Especialistas rechazan el mecanismo de distribución por insuficiente y discriminador. En algunos estados del interior del país la bolsa llega cada cuatro meses
El gobierno está de fiesta porque los Comités Locales de Abastecimiento y Producción cumplieron su primer año, pero no todo lo que brilla es oro. Las cifras divulgadas por el presidente Nicolás Maduro y los voceros oficialistas pueden llevar a engaño si no se analizan con cuidado, alertan el economista Víctor Álvarez y la nutricionista Susana Raffalli, que rechazan la aplicación de este mecanismo de distribución de alimentos por insuficiente y discriminador.
De acuerdo con datos oficiales –divulgados por Freddy Bernal, su coordinador nacional– ya se han constituido30.000 CLAP, los cuales atienden a 4,5 millones de familias que reciben mensualmente un combo de alimentos. Para armar las cajas o las bolsas, según sea el caso, el gobierno les distribuye 42 millones de kilogramos de alimentos, lo que se traduce en que a cada familia le destinan en promedio 9,3 kilos por mes. Eso representa 3,1% de los 300 kilos que debería consumir un núcleo familiar de 5 miembros en un mes, a razón de 2 kilos diarios por persona. El déficit mensual de alimentos por grupo familiar llega a 290,7 kilos.
Para abastecer adecuadamente a las aproximadamente 6 millones de familias que hay en Venezuela, a las que el gobierno quiere llegar, se necesitarían 1,8 millardos de kilos de alimentos al mes. Los 42 millones distribuidos a través de los CLAP solo representaría 2,3% de la ingesta mensual de cada hogar.
Víctor Álvarez señala que la tan cacareada ayuda a la población es ínfima y que detrás de este mecanismo se esconde una oscura intencionalidad: “Todos estos programas se diseñaron para ver cómo se le echa mano a la renta petrolera. No benefician a la gente sino que incentivan a los especuladores cambiarios”. Añade que el mismo diseño lleva a que se multiplique la corrupción. “Es un proceso de distribución perverso, con incentivos que generan prácticas corruptas, lo que a la larga destruye el mismo programa”.
Subraya que los CLAP están destinados al fracaso porque no toman en cuenta a las comunidades y dejan de lado la participación popular. “Es una imposición estatal ya que el mismo gobierno es el que los administra”.
El economista afirma que es solo un paliativo que se apega a una receta en la que se sustituye la demanda con una misma directriz para todos. “El propio contenido de la bolsa no tiene los productos que una familia de cincopersonas necesita y suele consumir. Hay grupos que, por ejemplo, no comen pasta o no pueden tomar leche y ellos no tienen la opción de escoger. Aquí no se toma en cuenta la diversidad, se decide que todo el mundo debe consumir algo y no hay derecho de escoger otra cosa”.
Cree que los errores se profundizarán mientras se mantenga la intervención estatal. “Ya pasó con Mercal, con Pdval y con los Abastos Bicentenario. Estatizar no lleva a ninguna parte”.
Susana Raffalli aclara que no son 6 millones las familias beneficiadas, sino que ese es el número de bolsas entregadas. “Cada bolsa dura para 10 o 12 días, si se trata de una sola persona. Si en la familia son 5 miembros y reciben una bolsa, esta les puede durar 3 días”. Destaca que esas 6 millones de personas representan apenas 20% de la población venezolana, por lo que el déficit de cobertura alcanza 80%. “El gobierno no tiene una propuesta para quienes no les llegó la bolsa y tampoco para quienes les llegó y no les alcanzó para los otros 18 o 20 días del mes”.
Advierte que los CLAP son controlados por entidades paraestatales afectas al partido de gobierno, a las que se les ha asignado funciones que no les corresponden como la fiscalización y que, además, discriminan a la mayoría de la población. “El venezolano más pobre, aparte de requerimientos nutricionales tiene una necesidad de ciudadanía y hambre de derechos que pasan por la autodeterminación de comprar libremente lo que se quiere, cuando se quiere y como se quiere”.
Puntualiza que el gobierno no está regalando la comida, la está vendiendo. “El Estado se convirtió en una pulpería. Es inaceptable que obliguen a una persona de escasos recursos, que quién sabe cómo hace para ponerse en los 10.000 bolívares que cuesta la bolsa, a comprar mayonesa, salsa de tomate o un pote de carne enlatada. Yo no sé qué tiene de soberano y sano una carne gringa enlatada, que además es pura grasa y está llena de preservantes, y que no ayuda en nada a la alimentación de nuestros muchachos”.
Las regiones. Las limitaciones de los CLAP son mucho más evidentes en los estados del interior. A algunas comunidades de Sucre la llegada de la bolsa tarda hasta cuatro meses, indica Robert Alcalá, diputado de Acción Democrática en la entidad. Refiere que en muchos sitios quienes se identifican con la oposición son excluidos. “En el municipio Benítez, en el sureste, ha habido protestas porque no quieren beneficiarlos”. Afirma que en el municipio Rivero también hubo señalamientos por desviar bolsas a Nueva Esparta.
En Portuguesa el beneficio llega cada 45 días. Los precios oscilan entre 11.000 y 16.000 bolívares, asegura María Beatriz Martínez, diputada de Primero Justicia. “Nunca ha llegado carne y los perniles de diciembre se los cobraron por adelantado, pero no los repartieron”. Detalla que los consejos comunales de Araure y Páez presentaron formalmente la denuncia ante la Fiscalía por casos de corrupción. “Hay alcaldes del chavismo que desvían las gandolas con alimentos a la zona rural y luego venden con sobreprecio”.
Carlos Valero, diputado de Un Nuevo Tiempo por Táchira, especifica que en la frontera la situación es compleja y que se distorsiona aún más por el asunto cambiario. Asevera que a muchos les cobran los productos, pero que nunca se los han llevado. “En Seboruco, que es una zona montañosa, jamás han visto una bolsa o una caja de los CLAP”.
El Nacional
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