Amnistía Internacional (AI) alertó este viernes sobre la posibilidad de que una "militarización" de la crisis venezolana con la "excesiva" actuación de los cuerpos de seguridad en el control de las manifestaciones opositoras desarrolladas en los últimos dos meses esté exacerbando la violencia del país.
"El despliegue de fuerzas militares para reprimir protestas, el aumento en el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y otros, y el uso de tribunales militares para tratar de silenciar voces disidentes", es muestra, indicó, de un "terrorífico" enfoque de las autoridades venezolanas para lidiar con la crisis.
En un comunicado, el organismo internacional expresó su preocupación de que esta actuación esté "sembrando el caos a lo largo y ancho del país", tras 63 días de protestas y al menos 63 personas muertas.
"Al desplegar fuerzas y cortes militares para confrontar una situación política y social cada vez más tensa, la Administración de (Nicolás) Maduro sólo está intensificando la crisis, como quien intenta apagar un incendio con gasolina", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de AI, a través del escrito.
Valoró como una "reminiscencia de los peores tiempos para los derechos humanos en las Américas" el nivel de violaciones de derechos humanos y "las acciones despiadadas" que, asegura, cometen las autoridades venezolanas.
Tildar a los manifestantes como "terroristas" y acusar a civiles de crímenes que "solo son aplicables a los soldados", hace que, a su juicio, el Gobierno de Maduro esté convirtiendo la crisis política en un conflicto violento.
Se refirió también al supuesto uso de "fuerza excesiva" de los cuerpos de seguridad para dispersar manifestaciones pacíficas de los opositores contra el Gobierno, así como contra personas que viven en áreas residenciales, y que no toman parte en las protestas.
Recordó el caso de la comunidad de La Isabelica, en el estado Carabobo (centro), de donde asegura haber recibido reportes de "disparos al azar a transeúntes, gas lacrimógeno disparado directamente hacia casas y un miedo generalizado".
Además, las situaciones de los estados Lara, Barinas y el estado fronterizo de Táchira, los tres en el oeste del país, donde centenares de soldados fueron desplegados para controlar el orden público después de una ola de manifestaciones violentas y saqueos.
La actuación militar para contener manifestaciones "son formas infalibles e ilegales de escalar aún más esta crisis", prosigue la directora, quien recomienda que, por el contrario, retiren "urgentemente al personal militar de las manifestaciones".
Se refiere a reportes "particularmente preocupantes" de grupos civiles armados, y la aplicación del "Plan Zamora", un programa gubernamental que moviliza a militares para confrontar la crisis, y del que no se conocen detalles.
Estima que más de 300 personas han sido llevadas a tribunales militares, acusadas de delitos como "rebelión", "terrorismo" y "traición", y "tratadas efectivamente como soldados en un conflicto armado", algo que ha sido cuestionado también por la Fiscalía venezolana y la Defensoría del Pueblo.
Venezuela está inmersa desde el 1 de abril en una ola de protestas convocadas tanto por el Gobierno como por la oposición, que han derivado en hechos violentos que dejan 63 muertos y un millar de heridos, según la Fiscalía, mientras el defensor del pueblo venezolano, Tarek William Saab, cifra los fallecidos en 65.
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