"¡Abran, malditos! ¡Abran la puerta!". A las 4:30 de la mañana del jueves 1 de junio, los gritos cargados de maldiciones y golpes a rejas y puertas, propinados por un centenar de hombres armados, vestidos de negro y con pasamontañas que apenas dejaban ver sus ojos, acabaron con el sueño de los habitantes del sector La Cruz, una pequeña zona popular enclavada en el bastión opositor del área metropolitana de Caracas, el municipio Chacao, al este de la capital venezolana.
Como si los gritos e improperios fuesen parte de un mal sueño, Alexander Escorche se levantó sobresaltado de la cama, sin entender nada. Por la insistencia se dirigió a la entrada principal de su casa y al abrir la puerta de madera que antecede a la reja, se encontró con un arma de fuego que lo apuntaba a su cabeza y unas luces de linternas directas a su rostro. “¡Abre la puerta, maldito! ¡Ábrela, ábrela!”, le gritaban, pero entre el nerviosismo de buscar las llaves para que no le tumbaran la reja y asimilar que no era un sueño sino un real allanamiento a su vivienda, Escorche fue sorprendido por otro contingente que sí logró tumbar las puertas de la entrada secundaria a su casa, y entrar.
“Prácticamente me emboscaron, eran más de 10 hombres vestidos de negro como ninjas, sin identificación, dentro de mi casa y otros más desde afuera. Tumbaron la puerta y me sometieron”, cuenta Escorche. Lo tiraron al suelo, mejilla contra el piso y uno de los hombres montó su bota sobre el cuello, pisándolo, para que no intentara levantarse. Eran funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), pero de eso se enteraron cuando los efectivos se fueron, horas después, y algunos vecinos pudieron salir y ver los vehículos en los que se retiraban.
Este tipo de allanamientos violentos a viviendas, así como las torturas, los malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas antigubernamentales que se desarrollan en Venezuela desde el 1 de abril de este año, el uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y las detenciones arbitrarias contra los manifestantes, forman parte de un patrón de violaciones de derechos humanos que Naciones Unidas ha identificado en Venezuela, y los ha llevado a emitir un comunicado en días recientes, el martes 8 de agosto.
En él se presentan las conclusiones a las que han llegado un equipo de expertos desplegados por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quienes a distancia lograron entrevistar a 135 venezolanos, entre el 6 de junio y 31 de julio, incluyendo víctimas, familiares, testigos, paramédicos, abogados, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, un funcionario de la Fiscalía General de Venezuela y la revisión de un informe enviado por el Defensor del Pueblo.
Persecución a los manifestantes
Los funcionarios de seguridad que allanaron la vivienda de Escorche el 1º de junio, sin orden judicial, procedieron a hacerle un interrogatorio luego de someterlo, con preguntas que buscaban incriminarlo y que iban acompañadas de golpes y manotazos en la cabeza sin importar las explicaciones él les diera.
“Me preguntaron ‘¿tú marchas?’, y les respondí que no, que si lo hiciera eso no era un delito pero que les aseguraba que no. Allí me dijeron que tenían videos donde yo salía marchando, que si me los mostraban, y les respondí que me lo mostraran porque yo no marchaba”. Aunque vive en el ojo del huracán de las protestas, a pocas calles de la emblemática Plaza Altamira, Escorche, de 36 años, explica que tiene un problema de salud que le impide hacerlo (un desgaste de los cartílagos de las rodillas). Eso se lo explicó a los funcionarios.
En el registro a su casa consiguieron una bandera de Venezuela debajo de su cama, envuelta junto a unos carteles de la gira de la cantante colombiana Shakira, del año 2006 (Escorche cuenta ser tan fanático de ella y que años atrás, cuando la situación económica de Venezuela era otra, procuraba ir a sus conciertos en el exterior).
“¿Esta es la bandera con la que marchas? Habla, maldito, habla. Tú eres guarimbero”, recuerda que le dijeron. “Guarimbero” es el término con el cual el chavismo califica a los opositores que protestan trancando calles y usan bombas caseras para enfrentar la los guardias que los reprimen. También lo negó entre los manotazos que recibía en la cabeza, y aclaró que la bandera estaba autografiada por un músico venezolano que acompañó a Shakira en esa gira. Vieron la firma y descartaron esta “prueba”.
