El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 946 manifestaciones en el país desde el 1 de abril de este año hasta el 7 de mayo. También contabilizaron 44 fallecidos; sin embargo, el Ministerio Público solo ha confirmado 35 y no ha sumado los dos jovenes muertos el pasado viernes 5 de mayo.
OVCS detalla que Distrito Capital, Carabobo, Miranda, Aragua y Lara han sido las entidades que concentran el mayor número de manifestaciones protagonizadas por diversos sectores sociales y políticos durante las últimas semanas.
Los saqueos e intentos de saqueo fueron permanentes durante estas cinco semanas, con un registro alrededor 90 casos, solo en el estado Carabobo, y en los que fueron afectados números establecimientos o transportes.
En referencia a aprehensiones, los arrestos ascienden a 1.991 desde el pasado 4 de abril. De esa cifra, 653 personas se mantienen detenidas, según el Foro Penal Venezolano.
"Los hechos de violencia y represión se incrementaron desde la activación del Plan Zamora, el pasado 18 de abril por parte del presidente Nicolás Maduro. Este plan promueve y consolida acciones conjuntas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y civiles armados, facultándolos inconstitucionalmente para actuar en el control de orden público o en cualquier otro ámbito que decidan es de su interés", refieren en una nota de prensa.
OVCS recordó que las acciones violentas realizadas por civiles armados, incorporados al organigrama de las FAN, amparados en el Plan Zamora, incrementan el expediente que en materia de violaciones a Derechos Humanos acumula el Estado venezolano.
La organización denunció que el Ejecutivo realiza detenciones al margen del Estado de derecho, en las que civiles son puestos a la orden de tribunales militares. Y según datos oficiales solo en Carabobo más de 250 civiles fueron presentados en tribunales militares.
OVCS indicó que está situación es violatoria los artículos 49 y 261 de la Constitución de Venezuela, y es contraria a la doctrina y jurisprudencia de Derechos Humanos, donde se establece que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal, según lo establecido en los artículos 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Entre las exigencias de la OVCS están poner fin al procesamiento de civiles en tribunales militares y a la ejecución del plan Zamora. Suprimir el uso de fuerza potencialmente mortal en el contexto de las manifestaciones pacíficas y prohibir el uso sistemático de gases tóxicos para reprimir las protestas pacíficas.
La organización también exigió una investigación expedita y oportuna de los asesinatos y sanción para los culpables, además de libertad plena para las personas detenidas en el marco de las protestas pacíficas.
Asimismo, instó al gobierno de Nicolás Maduro que la represión no es el camino para dirimir las diferencias y construir un país.
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