Por: Javier Vivas Santana
En cualquier parte del mundo las mafias, carteles de drogas, delincuencia organizada y políticos y “empresarios” unidos por la corrupción necesitan de los grupos financieros para poder “legitimar” todo el capital que se origina de sus actos ilegales, así como para llevar a cabo el denominado lavado de activos, sin obviar el llamado dinero plástico que consumen en la dolce vita.
A algunas las corporaciones bancarias y capitalistas poco les importa asociarse con bachaqueros, contrabandistas, narcotraficantes, corruptos o asesinos. De hecho, en Venezuela, además de estos mafiosos, han surgido los pranes como innovación de grupos de antisociales, en virtud de que estos vendrían a ser los jerarcas de todos los reos, o llamados “privados de libertad”, en cualquiera de las cárceles del país, lo cual equivale a decir que todo el dinero que generan por sus mencionadas acciones delictivas representan no solo un enorme capital, por supuesto, mal habido, sino que obligatoriamente, para manejar esas inmensas sumas, tienen que vincularse con testaferros que les permitan circular y operar sus caudales financieros dentro y fuera de Venezuela.
Los pranes se han convertido en la voz ejecutiva y oficial de los presos en Venezuela. El derecho es letra muerta y los abogados son una simple referencia teórica. En la actualidad, pese a que la ministra de servicios carcelarios nos habla de un “nuevo régimen penitenciario”, la verdad es que el pranato es la empresa comercial que mueve los centros de reclusión en el país. Los nombres de “Franklin Masacre”, “el Picure”, “el Conejo”, “el Wilmito”, entre otros, son una pequeña muestra de cómo la bazofia carcelaria ha estado y está llena de cómplices y redes que promueven la impunidad de los delincuentes desde cualquier espacio en donde existan presos.
El poder que tienen los llamados pranes es la prueba de la prostitución y sodomía carcelaria, las cuales llegan al éxtasis del corrompido placer cuando compran las conciencias de funcionarios, policías, militares, fiscales y jueces para que les retrasen o aceleren sus procedimientos administrativos o jurídicos con el propósito de satisfacer sus necesidades de industria criminal.
Si bien ello es parte de una degradación institucional, lo peor está en saber, ¿cómo dentro de las cárceles se planifican secuestros, extorsiones, robos o asesinatos, más aún con la venia de quienes deberían proteger a la ciudadanía? Y en el medio de esa vorágine delictual, tanto el Ministerio Público, como los “poderes” Judicial y Ejecutivo se han convertido en el trinomio de la vergüenza de la corrupción penitenciaria.
Es tan aberrante la condición de privilegios que tienen los pranes desde el punto de vista de beneficios procesales que hasta pasan vacaciones en cualquier parte del país, incluso protegidos por escoltas (que en muchos casos también son presos) o, en su defecto, por grupos especiales que les son asignados por las propias “autoridades”.
Y sí lo narrado fuera poco, en caso de cualquier eventualidad como, por ejemplo, que algunos de los pranes o sus acompañantes aparezcan heridos por cualquier razón, se dan el lujo de ser atendidos en clínicas privadas, algo que para la gran mayoría de profesionales o trabajadores de la administración pública o empresa privada resultaría una quimera. ¿Es posible comprender semejante realidad? ¡Claro! Una realidad de esta magnitud solo es posible comprenderla cuando existe un gobierno que pacta con mafias y bandidos en contra de la sociedad y sus ciudadanos.
La podredumbre que se vive en los reductos carcelarios es el apocalipsis de una seudoinstitucionalidad que, a su vez, es accionista en la explotación de las ganancias que generan los más peligrosos delincuentes del país. Es tal la desfachatez y la impunidad con la cual actúan los pranes que existen denuncias de que estos reciben transferencias en dólares en diferentes cuentas bancarias que poseen en el exterior e, incluso, si algo faltaba en este convulsionado tablero de piezas putrefactas, era conocer por parte de un grupo financiero que una agencia “bancaria” estaría funcionando ilícitamente con su nombre en una de las más peligrosas cárceles del país.
Sobre lo anterior, ¿cómo ocurre una situación semejante? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuál es el origen y destinos de los fondos que eran depositados en tal “entidad bancaria”? ¿Cuál es el pronunciamiento oficial de las autoridades carcelarias, así como de los poderes Ejecutivo y Judicial ante un hecho tan bochornoso e ilegal?
En síntesis, donde no existe derecho, tampoco existe justicia. Donde no existe justicia, solo existe corrupción. Donde existe corrupción, solo existe impunidad. Donde existe impunidad, solo existen cómplices y delincuentes. Donde coexisten cómplices y delincuentes, no hay Estado. Los pranes: la revolución carcelaria de Iris Varela.
El nacional
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