¿Esta es la bandera con la que marchas? Habla, maldito, habla. Tú eres guarimbero
Lo siguiente que encontraron en su casa fue una tabla de madera, del tamaño de una puerta. “¿Este es el tablón que usas para los escudos?”, le inquirieron en alusión a los escudos que suelen usar los jóvenes que se enfrentan a la Guardia Nacional cuando inicia la represión en cada marcha. Siguieron más golpes para que hablara y siguió otra explicación: era una tabla que usaba para tapar la biblioteca y evitar, así, que su perro le tumbara los libros.
“Ellos seguían golpeándome, diciéndome cosas para culparme, sin pruebas, y me atacaron los nervios. El pavor me invadió tanto que pegué mi barbilla contra mi pecho y cerré los ojos, y esperé, porque ya era una eternidad lo que estaba sucediendo. En 2009 sufrí un secuestro exprés, los golpes y las capuchas me hicieron revivir ese momento, pero mejor me trataron los secuestradores en 2009 que los funcionarios del Gobierno ese día en mi casa”.
No se lo llevaron detenido ni lograron incriminarlo en nada, pero su casa quedó totalmente destruida: tumbaron puertas, vaciaron gavetas, levantaron colchones y saquearon. Los policías se robaron sus equipos de trabajo (dos tabletas y dos teléfonos móviles), sus dos anillos de graduación y su cadena de bautizo. Eso pudo identificar al momento. A medida que va necesitando cosas en su casa, se va dando cuenta de qué otros objetos se llevaron. Escorche es periodista, fue reportero por más de 10 años y desde hace más de tres labora en el área de comunicaciones corporativas.
“Después de esto vivo y no vivo en mi país. Ahora ni en tu casa estás protegido porque te tumban las puertas, algo que ni el hampa te había hecho. Desde ese día me levanto todos los días a las 4 am y puse una alarma a esa hora, que se repite cada 15 minutos, para poder estar despierto por si regresan”, confiesa.
Acciones sistemáticas
Después de este allanamiento realizado en esa zona popular de Chacao (este de Caracas), inició una oleada en varias urbanizaciones de la capital, sobre todo en el oeste (municipio Libertador, dirigido por el alcalde chavista Jorge Rodríguez) y en las principales ciudades del país, aunque ya en la primera semana de abril los ataques a residencias se denunciaron por primera vez en Barquisimeto, ciudad del occidente de Venezuela que hoy suma 70 acciones contra residencias.
“Tristemente se hizo costumbre”, dice Escorche, no solo por la ejecución en otros estados sino en su propio sector, una pequeña vecindad de unas 150 viviendas donde vive gente humilde y a donde han regresado al menos 10 veces en dos meses. A su casa han ingresado en dos ocasiones más, a los 15 días y el 21 de julio.
Esta especie de rutina fue escalando en la saña de los funcionarios y destrucción de los bienes de uso común como ascensores y propiedad privada de los residentes afectados. Comenzó con el lanzamiento de gases lacrimógenos hacia los apartamentos ubicados en zonas donde se protestaba, incluso pacíficamente tocando cacerolas, y que continuó con la entrada a la fuerza a los apartamentos.
Una de las últimas acciones en Caracas ocurrió en la zona de Montalbán, el 27 de julio. Efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y de la Guardia Nacional ingresaron a varios edificios apuntando con sus armas largas a los residentes, entre ellas una señora de 76 años.
“Ellos seguían golpeándome, diciéndome cosas para culparme, sin pruebas, y me atacaron los nervios. El pavor me invadió tanto que pegué mi barbilla contra mi pecho y cerré los ojos, y esperé, porque ya era una eternidad lo que estaba sucediendo. En 2009 sufrí un secuestro exprés, los golpes y las capuchas me hicieron revivir ese momento, pero mejor me trataron los secuestradores en 2009 que los funcionarios del Gobierno ese día en mi casa”.
No se lo llevaron detenido ni lograron incriminarlo en nada, pero su casa quedó totalmente destruida: tumbaron puertas, vaciaron gavetas, levantaron colchones y saquearon. Los policías se robaron sus equipos de trabajo (dos tabletas y dos teléfonos móviles), sus dos anillos de graduación y su cadena de bautizo. Eso pudo identificar al momento. A medida que va necesitando cosas en su casa, se va dando cuenta de qué otros objetos se llevaron. Escorche es periodista, fue reportero por más de 10 años y desde hace más de tres labora en el área de comunicaciones corporativas.
“Después de esto vivo y no vivo en mi país. Ahora ni en tu casa estás protegido porque te tumban las puertas, algo que ni el hampa te había hecho. Desde ese día me levanto todos los días a las 4 am y puse una alarma a esa hora, que se repite cada 15 minutos, para poder estar despierto por si regresan”, confiesa.
