Noruega al país sudamericano del 2006 al 2008. Antes trabajó en la misión de la ONU en Noruega en Nueva York y su embajada en Buenos Aires.

El nuevo herald

La popularidad de la oposición venezolana ha caído en más de 10 puntos porcentuales y los independientes son ahora la principal fuerza del país, tras la decepción generada por la participación de los adversarios al chavismo en el proceso de diálogo con el régimen de Nicolás Maduro.

La población venezolana, agobiada por la más severa crisis económica de los últimos 10 años, también siente una gran decepción ante la actuación de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) frente a la negativa del régimen bolivariano de permitir la realización de un referendo para revocar el mandato de Maduro, dijo Jesús Seguías, presidente de la encuestadora Datincorp.

“La oposición ha perdido 10 puntos [porcentuales] desde diciembre del 2015 al mes pasado […] Eso se debe en gran medida a estrategias fracasadas que generaron decepción”, comentó Seguías en una entrevista telefónica.

“Los venezolanos no ven salida de inmediato y hay un estado de gran frustración y de desencanto. Se incrementó la cantidad de venezolanos que desconfían de los políticos en general, tanto del gobierno como de la oposición”, agregó.

Según Seguías, el respaldo del gobernante Partido Unido de Venezuela (PSUV) se mantiene en entre 18 y 20 por ciento, mientras que el de la MUD se ubica ligeramente por encima de 33 por ciento, frente a los niveles superiores al 45 por ciento que tenía hace algo más de un año.

El segmento que creció en los últimos meses fue el de los independientes, quienes no se identifican con el PSUV o con la MUD y quienes ahora superan a los integrantes de las otras dos agrupaciones.

“Los independientes ya no creen en los partidos políticos y están ahora buscando opciones distintas”, advirtió Seguías.

Para muchos observadores, la credibilidad de la oposición venezolana se vio duramente golpeada el año pasado por su decisión de participar en el diálogo, iniciativa emprendida por un grupo de ex presidentes cercanos al chavismo y bendecida por el Vaticano.

La participación en la iniciativa es vista como uno de los mayores desaciertos emprendidos por los líderes de los partidos de oposición y una señal de que dentro de la MUD no existe un consenso sobre como enfrentar al chavismo, dijo desde Washington Pedro Mario Burelli, ex director externo de Petróleos de Venezuela.

“Quienes se han metido a forzar el diálogo están haciendo un análisis totalmente absurdo. No están entendiendo, pese a todas las señales que hay, la naturaleza del régimen, los miedos del régimen y lo mucho de lo que se tienen que proteger las figuras fundamentales del régimen”, dijo Burelli, quien frecuenta los pasillos diplomáticos de Washington.

Pero no todos los que impulsan el diálogo lo hacen de buena voluntad, advirtió Burelli.

“La oposición está dividida entre gente que entiende el problema y tiene el coraje de decirlo, quienes entienden el problema pero tiene miedo de decirlo y quienes se han alineado ya con el gobierno porque sienten que son piezas débiles dentro del juego y están buscando un acomodo”, agregó.

Esos que están buscando el acomodo son los sectores de la oposición que siguen promoviendo el diálogo, pese a señales de que sólo beneficia a Maduro y sin que existan posibilidades reales de que el chavismo opte por negociar una salida del poder.

Y los dirigentes de la MUD que aún luchan por sacar a Maduro deben entender que hay falsos opositores dentro de sus filas y deberían apartarse de ellos, dijo Burelli.

“[Los falsos opositores] son tipos que dicen, no vamos a ganar y en la oposición la tendencia mayoritaria tampoco me favorece a mi, entonces yo hago vida con la oposición pero voy a negociar con el gobierno”, explicó.

“Lo que está debilitando al núcleo opositor es una unidad falsa, y creo que si vas a montar una unidad se podría prescindir de algunos elementos, y decir, no importa, porque esos tipos en realidad no están sumando nada y se han convertido en un obstáculo”, dijo Burelli.

Dentro de los errores cometidos por la oposición también está su decisión de centrar los esfuerzos opositores en tratar de conseguir la realización de un referendo revocatorio, estrategia que también denota una errada visión sobre el adversario, agregó Seguías.

“¿En qué estaban pesando cuando dijeron que Maduro se iba en seis meses?”, preguntó Seguías. ¿Qué les llevó a pensar que Maduro iba a aceptar cándidamente un revocatorio que ellos sabían iban a perder y que significaba que ellos tendrían que irse del gobierno?”, cuestionó el encuestador.

“¿Está el chavismo preparado para irse del gobierno?”, insistió.

El nuevo herald

El jefe de la división de Suramérica del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), Adrianus Koetsenruijter, pidió hoy al Gobierno de Venezuela respetar la Constitución y llamó a relanzar el diálogo entre el Ejecutivo y la oposición.

“Se trata de respetar la Constitución, de respetar los derechos humanos básicos y fundamentales como la libertad de expresión, opinión y asociación”, explicó Koetsenruijter durante su intervención en la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo (PE)

En ese sentido, recordó que muchas personas han sido encarceladas sin las adecuadas condiciones de “transparencia” e insistió en que el Gobierno de Caracas debe respetar “los principios básicos de la democracia”.

