Tradicionalmente vista como uno de los pilares más importante del chavismo, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha pasado a convertirse en una de las mayores amenazas para el régimen de Nicolás Maduro, al crear grandes grietas en su aparato represivo y abrir la puerta a deserciones masivas.
Y en lo que significa más dolores de cabezas para el régimen, una eventual destitución de la fiscal podría terminar siendo muy difícil de ejecutar incluso para los controlados tribunales del chavismo, lo que exigiría artimañas legales aún más fantasiosas de lo que los venezolanos ya están acostumbrados a ver, advirtieron expertos.
En unas declaraciones que sacudieron los cimientos del chavismo, Ortega dijo el miércoles que el régimen es responsable por las lesiones sufridas por al menos 500 personas durante las manifestaciones de las últimas semanas y de la trágica muerte de Juan Pernalete, un estudiante de 20 años que murió el 26 de abril.
“Más de la mitad de los lesionados ha sido producto de la acción de los cuerpos de seguridad”, dijo la fiscal, antes de señalar que un agente de la Guardia Nacional provocó la muerte de Pernalete.
“Fue impactado por un objeto como éste”, dijo al mostrar una bomba lacrimógena, en claro desafío al gobierno, que aseguró que el joven había sido asesinado con una pistola de pernos (de sacrificio de ganado), accionada por manifestantes durante la protesta.
Aunque las palabras fueron pronunciadas con un tono ecuánime y muy profesional, las declaraciones brindaron un alarmante mensaje a la Guardia Nacional, señaló desde Washington Antonio De La Cruz, director ejecutivo de la firma de asesores Interamerican Trends.
“Hay una serie de mensajes allí [en las palabras de la fiscal] que les amarra las manos”, resaltó De La Cruz.
“Uno de los más importante es que le está diciendo a la Guardia Nacional: Mira, al final, esto se va a terminar algún día, y en la fiscalía estamos documentando los casos de lesa humanidad que se van a utilizar en tu contra […] Es un mensaje muy demoledor”, agregó.
Y en lo que reforzó la señal de que podría haber futuros problemas para los represores en Venezuela, la fiscalía anunció el jueves que tres agentes de la estatal Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron encarcelados por presuntamente incurrir en trato cruel contra 10 jóvenes que fueron sido detenidos en una manifestación el pasado 15 de mayo en el estado Aragua.
Las declaraciones de la fiscal cayeron muy mal dentro del régimen.
El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, rechazó el jueves las declaraciones de la fiscal sobre la muerte de Pernalete.
“Esta hipótesis no solo afecta el espíritu de cuerpo de nuestros efectivos, sino que podría además instigar a la violencia contra ellos y alimentar la matriz negativa que quieren posicionar grupos de derecha”, dijo Padrino López en un comunicado.
Pernalete, de 20 años, murió el 27 de abril tras resultar herido durante una manifestación en los alrededores de la Plaza Francia de Altamira, en el este de la capital.
Según la Constitución, la fiscal general cuenta con inmunidad y sólo puede ser destituida tras una sanción de la Asamblea Nacional, que actualmente está controlada por la oposición.
De La Cruz dijo que Maduro podría intentar de crear alguna figura legal que le permitiera destituirla de todas maneras, pero ese paso no tendría ningún tipo de mérito jurídico y aumentaría significativamente los problemas políticos del régimen.
Las declaraciones de la fiscal se producen después de decir que en el país había ocurrido una alteración del orden constitucional tras la emisión de dos dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia en que se atribuía para sí las funciones constitucionales de la Asamblea Nacional.
Ese pronunciamiento generó una crisis interna y respaldó a la oposición venezolana en su aseveración de que Maduro había propinado un autogolpe.
Posteriormente, la fiscal generó nuevas olas al criticar los planes de Maduro de convocar a la fuerza a una Asamblea Constituyente que estará encargada de redactar una constitución a la medida del régimen.
Pero el mayor impacto es el mensaje subliminal que la fiscal general envía a otros actores del chavismo: el régimen de Maduro es ya insostenible.
Carlos Blanco, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston, dijo que la fiscal, con su ejemplo, podría haberle abierto la puerta a otros seguidores del fallecido Hugo Chávez para romper con Maduro.
“Podría producirse un deslave”, dijo Blanco, ex presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE).
“Muchos de los funcionarios que habían apoyado a Chávez, y hasta ahora Maduro, se están desmarcando porque ven que el fin del régimen está cerca”, manifestó.
Blanco dijo tener información de que en los más altos niveles civiles y militares está ocurriendo un proceso similar al registrado con la fiscal.
“Lo de la fiscal forma parte de una dinámica indetenible, cuando un régimen autoritario, una dictadura se derrumba”, manifestó.
“Ya Venezuela tiene una experiencia sobre esto. En 1958, las últimas semanas del régimen de Marcos Pérez Jiménez, fueron parecidas, porque los más apegados funcionarios del régimen comenzaron a ser sustituidos, destituidos, a renunciar y a fugarse al exterior”, añadió.
Eso no ha comenzado a ocurrir todavía, pero es evidente que la actuación de la fiscal está restándole tranquilidad al régimen, lo cual puede verse en las declaraciones de sus máximos dirigentes.
“Yo estoy obligado a decir todo esto, porque si no, esta noche no dormiría. Pido disculpas porque yo era presidente de la Asamblea cuando esa persona fue designada como fiscal”, manifestó Diosdado Cabello, una de las principales figuras del régimen.
Por su parte, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, coincidió con Cabello en que la fiscal se ha convertido en un problema para el régimen, afectando particularmente los esfuerzos por contener las masivas manifestaciones en todo el país.
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