Acciones sistemáticas
Después de este allanamiento realizado en esa zona popular de Chacao (este de Caracas), inició una oleada en varias urbanizaciones de la capital, sobre todo en el oeste (municipio Libertador, dirigido por el alcalde chavista Jorge Rodríguez) y en las principales ciudades del país, aunque ya en la primera semana de abril los ataques a residencias se denunciaron por primera vez en Barquisimeto, ciudad del occidente de Venezuela que hoy suma 70 acciones contra residencias.
“Tristemente se hizo costumbre”, dice Escorche, no solo por la ejecución en otros estados sino en su propio sector, una pequeña vecindad de unas 150 viviendas donde vive gente humilde y a donde han regresado al menos 10 veces en dos meses. A su casa han ingresado en dos ocasiones más, a los 15 días y el 21 de julio.
Esta especie de rutina fue escalando en la saña de los funcionarios y destrucción de los bienes de uso común como ascensores y propiedad privada de los residentes afectados. Comenzó con el lanzamiento de gases lacrimógenos hacia los apartamentos ubicados en zonas donde se protestaba, incluso pacíficamente tocando cacerolas, y que continuó con la entrada a la fuerza a los apartamentos.
Una de las últimas acciones en Caracas ocurrió en la zona de Montalbán, el 27 de julio. Efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y de la Guardia Nacional ingresaron a varios edificios apuntando con sus armas largas a los residentes, entre ellas una señora de 76 años.
#UltimoMinuto Sra de 76 años "Me apuntaron con una metralleta y me decían en la noche venimos vieja hija de puta" Testimonio Montalban 2 pic.twitter.com/Ct4XTf9eGn— Oliver Fernández (@oliverandresfz) 27 de julio de 2017
En la zona de El Paraíso, también en el municipio Libertador de Caracas, la arremetida contra varias residencias ha consternado a los habitantes de la capital. Se trata de una urbanización de clase media bordeada por un sector popular, que se convirtió en una de las zonas del oeste capitalino más activas en las protestas contra Nicolás Maduro.
Residencias El Paraíso, Victoria y Alto Alegre han sido atacados con disparos directos de gases lacrimógenos a los apartamentos, tanquetas militares que han destruido los portones de entrada a los edificios, y allanamientos fuera de la ley, a la fuerza.
Ligmar Ramírez vivía en Alto Alegre. Después de los ataques que causaron el incendio de varios carros y un apartamento en el edificio vecino (Victoria), y la irrupción violenta a su casa, se aceleró su decisión de irse del país. El 10 de agosto se fue de Venezuela junto con su hija de 15 años, a Estados Unidos, donde residen varios familiares; su esposo la alcanzará después.
Residencias El Paraíso, Victoria y Alto Alegre han sido atacados con disparos directos de gases lacrimógenos a los apartamentos, tanquetas militares que han destruido los portones de entrada a los edificios, y allanamientos fuera de la ley, a la fuerza.
Ligmar Ramírez vivía en Alto Alegre. Después de los ataques que causaron el incendio de varios carros y un apartamento en el edificio vecino (Victoria), y la irrupción violenta a su casa, se aceleró su decisión de irse del país. El 10 de agosto se fue de Venezuela junto con su hija de 15 años, a Estados Unidos, donde residen varios familiares; su esposo la alcanzará después.
#2May Incendio en las Res. Victoria en El Paraíso. pic.twitter.com/KL9fnkb01n— Reporte Ya (@ReporteYa) 2 de mayo de 2017
Ramírez no olvida lo vivido en los últimos tres meses. El 2 de julio fue uno de los tantos días que las tanquetas de la Guardia Nacional arremetieron contra los vecinos que protestaban en la avenida, trancando la calle. Recuerda la advertencia que les dejaron los funcionarios, que hablaban desde la tanqueta: “Los vecinos que están apoyando a los terroristas son tan terroristas como los que protestan”. Al retirarse la tanqueta pasaron los colectivos armados disparando contra las residencias; una de las balas impacto en la ventana de su vecina.
Las amenazas no cesaban y el 5 de julio unos 300 efectivos del Comando Nacional Antisecuestros (Conas) junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ingresaron al edificio y recorrieron todos los apartamentos piso por piso.