El representante del SEAE, que dirige la vicepresidenta de la Comisión Europea (CE) y alta representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad, lamentó el “alto nivel de confrontación” entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional, donde la oposición obtuvo dos tercios de los escaños en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015.

“Desde entonces, el Ejecutivo ha dejado de lado el papel de la Asamblea”, aseguró el jefe de la división de Suramérica del SEAE, que también reconoció la división de la sociedad en el país caribeño.

Como muestra de la polarización de Venezuela, Koetsenruijter recordó las abundantes manifestaciones organizadas en septiembre del año pasado, cuando “hasta un millón de personas” marchó contra las políticas de Maduro y “miles” lo hicieron a favor.

A su juicio, las convocatorias y el malestar ciudadano derivan de los problemas económicos del Estado, centrados, en su opinión, en la bajada de los precios del petróleo durante los últimos dos años, pero también en la “mala gobernanza económica”.

Según Koetsenruijter, esas deficiencias ayudan a explicar problemáticas como la violencia.

“Las condiciones económicas y, por tanto, las sociales y otras consecuencias como los altos niveles de violencia son una problemática muy grave, presente y visibles para la población”, declaró.

A ese respecto, manifestó la especial preocupación de las instituciones comunitarias por los 600.000 ciudadanos con pasaporte de la Unión Europea, en su mayoría españoles, italianos y portugueses, que residen en Venezuela, así como por el alto volumen de inmigrantes que “no creen tener posibilidad alguna de trabajar y vivir un futuro” en el país.

También destacó las dificultades de los venezolanos para acceder a los medicamentos y manifestó la disposición de los Veintiocho a cooperar con el Estado.

Sobre el relanzamiento del diálogo, remitió a las conclusiones del consejo de Asuntos Exteriores del pasado julio, donde los ministros de la UE expresaban su convencimiento de que los socios y organismos regionales en América Latina, así como otros actores internacionales “clave” debían desempeñar un papel impulsor de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición.

En cuanto al nuevo Gobierno estadounidense, Koetsenruijter recordó que el secretario de Estado, Rex Tillerson, mostró su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela.

La mayoría de diputados coincidió en pedir una posición “firme” a la Unión Europea, denunció el encarcelamiento de presos políticos y lamentó la situación en el país, así como el estancamiento del diálogo.

No obstante, el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el español Javier Couso, aseguró que Leopoldo López, encarcelado desde 2014 acusado de instigación pública, daños a la propiedad, incendio y asociación para delinquir “no es el líder de la oposición, sino el líder de un partido político que apostó por formas violentas”.

“La Asamblea es uno de los cinco poderes que establece Constitución en Venezuela y no está por encima del presidencial”, recalcó el eurodiputado de Izquierda Unida. 

EFE

Venezuela recuerda este 27 de febrero como la fecha que marcó el inicio del sacudón que conmocionó al país por más de 10 días, en una espiral de violencia que causó la muerte de alrededor de 300 personas y la desaparición de otras 3000, además de daños a la propiedad privada y de manera especial a cientos de comercios en todo el territorio nacional.

El Caracazo  ha guardado una escalofriante similitud con las innumerables protestas que se han dado a lo largo de la era del chavismo. A veces las imágenes dice más que cualquier palabra:

Dolar to day

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, concluyó su visita de Estado a España y para regresar a su país hizo uso de un vuelo comercial.

Por medio de las redes sociales se encargó de informar su viaje en las Aerolíneas Argentinas, donde se le puedo ver acompañado de su esposa.

Además de ofrecer las bondades de este servicio, mostró su boleto y felicitó al equipo de vuelo. A diferencia del presidente venezolano Nicolás Maduro que viaja de madrugada, con docena de acompañantes, guardaespaldas y en un avión destinado solo a él.

Por: Francisco José Virtuoso

Venezuela vive tiempos de cautiverio. Tiempos de opresión. Es mucho el sufrimiento y el dolor de las grandes mayorías, a la vez que se cierran las posibilidades de cambio.

Cada día se agrava más la situación social de nuestro pueblo. Son alarmantes las cifras recientemente publicadas por la Fundación para el Desarrollo Integral del Docente. El 91% de los encuestados dijo que no le alcanzó el dinero para adquirir alimentos balanceados para sus hijos. El 50% de la muestra dijo que sólo come dos veces al día.

El estudio realizado en cuatro entidades federales por Caritas – Venezuela, entre octubre y diciembre de 2016 y presentado en enero de 2017, reveló las siguientes conclusiones: “En las parroquias bajo monitoreo de la situación nutricional, el 25% de las niñas y niños evaluados mostraron alguna forma de desnutrición aguda y el 28% mostraron riesgo de desnutrición”. Al evaluar estos datos, el informe concluye que: “los niveles registrados de desnutrición aguda global en las 4 entidades federales en conjunto, son cercanos a una situación de severidad media según el sistema de clasificación de la OMS para evaluar la desnutrición en poblaciones. Para algunos estados específicos como Zulia y Vargas, la prevalencia de desnutrición aguda global ya sobrepasó los umbrales de severidad media y coinciden con los límites que definen una situación de alarma o crisis en los marcos internacionales de clasificación de las crisis humanitarias”.

