La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, conversó con el periodista Nelson Bocaranda sobre la solicitud de un antejuicio de mérito en su contra aceptada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Calificó como "un nuevo golpe a la constitucionalidad" este antejuicio. "Las instituciones no pueden ser para amenazar... Si eso es para la Fiscal General, ¿qué quedará para el ciudadano de a pie?. Del contenido de la sentencia no tengo información sino la que ha salido por la página del TSJ, una sentencia de magistrados cuya designación está viciada de nulidad".
"Yo solicité una acción ante el Tribunal Supremo de Justicia que fue declarada sin lugar. Algunos de estos magistrados no poseen las credenciales para ostentar esos cargos. Resulta grotesca la parcialidad de algunos de los magistrados, hay una parcialidad sospechosa", declaró.
"Nosotros pedimos privativa de libertad en ocasión de las lesiones sufridas por el muchacho al que le pasó la tanqueta por encima en Altamira. La respuesta fue que la solicitud es violatoria de los derechos humanos del funcionario que manejaba la tanqueta", agregó.
"Por el caso de 75 contenedores de medicamentos vencidos que fueron encontrados, pedimos privativa de libertad para siete funcionarios y hasta la fecha no se han pronunciado. Es el deterioro y la descomposición del Poder Judicial. Hay parcialidad para aquellos casos que amenazan la estabilidad del oficialismo, la tesis del enemigo interno. Lo más grave es que varios de estos magistrados han aparecido vinculados a hechos punibles", agregó.
"Ni siquiera tuvieron la dignidad de inhibirse", dijo de los magistrados. "Se cierne sobre el país un duro panorama de destrucción del Estado. El Estado puede entenderse como disuelto", recalcó.
Dijo que ha sido imposible establecer comunicación con los cuerpos de seguridad del Estado para que protejan a los trabajadores del Ministerio Público durante estos últimos días, cuando oficialistas han acosado la sede principal, han agredido y robado a los funcionarios.
"Venezuela corre el mayor peligro de su historia republicana. No solo corre el riesgo de perder sus derechos constitucionales sino también perder la institución de la Fiscalía", declaró.
"Nunca nos sentamos a evaluar los 381 expedientes de los magistrados, pero pretenden distraer la atención sobre un acta que yo no firmé y una reunión que no se dio. Lo que es gravísimo sobre un procedimiento viciado de nulidad. Por eso es que tenemos sentencias que adolecen de conocimiento jurídico y sentencias que están destruyendo al Estado y destruyendo al Derecho", afirmó.
"Están detenidos tres guardias nacionales privados de libertad", informó, sobre la muerte del joven Fabián Urbina. "El ministro dijo que eso fue uso desproporcionado de la fuerza, eso fue un homicidio lo que ocurrió. Tenemos 23 órdenes de capturas contra guardias nacionales por las muertes de manifestantes que no han podido materializarse. Este ataque se debe a la defensa de los derechos humanos que ha hecho el Ministerio Público", afirmó.
Sobre si ha cambiado algo sobre el caso de Leopoldo López, ya que fue durante su gestión se encarceló al líder opositor, respondió: "Allí hubo un debate oral y público... El MInisterio Público ha sido transparente en sus investigaciones. En este, como todos los casos, he actuado con objetividad".
"En caso de que se me convoque a otra reunión sobre la Constituyente, yo asisto", agregó. "He dicho que estoy en contra de la Constituyente y que se debe preguntar al pueblo venezolano, porque ya conquistamos ese derecho. Los derechos son progresivos, no pueden ir hacia atrás. ¿Por qué no se le pregunta al pueblo?", dijo.
Aseguró que "ha sido grave la violación de derechos humanos en Venezuela". Se pronunció contra el enjuiciamiento de civiles por tribunales militares y el hecho de que haya boletas de excarcelación de presos políticos desde hace meses y no se les libere.
Sobre el caso de Juan Pernalete, asesinado en Altamira, narró que uno de los videos de prueba muestra que los guardias nacionales le dispararon después de que él les arrojara algo.
Declaró que hay 74 muertes en las manifestaciones desde abril a la fecha, hay 1.413 heridos, 3.971 personas procesadas, sin incluir a los procesados en jurisdicción militar. Hay 532 privados de libertad. "Tenemos 57 acusaciones presentadas y 6.998 diligencias entre autopsias, planimetrías, abordaje del sitio del suceso, sin contar medidas de protección a quienes temen por su seguridad".
"Yo estoy preparada para todo. Cuando uno es una mujer de Estado está preparada para todo, los hombres deben asumir la seriedad que implica este cargo", dijo sobre si está preparada para el juicio. "Si estuviéramos en un Estado de Derecho, sabría lo que va a pasar porque habría seguridad jurídica, pero como aquí está desmantelado y estamos en Estado de terror, no sé qué va a pasar", expresó. "Llegaré hasta donde me lo permita la Constitución y la ley. Lamento todo esto que está pasando y advierto a la población que esté muy alerta porque es la muerte del Estado, la pérdida de las instituciones y se está cerrando la última puerta que queda que es el Ministerio Público".
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