La crisis institucional y social que se vive en Venezuela ha provocado que en los últimos días se hayan presentado tres hechos de enorme gravedad y que han llamado la atención del gobierno Colombiano.
El sobrevuelo de un helicóptero y los supuestos ataques con granadas en contra del Tribunal Supremo de Justicia, junto con los hostigamientos en contra del Ministerio Público y la Asamblea Nacional de Venezuela han sido actos que fueron rechazados por el Gobierno colombiano, que por medio de un comunicado llamó a las partes a dialogar para encontrar soluciones a la delicada situación que vive el país.
Dentro de sus preocupaciones, se destaca el rechazo de Colombia "por los continuos ataques verbales y descalificaciones contra el Ministerio Público en cabeza de la Fiscal Luisa Ortega Díaz, situación que atenta contra la autonomía y libre ejercicio de un poder público como el que representa dicha funcionaria", según el comunicado de la Cancillería.
Estas declaraciones se dan luego de una serie de hechos que han agitado la ya convulsionada actualidad venezolana. Este miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela aprobó las medidas cautelares solicitadas por el diputado chavista Pedro Carreño contra la fiscal general, Luisa Ortega, que incluyen la prohibición de salir del país y la congelación de sus cuentas bancarias.
En un comunicado, el TSJ fijó además para el próximo martes, 4 de julio, la audiencia oral y pública en la que iniciará el proceso de enjuiciamiento de la fiscal general, que este miércoles acusó al Supremo de mantener una "ruptura del hilo constitucional" y de estar "desmantelando el Estado".
Pero la situación de la fiscal Ortega no es el único hecho que tiene conmocionado al vecino país. Este martes, el Gobierno de Maduro denunció que un agente de la Policía robó un helicóptero desde el que habría lanzado granadas contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas.
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El mismo día que se supo lo del helicóptero raptado, los opositores venezolanos denunciaron el lanzamiento de objetos y explosivos contra la sede de la Asamblea Nacional, principal bastión de la oposición al Gobierno de Maduro, por parte de algunos grupos leales al régimen.
Ante la grave situación que se vive en Venezuela, la Cancillería colombiana, muy activa en los últimos meses frente al vecino país, optó por censurar ambos hechos y expresó su rechazo “por los hechos acontecidos en Venezuela el 27 de junio contra el Tribunal Superior de Justicia, así como las agresiones verbales y físicas cometidas por la Guardia Nacional contra diputados y periodistas que se encontraban en el recinto de la Asamblea Nacional".
El Gobierno colombiano también considera que "el proceso de convocatoria de la Asamblea Constituyente en este momento no contribuye a la cohesión social de Venezuela".
Desde hace casi tres meses Venezuela vive manifestaciones opositoras casi diarias para exigir la salida del poder de Maduro, al que los convocantes responsabilizan de la escasez de alimentos y medicamentos y acusan de atropellar el Estado de derecho.
Así mismo, la Cancillería insiste en "la importancia del cumplimiento del calendario electoral, la liberación de los presos políticos y el respeto a los mandatos constitucionales de la Asamblea Nacional".
Desde el 1 de abril Venezuela vive una oleada de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales se han tornado violentas y han dejado 77 muertos y más de mil heridos, según la Fiscalía.
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