Sirvan estos datos sólo como referencia para poner en evidencia la gravedad de la situación que padece nuestra gente. En breve, las universidades Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica Andrés Bello darán a conocer a los medios las cifras del estudio de condiciones de vida para el año 2016 y sus comparaciones con los años anteriores.

En medio de tanto sufrimiento, causa alarma e indignación que la élite que detenta el poder político y militar del Estado venezolano se empeñe en cerrar cada vez más la puertas a la expresión institucional del descontento popular que se manifiesta de las más variadas formas y que busca desesperadamente transitar hacia condiciones más humanas de vida. Primero fue cerrar las puertas a la solicitud de referendo revocatorio presidencial, conjuntamente con la postergación de las elecciones regionales y locales. En días recientes el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con la respectiva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia ordena un proceso de legitimación de los partidos políticos que busca dos objetivos: el primero, llevar las elecciones regionales para diciembre de 2017, y, en segundo lugar, eliminar una buena parte de los partidos de oposición y del chavismo distintos al gran partido oficial PSUV.

Además de postergar elecciones y sacar del juego a varios partidos, continúa el acoso judicial contra la Asamblea Nacional, diputados de oposición, organizaciones no gubernamentales, etc. Pero como parece que no basta con cercenar las posibilidades de acción de los grupos políticos disidentes, se ha diseñado y puesto en práctica un mecanismo de control oficial directo a todos aquellos que se ven en la necesidad de acudir a los sistemas de compensación que ofrece el gobierno nacional a través las diversas Misiones y programas sociales de los cuales dispone, especialmente de las bolsas de alimentación que distribuyen los CLAP. Se trata del Carnet de la Patria. Una suerte de nueva cédula de identidad que cruza los datos de las personas con su filiación y participación política. Es la reedición de la tarjeta cubana de abastecimiento. En los manuales de texto esta práctica se conoce como Estado corporativo.

Por:Carlos Blanco

      @carlosblancog

Los partidos que dominan la MUD afirman que este año habrá elecciones regionales porque así lo determina la Constitución; pero consideran que aspirar a elecciones presidenciales es exageración porque no se encuentran previstas.

Ante afirmaciones tan tajantes no es inútil recordar el referéndum revocatorio de 2016. Era también un instrumento previsto en la Constitución, capaz de ser activado a través de los pasos que las fuerzas democráticas dieron después de que Henrique Capriles hizo la propuesta. Se generó expectativa por la posibilidad de salir de Maduro a través de un procedimiento pacífico, electoral, democrático y constitucional, según el mantra opositor. Al mismo tiempo, los dirigentes opositores no concebían que el RR pudiera ser detenido. Capriles afirmaba: “El revocatorio será este año y punto”; se daba como segura la recolección del 20% de las firmas y el mismo dirigente aseguraba: “El gobierno no podrá detener el RR este año tras recolección del 20%”, y tanta confianza tenía que sostenía: “No puede haber diálogo hasta no tener fecha de RR”. Por su lado, la MUD ratificaba: “El RR será este 2016”, y Enrique Márquez de UNT, categórico: “Este año habrá RR”. Julio Borges no se quedaba atrás: “Este año tiene que haber referéndum porque lo estamos pidiendo con 10 meses de anticipación; es un derecho en la peor crisis que vive el país y lo vamos a ejercer”.

Pero no hubo RR 2016, a pesar de la constitucionalidad de la consulta y de la certeza que transmitían los dirigentes. Ahora, con la misma seguridad, varios de estos afirman que si se procuran las elecciones de gobernadores en 2017, estas tendrán lugar porque están en la Constitución.

¿Acaso Maduro no se ha saltado toda obligación constitucional? ¿Es que no se acuerdan de cuando varios gobernadores chavistas le plantearon a Maduro por qué ellos tenían que relegitimarse en unas elecciones cuando él se negaba al RR? ¿Es que no se ha tomado nota de los dichos de Tania D’Amelio, rectora del CNE, según los cuales: “Renovación de partidos políticos se extiende hasta el 21 de junio y convocatoria a elecciones regionales queda interrumpida hasta que finalice la renovación de los partidos políticos”? ¿No les suena a aquello de que el “RR 2016 es absolutamente inevitable y Maduro no puede impedirlo”?

No se trata de preferir elecciones presidenciales a las regionales o viceversa. La cuestión es que Maduro, el cínico, “no tiene tiempo para elecciones”. La fuerza que se necesita para imponerle elecciones, que va a perder, es la que se necesita para sacarlo del poder.

Por: Emili J Blasco

        @ejBlasco

Otro familiar de Cilia Flores, la primera dama venezolana, ha sido señalado como presunto responsable de actividades delictivas y corrupción. En esta ocasión se trata de su sobrino Eduardo Gámez Flores, teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, que ha sido denunciado por su vinculación en la compra ilegal de oro y diamantes, llevada a cabo con dinero supuestamente proveniente de empresas públicas venezolanas. A finales del año pasado, dos sobrinos fueron condenados por narcotráfico en Nueva York, en un juicio en el que también se apuntó a otro sobrino y a un hermano de Cilia Flores, como colaboradores en el negocio.