“Eso fue horrible, escuchábamos cómo destruían todo y cómo golpeaban al hijo del vecino del piso 4. Nosotros vivíamos en el piso 3 y decidimos abrir todas las puertas de todos los apartamentos del piso, regar juguetes en el suelo para que vieran que había niños, y los esperamos así. Cuando llegaron nos apuntaron con pistolas desde el pasillo, se asomaron, y dijeron ‘aquí no tienen nada porque tienen las puertas abiertas’, y siguieron. Pero lanzaban gases lacrimógenos en los pisos, se llevaron varios detenidos, daban golpes. A mi hija le dio una crisis, me reclamó que viviéramos aquí, que la sacara del país porque ella no se merecía vivir esto”, contó Ramírez un día antes de irse.
“Nada que se haga en nombre de la ley puede hacerse de manera arbitraria, con saña, con instigación al odio. Eso desvirtúa cualquier acción incluso si tuviera la razón legal”, sentencia Liliana Ortega, abogada y defensora de derechos humanos.
Sin embargo, esa “costumbre” vista por los afectados es definida por los defensores de derechos humanos como un patrón, como ha sentenciado la ONU en su comunicado y que da muestras de la sistematicidad con la que se han cometido varios tipos de violaciones de derechos humanos desde que comenzaron las protestas antigubernamentales el 1º de abril. Algo que no es un asunto menor.
Posibles crímenes de lesa humanidad
“Violaciones de derechos humanos ocurren en cualquier país del mundo, pero uno de los elementos más importantes, cuando ocurren, es que exista la garantía de que se restituya a la víctima a la situación anterior a lo ocurrido, y eso es lo que implica la justicia, la reparación integral y otros mecanismos. Cuando estos no funcionan y vemos que no estamos ante situaciones aleatorias o aisladas, es cuando comienza un patrón sistemático”, sostiene Ortega, quien además es fundadora de la ONG Cofavic.
La sistematicidad es clave al momento de identificar posibles crímenes de lesa humanidad. Para Ortega, el comunicado de la ONU está advirtiendo que hay una crisis de derechos humanos en el país sudamericano, que debe ser atendida de manera inmediata “para evitar que se haga sistemático y se conviertan en crímenes de lesa humanidad”.
Las amenazas no cesaban y el 5 de julio unos 300 efectivos del Comando Nacional Antisecuestros (Conas) junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ingresaron al edificio y recorrieron todos los apartamentos piso por piso.
“Eso fue horrible, escuchábamos cómo destruían todo y cómo golpeaban al hijo del vecino del piso 4. Nosotros vivíamos en el piso 3 y decidimos abrir todas las puertas de todos los apartamentos del piso, regar juguetes en el suelo para que vieran que había niños, y los esperamos así. Cuando llegaron nos apuntaron con pistolas desde el pasillo, se asomaron, y dijeron ‘aquí no tienen nada porque tienen las puertas abiertas’, y siguieron. Pero lanzaban gases lacrimógenos en los pisos, se llevaron varios detenidos, daban golpes. A mi hija le dio una crisis, me reclamó que viviéramos aquí, que la sacara del país porque ella no se merecía vivir esto”, contó Ramírez un día antes de irse.
“Nada que se haga en nombre de la ley puede hacerse de manera arbitraria, con saña, con instigación al odio. Eso desvirtúa cualquier acción incluso si tuviera la razón legal”, sentencia Liliana Ortega, abogada y defensora de derechos humanos.
Sin embargo, esa “costumbre” vista por los afectados es definida por los defensores de derechos humanos como un patrón, como ha sentenciado la ONU en su comunicado y que da muestras de la sistematicidad con la que se han cometido varios tipos de violaciones de derechos humanos desde que comenzaron las protestas antigubernamentales el 1º de abril. Algo que no es un asunto menor.
Posibles crímenes de lesa humanidad
“Violaciones de derechos humanos ocurren en cualquier país del mundo, pero uno de los elementos más importantes, cuando ocurren, es que exista la garantía de que se restituya a la víctima a la situación anterior a lo ocurrido, y eso es lo que implica la justicia, la reparación integral y otros mecanismos. Cuando estos no funcionan y vemos que no estamos ante situaciones aleatorias o aisladas, es cuando comienza un patrón sistemático”, sostiene Ortega, quien además es fundadora de la ONG Cofavic.
La sistematicidad es clave al momento de identificar posibles crímenes de lesa humanidad. Para Ortega, el comunicado de la ONU está advirtiendo que hay una crisis de derechos humanos en el país sudamericano, que debe ser atendida de manera inmediata “para evitar que se haga sistemático y se conviertan en crímenes de lesa humanidad”.
Este tipo de delitos ocurren cuando el Estado es cómplice, por acción o por omisión, de que estos hechos se hagan de forma sistemática y de que no se investiguen, aclara la abogada especialista en el tema. “Por eso es importante que las autoridades den signos claros de que no están de acuerdo con estas situaciones y que van a tomar las acciones que sean necesarias para romper con ese patrón sistemático”, agrega Ortega.
