Dos empresarios de Miami fueron arrestados está semana bajo cargos de lavado de dinero en conexión con la transferencia de $100 millones desde Venezuela a cuentas en Estados Unidos, anunció la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, quienes operaban una empresa de exportación de equipos de construcción ubicada en Doral, una ciudad en el Condado Miami-Dade, fueron arrestados en Miami.
Los empresarios son acusados por la Fiscalía Federal de Manhattan de cometer delitos financieros, incluyendo la transferencia ilegal a cuentas en el exterior de dinero perteneciente a funcionarios venezolanos.
Según la acusación presentada en corte, los dos hombres presuntamente ganaron millones de dólares a través del esquema ilegal, bajo el cual empresas extranjeras, principalmente venezolanas, transferían dinero a Estados Unidos que esquivaban los instrumentos de antilavado de dólares.
“Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz presuntamente operaban en las sombras de un banco fuera del sistema financiero normal para mover más de $100 millones a los Estados Unidos”, dijo el fiscal federal de Manhattan, Preet Bharara.
Agregó que los negocios ilegales de transferencia de dinero, especialmente aquellos que no cumplen con las normativas bancarias, generan canales “peligrosos” y no regulados para lavar dinero y para cometer otros delitos financieros.
Casos como estos pretenden cerrar las redes clandestinas que ayudan a los delincuentes transferir dinero alrededor del mundo, enfatizó Bharara.
a acusación señala que Luis Díaz Jr, 74 y Luis Javier Díaz, 49, utilizaron la compañía que ellos poseían entre el 2010 y el 2016 para “efectuar la transmisión” de millones de dólares desde entidades fuera de Estados Unidos, principalmente Venezuela, a bancos en Estados Unidos y en otros lugares, a cambio de una comisión.
Durante ese período, la compañía no se encontraba registrada con el estado de Florida o con la a Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), como es requerido por las leyes estatales y federales para compañías dedicadas a la transferencia de dinero.
En una de las operaciones detectadas, los acusados presuntamente utilizaron su compañía para transferir más de $100 millones a Estados Unidos a nombre de un consorcio de compañías de construcción.
Después de recibir esos fondos de la compañía venezolana, los acusados recibieron instrucciones que incluían el lugar donde el dinero debía ser enviado, de acuerdo con las autoridades.
“De esa manera, los acusados enviaron dinero a nombre de la compañía venezolana a cuentas bancarias en Estados Unidos y en el exterior pertenecientes a funcionarios del gobierno de Venezuela”, enfatizó la fiscalía en un comunicado.
Las autoridades también detectaron transferencia de fondos pertenecientes a empleados de la compañía venezolana y de otras personas que no tenían relación con esa empresa.
La fiscalía agregó que decenas de millones de dólares de estos pagos fueron a parar a “compañías de papel” abiertas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas.
Los acusados también trasfirieron fondos de otras compañías venezolanas y de empresas de otros países latinoamericanos y cobraban una comisión de dos por ciento de los montos que ellos procesaban.
Los acusados frecuentemente recibían facturas falsas de quienes tenían previsto recibir los fondos para dar la impresión de que se trataban de pagos de bienes y servicios adquiridos por la compañía de Doral, cuando en realidad el dinero era para beneficiarios en Estados Unidos y otros países que no tenían una verdadera relación comercial con esa empresa, explicó la fiscalía.
Las facturas falsas pretendían entorpecer el escrutinio de las transferencias al suministrar una explicación para pagos valorados en varios millones de dólares.
Luis Díaz Jr y Luis Javier Díaz enfrentan un cargo de conspiración y otro cargo de operar un negocio de trasferencia de dinero sin licencia, delitos que podrían acarrear sentencias de cinco años y 20 años, respectivamente.
Los acusados también enfrentan un cargo de conspiración y otro de lavado de dinero, los cuales también podrían acarrear otros 25 años de prisión.
El nuevo herald
Publicar un comentario