La denuncia ha sido realizada por quien asegura haber sido testigo directo de las operaciones, el primer teniente Jesús Curvelo, que ha huido del país ante evidencias de que su vida corría peligro. En un escrito dirigido a la Asamblea Nacional de Venezuela, Curvelo sitúa a Gámez Flores en una red dirigida por dos altos mandos del Ejército retirados, el general Francisco Rangel Gómez, gobernador del estado Bolívar, y por su comisionado especial para el sur del estado, donde se concentra la mayor parte de la minería ilegal de oro y diamantes. Se trata del también general Julio César Fuentes Manzulli.

La organización estaría contando con apoyos en la cúpula militar

La denuncia apunta a Fuentes Manzulli, de quien el denunciante Curvelo fue ayudante durante catorce años, como el responsable directo de la entrega de armas a pranes o bandas criminales que se encargan de la extorsión y la violencia en la zona. También habría hecho encargos de sicariato. Según Curvelo, para encubrir la entrega de armas, estas eran declaradas como robadas. Diversas matanzas han sido atribuidas a los pranes en los últimos años, como la que tuvo lugar en 2016 en la localidad de Tumeremo, en la que fueron asesinados 28 mineros.

En esta red, Gámez Flores habría sido el enlace con los oficiales del Área de Defensa Integral Guayana, que incluye el estado Bolívar, y se habría implicado en la compra de oro y diamantes utilizando dinero en efectivo proveniente de empresas estatales. Para las transacciones contó con un colaborador, conocido como «Toti», con el que varias veces se reunió el denunciante.

La organización estaría contando con apoyos en la cúpula militar. Fuentes Manzulli mantiene estrechas relaciones con el comandante general del Ejército, Jesús García Toussaintt, ambos de la promoción de 1985, conocida como «Los centauros de Chávez». Otros miembros de esa promoción habrían cooperado en las acciones criminales y de corrupción promovidas por los acusados, como sería el caso de los generales Efraín Velasco Lugo y Julio César Morales Prieto.

Transporte de billetes

En una de las operaciones, ordenada por el gobernador Rangel Gómez, Curvelo acompañó a Fuentes Manzulli en un avión privado del Ejecutivo a Caracas, donde en un hangar militar recibieron veinte bolsos grandes con dinero en efectivo, así como cajas de tarjetas de telefonía móvil para ser distribuidas supuestamente en los municipios sureños para la campaña de las presidenciales de 2013.

El denunciante cuenta que fue detenido en octubre de 2015 durante una misión que le encargó Fuentes Manzulli. Mientras transportaba cajas conteniendo 33 millones de bolívares en efectivo, desde Ciudad Bolívar a Tumeremo, Curvelo resultó interceptado por un mando ajeno a la operación, que pedía participar en los beneficios. La carga viajaba en un vehículo oficial, pero sin placas. El dinero provenía de entidades públicas, como Pdval, Mercal, Bicentenario y Gas Comunal, y se iba a emplear en la compra de oro.

Curvelo cree que Fuentes Manzulli dio órdenes para que le asesinaran en la prisión. A pesar de ser militar en activo, fue encerrado en una estrecha celda con veinte delincuentes comunes. Uno de ellos le aseguró haber recibido el encargo de matarle, pero no quiso cumplir el cometido; cuando ese preso fue liberado, resultó acribillado desde un vehículo que Curvelo cree que pertenecía a la gobernación del estado Bolívar.

Las Regiones de Defensa Integral, REDI, cumplieron las instrucciones que dio Padrino López en enero y es así cómo los 25 puntos esbozados en el documento Guía de planeamiento del Ministerio de Defensa y del Ceofanbse convirtieron en proyectos y operativos cuyo fin no solo sería defender “la revolución socialista”, sino que iría mucho más allá.

Dichos operativos buscarían combatir a los eventuales enemigos internos y externos del gobierno (sectores de oposición, delincuencia organizada y Estados Unidos); tener el control de las empresas productivas del Estado y de medios de comunicación si continúa lo que identifican como “ataques a líderes militares revolucionarios”; y la creación de una fuerza especial “ciberguerra” si el escenario bélico contra el gobierno se traslada a Internet.

Todo lo anterior se traduce en censura a los medios y control del internet, en especial las redes sociales.

En los documentos Operacionalización de la guía de planeamiento 2017 se insta a la FANB a prepararse para “incluir el máximo uso de los medios convencionales” (radios y televisión pública y privada) “y no convencionales” (redes sociales) contra la virtual “guerra de cuarta generación” que padecería la “revolución socialista”.

Ello implica instrucciones para que monitoreen las “incautaciones, decomisos de equipos y de medios (que hagan) la FANB o funcionarios de seguridad de Estado”.

Este domingo falleció un bebé de seis meses de nacido por desnutrición. El bebé fue identificado como Julio César Jiménez Acosta.

La mamá del infante lo llevó a un CDI de la Parroquia Santa Rita en la entidad, pero llegó sin signos vitales.

No es el primer caso de niños fallecidos por mala alimentación en Venezuela, donde lo costoso de la comida y la escasez de la misma han hecho estragos en la población.