Pero ya el comunicado advierte, en palabras del alto comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, que “no hay indicios de que esa situación vaya a cesar”, en referencia al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, lo cual es evidente; las detenciones arbitrarias, los tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, las torturas y la presentación de civiles ante tribunales militares para ser juzgados por ellos y no por su juez natural, que debe ser otro civil.
La última pieza del rompecabezas
Ante los excesos y violaciones de derechos cometidos por cuerpos de seguridad del Estado durante las protestas, representantes del Gobierno como el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, y el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, han indicado que esas actuaciones corresponden a hechos aislados, negando que se trate de una política institucionalizada.
Pero organizaciones venezolanas como Provea insisten en que sí se trata de un patrón de actuación porque así lo han podido constatar con las denuncias recibidas en sus oficinas. “Cuando ves que hay una situación similar en diferentes lugares y en diferentes días, es porque hay órdenes superiores que indican que actúen de esa manera”, señala Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador de la organización.
Uno de esos patrones los comenta Escorche, y es el robo que aplican los funcionarios que allanan las viviendas. “Ellos como funcionarios saben que nos están allanando sin el debido proceso, ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Será que el premio para los que hagan eso es quedarse con todo lo que roben de las viviendas?”, se pregunta.
Uzcátegui sostiene que aunque en Venezuela no se pueda ver con claridad la importancia del comunicado y la gravedad de los hechos descritos, “el alto comisionado lo que está diciendo es que hay una política de Estado para violar derechos humanos”. Y agrega que ya hay evidencias de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en la Venezuela de Nicolás Maduro.
Los defensores de derechos humanos han identificado varios patrones sistemáticos. Para Cofavic, los ataques a las residencias, disparos a quemarropa y la omisión de socorro a los heridos son preocupantes.
Provea resalta la actuación de civiles armados para enfrentar a los manifestantes que se oponen al Gobierno, y el uso de tribunales militares para procesar a civiles detenidos y disidentes.
El 31 de julio, en el último balance dado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz antes de ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto, informó que de los 121 muertos registrado por la Fiscalía hasta esta fecha, al menos 25 % de los decesos registrados en el contexto de protestas fueron causadas por cuerpos de seguridad del Estado, y otro 40 % por civiles armados.
Mientras que la organización Foro Penal Venezolano, conformada por abogados que atienden gratuitamente a las víctimas de las arbitrariedades del Gobierno, informó que hasta el 7 de agosto registraban la cifra de 130 fallecidos (101 asesinadas en manifestaciones), 5.092 arrestos en, 1.325 detenidos, 626 personas presentadas ante tribunales militares y de ellas 389 enviados a prisión por jueces militares, todo esto en los más de 120 días de protestas.
Pero ya el comunicado advierte, en palabras del alto comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, que “no hay indicios de que esa situación vaya a cesar”, en referencia al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, lo cual es evidente; las detenciones arbitrarias, los tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, las torturas y la presentación de civiles ante tribunales militares para ser juzgados por ellos y no por su juez natural, que debe ser otro civil.
La última pieza del rompecabezas
Ante los excesos y violaciones de derechos cometidos por cuerpos de seguridad del Estado durante las protestas, representantes del Gobierno como el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, y el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, han indicado que esas actuaciones corresponden a hechos aislados, negando que se trate de una política institucionalizada.
Pero organizaciones venezolanas como Provea insisten en que sí se trata de un patrón de actuación porque así lo han podido constatar con las denuncias recibidas en sus oficinas. “Cuando ves que hay una situación similar en diferentes lugares y en diferentes días, es porque hay órdenes superiores que indican que actúen de esa manera”, señala Rafael Uzcátegui, sociólogo y coordinador de la organización.
Uno de esos patrones los comenta Escorche, y es el robo que aplican los funcionarios que allanan las viviendas. “Ellos como funcionarios saben que nos están allanando sin el debido proceso, ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Será que el premio para los que hagan eso es quedarse con todo lo que roben de las viviendas?”, se pregunta.
Uzcátegui sostiene que aunque en Venezuela no se pueda ver con claridad la importancia del comunicado y la gravedad de los hechos descritos, “el alto comisionado lo que está diciendo es que hay una política de Estado para violar derechos humanos”. Y agrega que ya hay evidencias de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en la Venezuela de Nicolás Maduro.
