La Organización de Estados Americanos (OEA) evaluará esta semana la situación en Venezuela y posibles medidas de presión para que su Gobierno fije un calendario electoral y libere a los políticos presos, algo que ya han pedido 14 países.
La sesión del martes se ha convocado para "considerar la situación en Venezuela", sin más precisión, por lo que lo más probable es que no se vote si se inicia la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, explicaron hoy a Efe fuentes diplomáticas.
La Carta, el instrumento jurídico de la OEA para proteger la democracia en la región, contempla un proceso gradual que va desde las gestiones diplomáticas hasta, como último recurso, la suspensión de un Estado.
Lo que se espera el martes es un debate abierto sobre la declaración de los 14 países publicada el pasado jueves, el informe crítico del secretario general de la OEA, Luis Almagro, divulgado el 14 de marzo y la presentación que hará la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, en la reunión del lunes, solicitada por su Gobierno.
Para que se inicie la aplicación de la Carta, como pide Almagro, al menos 18 países deberían votar a favor de declarar que en Venezuela "hay una alteración del orden constitucional" que afecta "gravemente su orden democrático", algo en lo que no coinciden las 18 naciones que han convocado la sesión del martes.
Entre ellas, cuatro no han suscrito la declaración del calendario electoral y los políticos presos (Bahamas, Barbados, Jamaica y Santa Lucía) y Uruguay, que sí lo ha hecho, mantiene que "hasta ahora no se han verificado los supuestos necesarios para aplicar la Carta".
"Barbados y Bahamas son posibles afirmativos para aplicar la Carta, pero no creo que Uruguay y Jamaica voten por ello", indicó hoy a Efe en Washington Mariano de Alba, abogado venezolano experto en derecho internacional.
El analista, que sigue de cerca los pasos de la OEA sobre Venezuela, sí ve factible que haya 18 votos (la mayoría simple de los 35 Estados) para "aprobar una resolución del Consejo que diga algo muy parecido" a la del pasado jueves.
"Consideramos urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional, según la Constitución, y que se establezca un calendario electoral, que incluya las elecciones pospuestas" en Venezuela, indica ese texto.
El documento, firmado entre otros por EEUU, Canadá, México, Colombia, Brasil y Argentina, señala que "la suspensión de un país miembro, como se desprende de la propia Carta Democrática, es el último recurso y que antes de esa decisión deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable".
Almagro respaldó el viernes esta declaración pero pidió a los países ir más allá y dar un ultimátum al presidente Nicolás Maduro: si no convoca elecciones en un mes, se suspenderá a Venezuela.
Los países firmantes, que son del llamado "grupo de los 15", no han pedido elecciones anticipadas, sino que se garantice la celebración de las regionales pospuestas en 2016 y de las presidenciales de 2018.
Para suspender a Venezuela, medida que rechazan la mayoría de los Estados, habría que llegar hasta el final del proceso gradual que se inicia con la aplicación de la Carta Democrática.
Tendría que aprobarse con 18 votos que "hay una alteración del orden constitucional" que afecta "gravemente su orden democrático", algo que Almagro afirmó ya en su informe del 30 de mayo pasado para invocar la Carta.
Si ese voto prosperara, habría gestiones diplomáticas y buenos oficios para intentar convencer al Gobierno venezolano de los cambios exigidos.
De no avanzar estos, se necesitaría que 24 embajadores (dos tercios de los 35 países) votaran en un Consejo Permanente la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria de cancilleres.
De nuevo se intentaría la vía diplomática y, de fracasar, sería necesario otra vez el voto de 24 países para suspender a Venezuela, con lo que dejaría de participar en sus programas y actividades.
Por el momento, las cuentas diplomáticas están lejos de arrojar esa cifra, gracias al apoyo del bloque de países del Caribe aliados de Venezuela y que se han beneficiado durante más de una década de su petróleo subvencionado a través de Petrocaribe.
A eso se suma el apoyo incondicional a Venezuela de sus socios de la Alianza Bolivariana, Ecuador, Bolivia, El Salvador y Nicaragua.
Todas las fuentes diplomáticas y expertos consultados por Efe coinciden en que solo Estados Unidos puede convencer a un grupo de países caribeños para apoyar la sanción más alta de la que dispone la OEA.
Pero "por el momento" también EEUU, cuyo Gobierno es uno de los más críticos con Venezuela, prefiere "agotar la vía diplomática".
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