Maduradas

Mariana Bello, de 44 años, supo que su vida en Venezuela se había terminado en diciembre pasado, durante el colapso monetario y el estallido de ira social que acompañó la retirada del billete de 100 bolívares (no concretada todavía, tras varias marchas atrás del gobierno). “Fue una burla al pueblo”, dijo. Así lo reseña lanacion.com.ar

Por Daniel Lozano

Más de dos millones de venezolanos emigraron de su país desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999. ¿Por qué? Hoy, cuando la revolución bolivariana celebra su mayoría de edad, sufre los peores males: la mayor inflación del planeta, el desabastecimiento de alimentos, la violencia galopante, la escasez de medicamentos y la ausencia de horizontes políticos.

Empujados por la desesperanza, en los últimos meses, miles de venezolanos emprendieron por ruta la travesía hacia el sur del continente, porque los pasajes aéreos están demasiado caros. Los destinos favoritos son Colombia, Ecuador, Perú, Chile y la Argentina. Hasta Buenos Aires, por ejemplo, el trayecto cuesta más de 30 salarios mínimos (unos 300 dólares).

Estéfano Bartolomeo (21), el hijo de Bello, también estaba convencido de irse del país luego de 12 meses de decepción política. Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y militante opositor, depositó todas sus esperanzas de cambio en la Asamblea Nacional, que sobrevive hoy a duras penas, prisionera del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

“Mi amor, te saco de este país. No he tenido un chamo [chico] para que me lo maten”, repite Bello sus propias palabras, sin dejar de mirar a Estéfano. Ambos se confabularon: comenzaba la gran huida.

La tendencia de los últimos años se transformó en una fuga vertiginosa en los últimos meses. Una estampida que hoy, sobre todo, mira al Sur. La consultora Datanálisis confirma algo que el venezolano siente a su alrededor y en sí mismo: nueve de cada diez ciudadanos prefieren irse del país. Para el 93% de los encuestados, sus ingresos sólo alcanzan para adquirir, como mucho, la mitad de los productos que necesita para vivir. El 48% confiesa que puede comprar “muy pocas cosas”.

Producir en el país es una tarea cada vez más complicada. A los problemas para adquirir divisas e insumos se ha sumado la caída en la demanda y más recientemente la disminución de la mano de obra calificada, pues los trabajadores renuncian a las empresas porque el sueldo que perciben es insuficiente para cubrir sus gastos.

Dirigentes gremiales coinciden en que la fuga de talento se empezó a agudizar a mediados del año pasado y afirman que ha aumentado en lo que va de 2017. Aseguran que está renunciando tanto el personal con preparación universitaria como los obreros con muchos años de experiencia.

“El talento con grados universitarios y los operarios más calificados se están yendo del país en la búsqueda de más ingresos y una mejor calidad de vida, mientras que hay otros operarios que no están tan calificados y viven en zonas de difícil migración que han optado por dedicarse a la economía informal o han decidido realizar actividades ilícitas para obtener más ingresos”, afirmó la abogada Maryolga Girán, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria.

Girán aseguró que el origen del problema son las distorsiones que hay en la economía, así como los altos índices de inseguridad ciudadana y las fallas en el suministro de los servicios públicos, como agua y electricidad.

Recordó que las empresas trabajan por debajo de su capacidad instalada ante la falta de materia prima y eso hace que caiga la producción, se reduzcan los ingresos y no haya dinero suficiente para aumentar los sueldos de manera considerable. “Los turnos que eran más atractivos para los empleados eran el de la noche y el de los fines de semana y en muchas empresas los han tenido que eliminar porque como no tienen insumos suficientes no hay necesidad de mantener esas líneas operativas, están paralizadas”.

Porfirio Tamayo, presidente de la Cámara de Industriales del estado Miranda, coincidió: “A las empresas se les hace muy difícil pagar más porque ante la falta de materia prima trabajan alrededor de 40% de su capacidad. Están produciendo menos y eso les dificulta dar sueldos acordes a la realdad”.

Los empresarios agregan que la inflación, que ascendió a 800% en 2016, según cifras extraoficiales, ha hecho que los sueldos pierdan la capacidad de compra. “Hay mucha gente que recibe 75% de sus ingresos por el bono de alimentación. Sabemos que es una situación complicada. La escasez y la inflación que tenemos hace que la gente se vaya a buscar otras alternativas de ingresos”, agregó Giorgio Reni, presidente de la Cámara de Industriales de Lara.

Indicó que la fuga de talentos es una de las peores consecuencias de la crisis económica. “En este momento estamos exportando una materia prima no renovable para nosotros. Son personas muy bien preparadas, con mucha experiencia que se están yendo a otros países y que no son fáciles de reemplazar”.

Aseguró que la fuga de talentos ocurre hasta en las empresas familiares. “Hay muchos emprendimientos en los que trabajan padres e hijos que se han visto afectados. Los más jóvenes se van y los que quedan se desaniman. Pero estamos trabajando para tratar de cambiar esta situación”.

Gino De Benedettis, presidente de la Cámara de Industriales de Zulia, reiteró que se trata de una gran pérdida. “Nuestros mejores profesionales y técnicos se están yendo. No sé determinar cuánto más podemos aguantar en esta situación. Si sales a buscar un tornero o un ebanista no lo vas a conseguir. Si necesitas un ingeniero para desarrollar un proyecto tampoco lo vas a conseguir”.

