La Organización de Naciones Unidas celebra por estos días el segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), que evalúa el cumplimiento del Estado con todos los derechos humanos. Por Venezuela, 170 organizaciones de la sociedad civil enviaron 54 informes que soportan las violaciones de los derechos ciudadanos.
Este 16 de marzo, el estado venezolano como miembro de la ONU deberá decir en la sede del Consejo de los Derechos Humanos de la organización, en Ginebra, si asume o no sus compromisos, tras las 274 recomendaciones emanadas del último Examen Periódico Universal.
El Defensor del Pueblo venezolano, Tarek William Saab, no podrá ejercer su derecho de palabra en debido a que su despacho fue rebajado a categoría B.
El EPU es un “diagnóstico de la situación de los DDHH de todos los países miembros de la ONU, sin consideraciones particulares o diferentes, a partir de la información presentada por todas las partes interesadas”, explica el Programa de Educación Acción para los DDHH, Provea.
El estado venezolano deberá enviar al Consejo un Informe de Adición, indicando cuáles de las recomendaciones aceptó y cuáles rechazó, según explica en su cuenta en Twitter la ONG.
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