Los defensores de derechos humanos han identificado varios patrones sistemáticos. Para Cofavic, los ataques a las residencias, disparos a quemarropa y la omisión de socorro a los heridos son preocupantes.
Provea resalta la actuación de civiles armados para enfrentar a los manifestantes que se oponen al Gobierno, y el uso de tribunales militares para procesar a civiles detenidos y disidentes.
El 31 de julio, en el último balance dado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz antes de ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente el 5 de agosto, informó que de los 121 muertos registrado por la Fiscalía hasta esta fecha, al menos 25 % de los decesos registrados en el contexto de protestas fueron causadas por cuerpos de seguridad del Estado, y otro 40 % por civiles armados.
Mientras que la organización Foro Penal Venezolano, conformada por abogados que atienden gratuitamente a las víctimas de las arbitrariedades del Gobierno, informó que hasta el 7 de agosto registraban la cifra de 130 fallecidos (101 asesinadas en manifestaciones), 5.092 arrestos en, 1.325 detenidos, 626 personas presentadas ante tribunales militares y de ellas 389 enviados a prisión por jueces militares, todo esto en los más de 120 días de protestas.
La gente se atreve a denunciar las violaciones cuando son funcionarios pero cuando se trata de grupos paramilitares no, porque les da más pánico y temor de represalias
Uzcátegui detalla que en Caracas han identificado la existencia de 40 organizaciones conocidas como colectivos armados a los que Provea llama grupos paramilitares, que generan una inhibición a protestar y a ejercer sus derechos a las víctimas de sus ataques.
“La gente se atreve a denunciar las violaciones cuando son funcionarios pero cuando se trata de grupos paramilitares no, porque les da más pánico y temor de represalias. Esto nos preocupa muchísimo porque la experiencia latinoamericana con la actuación de paramilitares ha demostrado que aumentan la situación de violencia en el país. En el caso venezolano creo que vamos a ver un repunte de una situación ya grave de por sí, porque son organizaciones ligadas a actos delictivos que usan una fachada ideológica para conseguir impunidad en sus actuaciones”, detalló.
Impunidad
En un contexto de suspensión del estado de derecho como el venezolano, el uso de tribunales militares no garantiza el debido proceso sino la impunidad de los funcionarios militares que violan derechos humanos, asegura el activista.
Además recuerda que en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1999, promovida por el fallecido Hugo Chávez, los constituyentes dejaron muy claro en la Carta Magna que los civiles deben ser juzgados por sus jueces naturales, y entre sus defensores estuvo el actual fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, quien ya ha llegado a justificar estas actuaciones.
Bajo los cargos de “terrorismo” y “ultraje al centinela”, el Gobierno procesa y juzga a civiles en tribunales militares. Andrés Colmenárez, coordinador de la organización Funpaz, recalca que todas las actas redactadas por los cuerpos de seguridad para criminalizar a los civiles “son nulas de toda nulidad porque no responden al debido proceso”.
Funpaz tiene su sede en Barquisimeto, capital del estado Lara, al occidente del país. Hasta ahora es la segunda entidad, después de Caracas, con más fallecidos en protestas: 23 según sus registros propios. Y es una de las entidades donde se ha confirmado que los civiles armados o grupos paramilitares actúan coordinados con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), al quedar registrados en varios vídeos saliendo del destacamento de la GNB.
Colmenárez considera que el comunicado de la ONU debe verse además en un contexto amplio que no responde únicamente a las violaciones registradas este año, sino al patrón que ha venido consolidándose desde que Maduro llegó a la presidencia en 2013, en el control del orden público, detenciones y torturas, que posteriormente se incrementaron durante las protestas de 2014 y ahora desde abril. Y que llevaron a la degradación de la Defensoría del Pueblo a la categoría B, en 2015.
Este año se ha pluralizado el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, el acompañamiento de los grupos de civiles armados a los organismos de seguridad del Estado, la alteración de los cartuchos de municiones con metras (canicas), tuercas y tornillos en las armas de perdigones (balines de goma), y se ha atacado con más fiereza a los sectores C,D y E de la población, las clases bajas, registra Funpaz.
“Desde hace 4 años hemos notado un patrón de actuación que hemos corroborado este año, por eso como organización ya no hablamos de cuerpos de seguridad del Estado sino cuerpos de represión del Gobierno, porque se han ido transformando y ya no son cuerpos para proteger a los ciudadanos sino que protegen a un solo ciudadano que es Nicolás Maduro”.
Por ello asegura que el comunicado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos es la última pieza que faltaba en el rompecabezas que se ha ido armando en los últimos cuatro años, y que ha desnudado a dictadura actual.