Los industriales insistieron en que es necesario que el gobierno entregue más divisas para la compra de materia prima, se desmonten los controles de precios y se flexibilicen los créditos de la banca pública, para que haya un aumento en la producción y la situación mejore.

Para retener

Maryolga Girán destacó que para evitar que más personal se vaya, algunas empresas han decidido implementar distintas estrategias. “Hay empresas que tienen como objetivo superar este año, pensando que la situación va a cambiar. Están haciendo lo que pueden, dan varios bonos en el año, pagan tickets de alimentación adicionales, entre otras cosas”.

Aseguró que en estos momentos es fundamental que otras empresas realicen todo lo que esté en sus manos para retener al personal. “Si la empresa quiere sobrevivir a esta crisis tiene que tratar de darle a su gente lo más que pueda. Además del dinero, debería buscar la manera de invertir en la formación. Si se tiene un talento joven, por ejemplo, hay que prepararlo para los tiempos mejores que van a venir”.

Indicó que las empresas deben motivar a sus trabajadores constantemente. “Hay que invertir en el salario emocional. Se le debe demostrar a la gente lo mucho que importa. También es muy importante mantener a los trabajadores informados. En la medida en que la empresa se abre al personal es más fácil contar con su solidaridad y apoyo”.

El nacional

Las importaciones masivas para suplir la caída de la producción nacional carecen de evaluaciones de control de calidad y registro sanitario 

Aunque pasaron de ser entregados en una bolsa a venir dentro de una caja de cartón, los 12 productos que distribuyen los Comités de Locales de Abastecimiento y Producción no equivalen en espacio ni siquiera a la mitad del tradicional carrito de mercado. La idea de personas recorriendo pasillos para decidir qué producto y en qué cantidad comprar ya estaba descartada con el creciente desabastecimiento pero quedó totalmente abolida con la implementación de los CLAP.

En Hogares de la Esperanza, un centro dedicado a la atención de los hijos de mujeres presas, ubicado en San Antonio de Los Altos, en Miranda, han tenido que reinventarse para mantener las tres comidas diarias y que sigan siendo balanceadas. “Empezamos a hacer arepas de zanahoria y remolacha. Ya teníamos dos semanas en ese plan y un día la hicimos de yuca con crema de arroz. Uno de los niños me dijo ‘tía, gracias por la comida, pero yo quiero una arepa de verdad”, cuenta la hermana María José González, directora administrativa del hogar. La escasez ha cambiado la dieta.

“No es que no busquemos alternativas, estamos haciéndolo y con asesoría nutricional, pero la crisis nos está cambiando el tipo de comida que consumimos. Hace tiempo que en el hogar no podemos hacer pabellón, por ejemplo. Cuando hay arroz, no hay carne, cuando hay carne no hay caraotas. Es inaceptable que la gente no pueda comer su comida, porque mientras estemos pensando en conseguir los alimentos no vamos a pensar en nada más”, dice González.

Los patrones alimentarios definen a las poblaciones. Son una representación de su cultura, nacionalidad, selección natural e incluso evolución. “Cuando el patrón se altera eso es una violación a la seguridad alimentaria. Aquí se altera el patrón alimentario de una forma muy dramática no porque el venezolano lo decida sino porque no tiene acceso a alimentos que le son totalmente afines”, explica María Soledad Tapia, profesora del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Central de Venezuela.

La última Encuesta de Condiciones de Vida, realizada en 6.413 hogares de todo el país por la UCV, la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello, refleja que las preferencias de compra han cambiado en la población. Desde 2016 las hortalizas y los tubérculos se encuentran en los primeros lugares de la lista de productos que las personas adquieren, por encima de la carne o el pollo que quedan relegados a la sexta y séptima opción. Las primeras siguen siendo harina de maíz, arroz y harina de trigo. Según ese sondeo, 48,7% de la población cree que su dieta es monótona o deficiente.

“Uno de los principios de la alimentación es que la persona coma lo que quiere. El Estado se lleva eso por delante  al no garantizar la producción de alimentos y con la implementación de los CLAP. Cómo obligas a alguien a pagar por un frasco de mayonesa si quizás una familia prefiere comprar un paquete de harina que necesita más y le rinde más”, critica Susana Raffali, nutricionista experta en seguridad alimentaria en situaciones de emergencia y desastres.

El gobierno nacional asegura que se está beneficiando a 25% de los venezolanos con la distribución de productos. Sin embargo, lo que trae la caja dura entre 5 y 10 días. “Es un fracaso masivo desde el punto de vista de las garantías de seguridad alimentaria”, señala Raffali.

El contenido de la caja no es balanceado, no incluye productos frescos como frutas y hortalizas, por ejemplo, no es uniforme pues no todas contienen lo mismo, y no es regular en la entrega. Pero además de eso, como la producción nacional no es suficiente, el gobierno ha optado por importar alimentos de países como Colombia, Brasil, Panamá y México para distribuir a través del CLAP. Esos productos no siempre cumplen con las normas venezolanas y la mayoría no cuenta con registro sanitario nacional señalado en el empaque.

