Con dos requerimiento planteados ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en menos de 24 horas, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha sacudido la escena jurídica-política del país. Primero pidió al TSJ la destitución de los 13 magistrados y 22 suplentes elegidos en diciembre de 2015 y un día después solicitó el antejuicio de mérito para los altos jueces de la Sala Constitucional.
Sobre estos magistrados, la organización Acceso a la Justicia, orientada a la promoción y defensa de la justicia, democracia, libertad y derechos humanos, realizó una investigación para conocer si cumplían con los requisitos constitucionales y legales para ocupar el cargo de los máximos intérpretes de la Carta Magna. El análisis demuestra que solo uno de los siete juristas de la Sala Constitucional cumple con todos los requisitos legales y constitucionales: Arcadio Delgado.
Este informe se realizó con los magistrados que estaban fijos en el TSJ y no con los suplentes. Pero las sentencias 155 y 156, emitidas a finales de marzo, fueron firmadas por un jurista suplente que sustituye a Gladys Gutiérrez, de quien no se supo más oficialmente luego de que Maikel Moreno asumió la presidencia del Poder Judicial.
La firma de Federico Sebastián Fuenmayor Gallo aparece en las dos primeras decisiones, en sustitución de Gladys Gutiérrez y es uno de los ocho magistrados que está en la mira de la Fiscalía. El 9 de junio de este año el diario Tal Cual publicó que éste jurista también renunció a su cargo y se alejó del Poder Judicial.
Magistrados exprés
Las razones por las que la fiscal Luisa Ortega Díaz solicitó la destitución de los magistrados escogidos en diciembre de 2015 fueron denunciadas por Acceso a la Justicia en el momento en el que fueron electos por la anterior Asamblea Nacional, en ese entonces con mayoría oficialista.
De acuerdo con la ONG, el procedimiento usado fue violatorio a las normas establecidas en la Constitución y a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (Lotsj). Pero además estas figuras de la ley no cumplieron los requisitos.
Estos 34 magistrados son:
Calixto Ortega, Luis Damiani y Lourdes Suárez, de la Sala Constitucional y los suplentes: Federico Fuenmayor, Mirna Mas y Rubí, Juan Carlos Valdez y René Degraves. Juan Luis Ibarra y Yanira Carvil, de la Sala Penal y los suplentes: Juan Carlos Cuenca, Jacqueline Sosa y Maigleé Sosa. Marco Medina y Eulalia Guerrero, de la Sala Político Administrativa y los suplentes: José Requena, Emilio Ramos, César Sanguinetti, Ismelda Rincón y Suying Olivares. Vilma Fernández, Francisco Velásquez e Iván Bastardo, de la Sala Civil y los suplentes: José Ángel Armas, Aurides Mora y Ana Endrina Gómez. Jesús Jiménez Alfonzo, de la Sala Social y los suplentes: Sonia Arias y Bettys Luna. Fanny Márquez y Christian Zerpa, de la Sala Electoral y los suplentes: Leixa Collins, Drycel López, Carmen Álvez y Mary Ramos Duns.
La ONG Acceso a la Justicia reveló que de los 13 magistrados principales, 10 no cuentan con los requisitos mínimos que se requieren para la ocupación del cargo.
De acuerdo con la investigación, de los diez magistrados que consideran imposibilitados, ocho no cumplen con uno de los requisitos constitucionales para ostentar el puesto: haber ejercido la abogacía durante al menos 15 años y tener un título de posgrado en derecho. Mientras que los otros dos incumplen el requisito de no ser activistas políticos, luego de haber estado activos siendo diputados con el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó en mayo de este año al presidente del máximo tribunal del país, Maikel Moreno, y los siete magistrados que forman parte de la Sala Constitucional: Juan José Mendoza Jover; Arcadio de Jesús Delgado Rosales; Gladys María Gutiérrez Alvarado; Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchán; Luis Fernando Damiani Bustillos; Lourdes Benicia Suárez Anderson y Calixto Ortega Ríos.
Entre las decisiones que el Departamento del Tesoro tomó en cuenta para anunciar las sanciones figuran:
.- En enero de 2017, el TSJ decidió que el presidente Nicolás Maduro podía dar el mensaje a la Nación desde la sede del Tribunal y no desde la Asamblea, como establece la Constitución.
.- En diciembre de 2016, el TSJ designó a rectores del Consejo Nacional Electoral.
.- En octubre de 2016, el TSJ eximió de obligación al Ejecutivo de presentar el presupuesto de la Nación ante el Poder Legislativo.
.- El máximo tribunal ha renovado constantemente las extensiones de decreto de emergencia del Ejecutivo.
.- En 2016, declaró que ciertos actos de la AN son nulos.
.- En marzo de 2017, dictaminó dos sentencias que levantaron críticas nacional e internacionalmente. Se refiere a las decisiones 155 y 156 que según la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, rompían el hilo constitucional.
“Los ochos magistrados sancionados hoy, son responsables de estas decisiones. La mayoría de ellas redactadas entre todos y Maikel Moreno, como presidente del TSJ públicamente las defendió”, aseguró el comunicado.
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