Difícil de desmontar
Está claro que en Venezuela ha ocurrido una ruptura del hilo constitucional que pone en jaque a todos los derechos humanos. Y es así porque, como precisa la abogada Liliana Ortega, “los derechos humanos requieren de unas condiciones mínimas de democracia que son su garantía, y esas condiciones no están dadas en este momento en Venezuela”.
Con la activación de la Asamblea Constituyente, los representantes de las organizaciones de derechos humanos coinciden en que el ejercicio de la arbitrariedad tiene ahora a su disposición todas las herramientas para violar estos derechos, más en un país donde la impunidad asociada a este tipo de delitos supera el 90 %. De 10 casos de violaciones de derechos humanos, 9 no llegan a juicio, indica Ortega.
“Creemos que las garantías obtenidas en 1999 hoy están en riesgo y la responsabilidad de que sancionen a los violadores de derechos humanos hoy no existe”, asegura Uzcátegui.
Algunos escenarios que se esperan para los días y meses por venir no hablan solamente de la perpetuación de la represión, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales hacia la población que, como asegura el coordinador de Provea, va a seguir protestando porque la crisis venezolana no ha mejorado sino todo lo contrario. Sino también hacia los actores que lideraron las manifestaciones; una “oleada de nuevo autoritarismo”.
Colmenárez precisa que pueden venir acciones contra los alcaldes que permitieron manifestaciones en sus localidades, que ya han llevado a la cárcel o a la clandestinidad a cinco de ellos, todos de oposición, en el último mes. También, detenciones selectivas a líderes políticos, a disidentes del chavismo, a líderes de las comunidades y a los activistas de derechos humanos que se han encargado de documentar, denunciar y difundir todas las violaciones y arbitrariedades.
“La gente se atreve a denunciar las violaciones cuando son funcionarios pero cuando se trata de grupos paramilitares no, porque les da más pánico y temor de represalias. Esto nos preocupa muchísimo porque la experiencia latinoamericana con la actuación de paramilitares ha demostrado que aumentan la situación de violencia en el país. En el caso venezolano creo que vamos a ver un repunte de una situación ya grave de por sí, porque son organizaciones ligadas a actos delictivos que usan una fachada ideológica para conseguir impunidad en sus actuaciones”, detalló.
Impunidad
En un contexto de suspensión del estado de derecho como el venezolano, el uso de tribunales militares no garantiza el debido proceso sino la impunidad de los funcionarios militares que violan derechos humanos, asegura el activista.
Además recuerda que en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1999, promovida por el fallecido Hugo Chávez, los constituyentes dejaron muy claro en la Carta Magna que los civiles deben ser juzgados por sus jueces naturales, y entre sus defensores estuvo el actual fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, quien ya ha llegado a justificar estas actuaciones.
Bajo los cargos de “terrorismo” y “ultraje al centinela”, el Gobierno procesa y juzga a civiles en tribunales militares. Andrés Colmenárez, coordinador de la organización Funpaz, recalca que todas las actas redactadas por los cuerpos de seguridad para criminalizar a los civiles “son nulas de toda nulidad porque no responden al debido proceso”.
Funpaz tiene su sede en Barquisimeto, capital del estado Lara, al occidente del país. Hasta ahora es la segunda entidad, después de Caracas, con más fallecidos en protestas: 23 según sus registros propios. Y es una de las entidades donde se ha confirmado que los civiles armados o grupos paramilitares actúan coordinados con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), al quedar registrados en varios vídeos saliendo del destacamento de la GNB.
Colmenárez considera que el comunicado de la ONU debe verse además en un contexto amplio que no responde únicamente a las violaciones registradas este año, sino al patrón que ha venido consolidándose desde que Maduro llegó a la presidencia en 2013, en el control del orden público, detenciones y torturas, que posteriormente se incrementaron durante las protestas de 2014 y ahora desde abril. Y que llevaron a la degradación de la Defensoría del Pueblo a la categoría B, en 2015.
Este año se ha pluralizado el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, el acompañamiento de los grupos de civiles armados a los organismos de seguridad del Estado, la alteración de los cartuchos de municiones con metras (canicas), tuercas y tornillos en las armas de perdigones (balines de goma), y se ha atacado con más fiereza a los sectores C,D y E de la población, las clases bajas, registra Funpaz.
“Desde hace 4 años hemos notado un patrón de actuación que hemos corroborado este año, por eso como organización ya no hablamos de cuerpos de seguridad del Estado sino cuerpos de represión del Gobierno, porque se han ido transformando y ya no son cuerpos para proteger a los ciudadanos sino que protegen a un solo ciudadano que es Nicolás Maduro”.