El 20 de agosto de 1992 se publicó en Gaceta Oficial el decreto presidencial N° 2.492 para el enriquecimiento de la harina de maíz precocida, luego de que estudios nacionales indicaran que había déficit de vitamina A, hierro y vitaminas del complejo B en la población. Los expertos determinaron en ese momento que la harina era el vehículo idóneo para aportar esos nutrientes por su fácil acceso, amasado, preparación, cocción rápida, amplio consumo y precio asequible entre los venezolanos. “Esa acción ayudó a reducir los niveles de anemia en el país. Pero los reportes del programa de vigilancia de fortificación de harina que llevaba el Instituto Nacional de Nutrición dejaron de publicarse”, indica Raffali.

El diputado Carlos Paparoni, vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, denuncia que las harinas importadas para los CLAP no cuentan con enriquecimiento “La harina mexicana es para hacer tortillas y no para arepas, por lo que no tiene fortificación. Además, se gasta más harina en la preparación. Un kilo de harina venezolana alcanza para hacer 20 arepas, mientras que 1 kilo de harina mexicana rinde para 15 a 17 arepas. La leche en polvo tampoco viene enriquecida con proteínas y minerales como la nuestra y muchas veces ni siquiera es leche sino producto a base de lactosa”.

Riesgos a granel

El distintivo nacional de las cajas CLAP es la etiqueta en la que aparecen las caras del presidente Nicolás Maduro y del ex presidente Hugo Chávez. Tienen mensajes que aluden al poder popular, la contraloría social y la producción local. El contenido, sin embargo, no tiene nada de patriótico. Aunque uno de los objetivos de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano y Seguro era “disminuir paulatinamente la dependencia de abastecimiento externo de productos estratégicos”, desde que fueron publicados los lineamientos de la misión en el decreto presidencial N° 2.367 en la Gaceta Oficial N° 40.941, el 11 de julio de 2016, la presencia de alimentos importados se ha incrementado en el contenido de las cajas.

“Al consumir este producto, usted apoya el desarrollo del campo mexicano”, dice la bolsa de caraotas, por ejemplo. Mientras tanto, los productores venezolanos mantienen una deuda de 1.500 millones de dólares con proveedores internacionales de materia prima por falta de liquidación de divisas por parte del Centro Nacional de Comercio Exterior, Cencoex; los ganaderos abastecen apenas 25% del consumo nacional de carne y 40% del de leche, según datos de Fedenaga; y la producción agrícola de 2017 solo podrá cubrir 30% de la demanda del país, de acuerdo con Fedeagro.

El decreto presidencial, además, faculta al Comando para el Abastecimiento Soberano para la “simplificación y agilización de trámites administrativos para la procura y nacionalización de productos estratégicos” para sectores de la agroindustria e industrias vinculadas con la salud, la producción de bienes para la higiene personal y aseo del hogar.

La flexibilización de normas de importación supone evaluar el riesgo-beneficio asociado. Los alimentos, explica el profesor Amaury Martínez, del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la UCV, pueden contaminarse con micotoxinas que tienen efectos cancerígenos a largo plazo. “Una crisis como la nuestra es una triada: problema político, económico y social. Hay que jugar con el riesgo-beneficio. Algunas de estas micotoxinas que vienen con el maíz pueden generar cáncer a largo plazo, pero con la importación resuelves el problema inmediato de la población”.

Por eso, señala el experto, es necesario que se cumplan los rigurosos pasos de control de calidad. Los procedimientos de importación de alimentos establecen que un funcionario del Ministerio de Alimentación debe ir al país al que se le va a comprar comida a evaluar el producto. “Puede pedirse que cada hora se tome una muestra de los paquetes de harina, por ejemplo, luego mezclas todas esas muestras y sacas otra más pequeña que es la que se analiza”, señala. Lo mismo debe repetir el Instituto Nacional de Higiene cuando la carga llega al país.

La laxitud en el control de calidad se traduce en otra preocupación: las importaciones que se hacen a granel, pues no se conocen las condiciones de los depósitos en los que se acopian los alimentos antes de ser empaquetados. La única información al respecto, que proporciona la página web de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, La Casa, es que cuentan con ocho centros operativos para el almacenamiento seco de los alimentos que tienen capacidad para guardar hasta 23.420 toneladas. Aunque no señalan la ubicación de cada centro, a Raffali le preocupa que no se cumplan con criterios de seguridad e inocuidad. “Hay normas mínimas que la industria venezolana ha sabido llevar con rigor y confiabilidad. La sustitución que han hecho los CLAP de la industria alimentaria está llena de riesgos. No necesitábamos perder el sistema habitual de distribución de alimentos”, critica la nutricionista.

Además advierte que con algunos de los productos empaquetados que se traen del exterior se están violando normas de etiquetado, pues vienen en otros idiomas y no garantizan que los usuarios entiendan el contenido de lo que están consumiendo.

“Para importar cualquier tipo de alimento preparado o materia prima, tiene que existir una certificación del ministerio que compruebe que el producto es alimenticio, que está libre de riesgos, que es inocuo y que cumplen normas de calidad. Eso es sometido a la dirección de Contraloría Sanitaria, que recibe todos los recaudos y emite un veredicto, hace la aprobación y da un registro sanitario, indispensable para importación, distribución y consumo”, agrega José Félix Oletta, ex ministro de Sanidad.

