El número de pedido de refugio de venezolanos en Brasil en los primeros cuatro meses de 2017 es prácticamente el mismo que el de todo el año pasado, según datos de la Policía Federal citados hoy por el diario Folha de Sao Paulo.
Un total de 3.181 venezolanos solicitaron refugio en Brasil entre enero y abril de 2017, mientras que en todo el año pasado las peticiones llegaron a las 3.375, según el rotativo.
En 2016 los venezolanos acapararon el 30 % de las solicitudes de refugio en Brasil, con lo que desbancaron a los sirios, que lideraron las peticiones entre 2014 y 2015.
Además de las peticiones de refugio, también subieron las entradas de venezolanos en Brasil, incluyendo turistas y habitantes de la zona fronteriza entre ambos países, con 575.000 registros de ingreso hasta abril, más de la mitad de los 947.000 de todo el año pasado.
La gobernación de Roraima, donde hay la única frontera terrestre entre los dos países, solicitó ayuda del gobierno federal de Brasil para atender la creciente llegada de ciudadanos venezolanos a ese estado, debido a los altos gastos para ofrecerles servicios y a los problemas sociales generados por la inmigración sin control.
Ante la avalancha de solicitudes, la Policía Federal de Roraima ha creado a una fuerza especial de agentes dentro del Departamento de Inmigración para atender a tiempo específicamente esos pedidos.
Una vez realizada la solicitud, el trámite continúa en el Comité Nacional de Refugiados, que analiza cada caso y emite una respuesta, que, en caso de ser negativa, obliga al extranjero a dejar de inmediato el país.
Pedir el estatus de refugiado es la única salida que les queda a los inmigrantes venezolanos ya que no pueden acogerse en este momento al Acuerdo sobre Residencia de Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, ya que su país “está actualmente suspendido” del bloque regional.
Los cuatro países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) comunicaron a Venezuela el pasado 2 de diciembre que cesaba de ejercer sus “derechos inherentes” como Estado parte del bloque regional, tras haber incumplido las obligaciones asumidas en el Protocolo de Adhesión.
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