Como un “deber histórico e ineludible” comenzó el distanciamiento de la titular del Ministerio Público, Luisa Ortega Díaz, del Gobierno del presidente Nicolás Maduro, separación que le ha convertido, según la propia funcionaria, en objeto de amenazas.
La solicitud de antejuicio de mérito que realizara este martes la abogada, contra los seis magistrados principales y dos suplentes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es solo el último de los movimientos de la fiscal en contra de la administración de Maduro.
“Lo que se busca es desmantelar el Estado, porque tanto el Estado como los ciudadanos necesitan seguridad jurídica. Frente a la negación del Estado de Derecho, solicito esta antejuicio de mérito”, dijo tras salir de las instalaciones del máximo tribunal. Su solicitud fue consignada porque los magistrados pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana, previsto en el artículo 132 del Código Penal.
“Cualquiera que, dentro o fuera del territorio nacional, conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado la Nación, será castigado con presidio de ocho a dieciséis años”, reza el mencionado código.
La nueva fiscal
Y es que el embiste de Luisa Ortega Díaz contra el TSJ, señalado por ser favorable al Ejecutivo, se une a la creciente lista de acciones de la fiscal, quien desde hace varias semanas pinta como una acérrima opositora al proyecto constituyentista de Maduro y como una “piedra en el zapato” para el Gobierno de turno.
by Luis Mendoza in Carrusel
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