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El gobierno de Costa Rica emitió una carta en la que hace público el llamado que hizo a su Encargada de Negocios en Venezuela y el desacuerdo con la Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro.
"Costa Rica expresa su más profunda preocupación por la convocatoria del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos asambleístas, en lugar de ser electos por medio del sufragio directo, secreto y universal, serán seleccionados por sectores sociales y comunidades. Lejos de atender a los legítimos llamados de millones de venezolanos y de la comunidad internacional, por asegurar la plena restauración del orden democrático en Venezuela, el anuncio del 1 de mayo de 2017 cercena la ya frágil institucionalidad democrática y del Estado de Derecho en ese país, y aumenta aún más los niveles de tensión social que ha provocado la suma de decenas de personas heridas, torturadas, detenidas o bien, que han perdido su vida". indica el comunicado del gobierno de Luis Guillermo Solís.
"Costa Rica insta, de la manera más vehemente, al Poder Ejecutivo venezolano a cumplir con todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a excluir la participación de militares y fuerzas armadas de los operativos sobre el manejo de manifestaciones públicas y el uso de armas de fuego. Las armas son disparadores de violencia y Costa Rica deplora la militarización del conflicto así como el anuncio de armar a 500,000 milicias civiles", recalca el texto.
El documento concluye: "Reiteramos nuestro llamado al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que, por medio la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), levante el desacato a la Asamblea Nacional, garantizando así la debida separación e independencia de los poderes, la vigencia del Estado de Derecho y el disfrute de todos derechos y libertades fundamentales de los venezolanos. Costa Rica continuará abogando por la concreción de un “acuerdo nacional” tácito con una hoja de ruta verificable. Esa hoja de ruta debe empezar por atender las profundas crisis que enfrenta Venezuela, como el establecimiento de un canal humanitario, y definir fechas para el cumplimiento del cronograma electoral con observación internacional reconocida, la liberación de los presos políticos y el levantamiento de la inhabilitación para ejercer cargos públicos de los opositores al gobierno".
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