El costo de las pruebas de inocuidad varía entre 150.000 y 200.000 bolívares dependiendo de su nivel de especificidad. Se desconoce si se están realizando, pero hay antecedentes que levantan suspicacias.

En 2015, un grupo de investigadores publicó en el número 46 de la Revista del Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” los resultados de los análisis de muestras de alimentos importados y vendidos a través de Mercal en el estado Nueva Esparta entre 2006 y 2014. La investigación verificó 101 lotes con 370 unidades de muestras, recolectadas por inspectores públicos, de alimentos envasados como harina de maíz, leche en polvo, pasta alimenticia, mortadela, salchicha cocida, carne congelada, pollo congelado, leche, atún enlatado y carne de almuerzo. De los 101 lotes, 54 procedían de Venezuela, 24 de Brasil, 9 de Ecuador, 6 de Argentina, 5 de Nicaragua, 1 de Colombia, 1 de Italia y 1 de Uruguay.

2 lotes de leche y 2 de carne congelada presentaron cantidades superiores a las permitidas de aerobios mesófilos, un indicador de calidad microbiológica, en alguna de las unidades analizadas. 3 de los 9 lotes de salchichas cocidas incumplieron alguno de los requisitos recomendados de calidad; así como 5 de los 16 lotes de harina de maíz mostraron recuentos de mohos por encima de la norma y 10 de los 17 de leche en polvo presentaron recuentos de esporas termófilas, identificadas más frecuentemente en los últimos 4 años de la investigación. La conclusión del INH es que había fallas de control durante la cadena de producción, reenvasado, almacenamiento a temperaturas adecuadas o comercialización de materias primas o productos terminados.

“Por leyes internacionales, ningún país debe enviar cargamentos con alimentos que excedan sus normativas locales, pero igual muchos lo hacen porque los productos que no aceptan en un país se envían a países con normativas más laxas”, advierte Martínez.

El negocio de la caja

Las denuncias del diputado Paparoni asociadas a la importación de productos para la distribución a través de los CLAP señalan a Samark López, dueño de la empresa Postar Intertrade Limited —y supuesto socio del vicepresidente Tareck el Aissami y sancionado recientemente por Estados Unidos— como uno de los beneficiarios del sobreprecio de 337,5% que se le carga al Estado y de 2.814% a los consumidores. La caja cuesta 8 dólares, pero Venezuela la paga en 35 dólares (con divisas aprobadas por Cencoex a tasa preferencial de 10 bolívares por dólar) y luego los usuarios la adquieren en 10.200 bolívares y no en 350 bolívares que sería el precio al cambio oficial.

Las acusaciones no han tenido respuesta oficial. En la página web del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria, las últimas noticias son una réplica contra el contralor del estado Bolívar a quien se le acusó de desmantelar la sede de esa entidad, una jornada de inspección en plantas purificadoras de agua, y una jornada especial de tramitación de licencias para trabajadores de la institución de la sede central. La falta de importancia que le dan a las denuncias de Paparoni se repiten en los sitios web de otros entes como el Ministerio de Alimentación, de Salud, el INH y el INN.

Aunque el gobierno asegura que sus acciones apuntan a resolver la crisis alimentaria del país, solo 0,9% de las personas dice que los CLAP son su fuente de abastecimiento principal. “Lo que se necesita para restaurar la seguridad alimentaria es restablecer la industria alimentaria nacional, y restituir las formas de procesar, distribuir y vender nuestros productos habituales”, asegura Raffali.

Se duplican brotes de enfermedades transmitidas por alimentos

La vigilancia del número de brotes y casos relacionados con enfermedades transmitidas por alimentos —infecciones o intoxicaciones— puede funcionar como indicador de la inocuidad de los productos que se están consumiendo en el país. De acuerdo con los Boletines Epidemiológicos elaborados por el Ministerio de Salud, en la última década ha habido cambios en el comportamiento de este tipo de patologías: durante el primer quinquenio, de 2007 a 2011, se produjeron 137 brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, con un promedio de 37,4 brotes anuales; mientras que entre 2012 y 2016 se duplicó la cantidad de brotes a 279, con un promedio de 55,8 brotes anuales.

Representado en número de casos también hubo un aumento. En el primer período se registraron 3.873 casos (774,6 casos anuales) y durante el segundo período ocurrieron 4.040 casos (808 casos anuales). “Una de las explicaciones para este ascenso podría vincularse con la calidad de los alimentos que consumimos en Venezuela, especialmente aquellos que carecen de garantías de inocuidad”, señalaron en un comunicado la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología.

Por lo tanto, instaron al gobierno nacional y al Ministerio de Salud a aclarar si se están cumpliendo a cabalidad las disposiciones obligatorias para el consumo y comercialización del Reglamento General de Alimentos del ministerio y sus normas complementarias.

Sin versión oficial

Con el fin de conocer los procesos de control de calidad de los alimentos que se importan y consumen en el país, El Nacional, visitó las sedes del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y del Instituto Nacional de Nutrición. Ningún funcionario proporcionó información. También se solicitaron entrevistas a través de los correos electrónicos del Ministerio de Alimentación y del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. No se obtuvo respuesta.

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