Todas las estrategias y acciones al momento de contener las manifestaciones respetan un escalafón que va desde el propio presidente Nicolás Maduro, hasta el soldado que la ejecuta.
Cada una de ellas parecen estar enmarcadas en la estrategia “cívico-militar” Plan Zamora 200. De allí, que cada palabra dicha por el mandatario y Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) sea tomada como una orden.
“Viene un año 2017 en poner el énfasis de la liberación territorial de nuestra patria de las lacras del paramilitarismo que nos viene de la ultraderecha”, aseveró Maduro durante los ejercicios de prueba en el marco de la mencionada maniobra el pasado 28 de diciembre.
Tras 55 días consecutivos de protestas en el presente año, la estrategia suma 2.660 personas detenidas; más de 50 muertos y miles de heridos, de acuerdo con organismos como Foro Penal Venezolano y el Ministerio Público.
Y es que en el control de manifestaciones parece haber uso excesivo de la fuerza. “Sin duda hay un uso indiscriminado de métodos y medios de guerras durante las protestas de parte del Gobierno. No hay un uso diferenciado para el uso de la fuerza ni para la utilización de gases”, alerta la abogada defensora de Derechos Humanos y presidente de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel.
¿Pero, quién da la orden?
Para los entendidos, la pregunta parece tener una sola respuesta: el mandatario Nicolás Maduro.
“La primera orden viene del Presidente al Comandante estratégico operacional; de allí pasa al Comandante de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi); quien la envía a las Zonas de Defensa Integral (Zodi), pasando finalmente a las Áreas de Defensa Integral (ADI), conformados por los Comandantes a quienes se les distribuye las fuerzas de defensa integral en cada estado”, explica el mayor general retirado y excomandante de la Redi Cliver Alcalá Cordones.
Pero dentro de esta estructura existe una figura preponderante en el ejercicio del “orden interno” en la región capital y es la del general Fabio Enrique Zavarse Pabón, comandante de zona para el orden interno número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Zavarse estuvo a cargo del operativo de seguridad con despliegue militar activado de cara a la instalación de la nueva Asamblea Nacional, en enero de 2016.
Tres meses después, el general lideró la operación de desalojo, de forma violenta, de periodistas y diputados por parte de funcionarios de la GNB, en la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando opositores protestaban para pedir la entrega de las planillas necesarias para la recaudación de firmas de cara a un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
Aún así, el principal responsable de la ejecución de cada orden es el jefe de Estado, reitera Alcalá Cordones. “El presidente se sujeta a lo que haga cada uno de sus subordinados dentro del Estado de derecho o no, porque él dio la orden”.
Critica la ambigüedad dentro del Plan Zamora 200, cuyos estatutos aún no son de conocimiento nacional. “Cuando se genera ambigüedad, se genera confusión de acción también.
Y eso deja criterio a cualquiera a actuar a su discreción y eso es responsabilidad del inicial generador de la estrategia”. Incluso, el excomandante de la Redi resalta que el único respaldo que existe para defender las acciones que acabaron con la vida de los protestantes es la mencionada estrategia “cívico-militar”. Por lo que el uso de las armas que se contemple dentro de esta maniobra será responsabilidad de quien lo suscribió.
¿Por qué el Plan Zamora 200 es la base para estos casos?
San Miguel expone que cada componente tienen su propia organización para el control del orden interno y el despliegue de las operaciones. Sin embargo, cuando se despliegan acciones conjuntas pasan a la orden del comandante del Redi. Y son precisamente este tipo de acciones las que están englobadas dentro del Plan Zamora 200.
Por ello, que el mandatario hiciera un llamado a liberar al territorio de las “lacras de la ultraderecha”, durante los ejercicios de prueba de la estrategia “cívico-militar”, generó tanto ruido en la opinión pública. Esto, gracias a la tendencia del jefe de Estado a tachar de “ultraderechista” a la mayoría de sus opositores.
“Eso fue una forma de alentar a aquellos que lo siguen, a una manera de acción que asimile que todo aquel que no piense como el presidente es una lacra por estar en contra de su proceso”, concluye Alcalá Cordones.
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