Por ello asegura que el comunicado del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos es la última pieza que faltaba en el rompecabezas que se ha ido armando en los últimos cuatro años, y que ha desnudado a dictadura actual.
Difícil de desmontar
Está claro que en Venezuela ha ocurrido una ruptura del hilo constitucional que pone en jaque a todos los derechos humanos. Y es así porque, como precisa la abogada Liliana Ortega, “los derechos humanos requieren de unas condiciones mínimas de democracia que son su garantía, y esas condiciones no están dadas en este momento en Venezuela”.
Con la activación de la Asamblea Constituyente, los representantes de las organizaciones de derechos humanos coinciden en que el ejercicio de la arbitrariedad tiene ahora a su disposición todas las herramientas para violar estos derechos, más en un país donde la impunidad asociada a este tipo de delitos supera el 90 %. De 10 casos de violaciones de derechos humanos, 9 no llegan a juicio, indica Ortega.
“Creemos que las garantías obtenidas en 1999 hoy están en riesgo y la responsabilidad de que sancionen a los violadores de derechos humanos hoy no existe”, asegura Uzcátegui.
Algunos escenarios que se esperan para los días y meses por venir no hablan solamente de la perpetuación de la represión, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales hacia la población que, como asegura el coordinador de Provea, va a seguir protestando porque la crisis venezolana no ha mejorado sino todo lo contrario. Sino también hacia los actores que lideraron las manifestaciones; una “oleada de nuevo autoritarismo”.
Colmenárez precisa que pueden venir acciones contra los alcaldes que permitieron manifestaciones en sus localidades, que ya han llevado a la cárcel o a la clandestinidad a cinco de ellos, todos de oposición, en el último mes. También, detenciones selectivas a líderes políticos, a disidentes del chavismo, a líderes de las comunidades y a los activistas de derechos humanos que se han encargado de documentar, denunciar y difundir todas las violaciones y arbitrariedades.
Desmontar todos los argumentos esgrimidos por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, no le será posible al Gobierno, aseguran los especialistas en el área. Una de las formas sería permitir la entrada de los funcionarios que hicieron el estudio a distancia, porque Venezuela les impide ingresar al país, argumentando acciones de soberanía.
La última vez que representantes de Naciones Unidas visitaron Venezuela para constatar la situación de los derechos humanos fue en 1996, y en el caso de funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue hace 15 años, después del golpe de Estado de abril de 2002.
“Quien no la debe no la teme. El Gobierno debería permitirles la entrada si quieren demostrar que esas afirmaciones no son ciertas”, expresó Uzcátegui. Pero nada indica que el Gobierno de Maduro cambie de opinión, extienda una invitación a los organismos internacionales y permita una evaluación presencial.
Dos días después, la Cancillería de Venezuela emitió un comunicado en rechazo a los señalamientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“La República Bolivariana expresa su absoluto desconocimiento de este documento ilegal utilizado para imponer una opinión basada en un enfoque ruin y parcializado por parte de la Oficina del Alto Comisionado, y realizará las gestiones diplomáticas a que hubiere lugar para denunciar esta nueva agresión contra nuestro pueblo y nuestro país, desde una instancia que debería servir con equilibrio y ponderación a la protección de los derechos humanos en el mundo”, es parte de lo expresado por la Cancillería en el documento.
La última vez que representantes de Naciones Unidas visitaron Venezuela para constatar la situación de los derechos humanos fue en 1996, y en el caso de funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue hace 15 años, después del golpe de Estado de abril de 2002.
“Quien no la debe no la teme. El Gobierno debería permitirles la entrada si quieren demostrar que esas afirmaciones no son ciertas”, expresó Uzcátegui. Pero nada indica que el Gobierno de Maduro cambie de opinión, extienda una invitación a los organismos internacionales y permita una evaluación presencial.
Dos días después, la Cancillería de Venezuela emitió un comunicado en rechazo a los señalamientos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“La República Bolivariana expresa su absoluto desconocimiento de este documento ilegal utilizado para imponer una opinión basada en un enfoque ruin y parcializado por parte de la Oficina del Alto Comisionado, y realizará las gestiones diplomáticas a que hubiere lugar para denunciar esta nueva agresión contra nuestro pueblo y nuestro país, desde una instancia que debería servir con equilibrio y ponderación a la protección de los derechos humanos en el mundo”, es parte de lo expresado por la Cancillería en el documento.