En el Día Mundial del Agua, los activistas de Amnistía Internacional en Venezuela denunciaron que a los hogares venezolanos del centro y región capital del país llega el líquido con "grandes cantidades de excremento, materia orgánica en descomposición y peligrosos agentes químicos".
El ex diputado del Consejo Legislativo de Carabobo, Germán Benedetti, aseguró que el olor y color turbio del agua, situación criticada constantemente por los venezolanos, se debe al "desvío de cauces contaminados con aguas negras hacia los embalses de Pao Cachinche y Camatagua, la falta de mantenimiento de los canales hídricos y el deficiente y hasta inexistente tratamiento de las aguas para el consumo humano”.
Originalmente las aguas negras desembocaban en el Lago los Tacariguas también conocido como Lago de Valencia, pero la paralización del riego de cultivos de la zona y la época de lluvias provocó que el lago se desbordara y pusiera en peligro a cientos de familias. En 2007, el Estado inició un plan de trasvase (desvío) de aguas que anteriormente llegaban al Lago de Valencia hacia quebradas que desembocan en embalses de agua para el consumo humano.
Estos dos embalses surten de agua a Caracas y los estados Miranda, Vargas, Aragua y Carabobo, lo que quiere decir que más de 10 millones de venezolanos usan y consumen aguas contaminadas, según AI.
“A pesar de que en el año 96 comenzaron obras para el saneamiento del Lago de Valencia y su desembocadura hacia el Mar Caribe, los proyectos quedaron a medias y no mitigaron el problema”, denunció el ingeniero y presidente de la organización civil Agua sin Fronteras, Jesús Castillo.
El experto calificó la situación del Lago de Valencia como el problema ambiental más grave de América Latina por su gravísimo impacto social, ya que aproximadamente 12 mil familias se han visto obligadas a desalojar sus hogares y las que aún permanecen viviendo a su alrededor -se estiman unas 900 familias- sufren las inundaciones de aguas negras dentro de sus hogares y refugios, el rebose de las cañerías y las enfermedades que proliferan a costa de la contaminación existente.
Violación a los derechos
Amnistía Internacional asegura que esta situación viola no solo los derechos a la vida, la vivienda y la salud de las comunidades afectadas por hacer vida cerca del Lago de Valencia, también el goce del derecho al agua está severamente menoscabado a la población que la consume a través de los embalses a los que le llega tal contaminación.
"El Estado ha desacatado la indemnización inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados por esta problemática del Lago de Valencia y no hace ningún esfuerzo por levantar estudios sobre el estado del agua que llega a los hogares venezolanos para programar planes de saneamiento y depuración, aseguró Castillo.
Aún no existe una declaración pública por parte del Ministerio del Poder Popular para Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo que explique por qué los venezolanos tienen tantos problemas para gozar de su derecho al agua.
“Las ONG que nos ocupamos de esta materia sabemos a través de pruebas aisladas que el agua que recibe el venezolano no respeta los estándares internacionales, pero sin un estudio general de los organismos oficiales encargados no podemos determinar las soluciones más adecuadas. Es deber del gobierno hacer saber a la sociedad qué está pasando para comenzar a buscar soluciones”, señaló Castillo.
Para Carlos Lusverti, abogado y miembro del equipo de documentación de Amnistía Internacional Venezuela, el saneamiento es parte trascendental del derecho humano al agua; es decir, que además del derecho al goce diario y basto del servicio del vital líquido, este debe llegar al ser humano bajo determinadas características de inocuidad, lo que supone que el agua no debe generar ningún tipo de daño a la salud de las personas.
Explicó que la primera autoridad responsable en hacer garantizar el acceso al agua potable a los ciudadanos es el Ministerio del para Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo –fusión de lo que era antes los Ministerios de Vivienda y Ambiente –y las distintas hidrológicas que operan en el país. A nivel local, la legislación en materia de poder público municipal establece la responsabilidad a las alcaldías y las gobernaciones a través de sus secretarías para asuntos ambientales.
Adicional a estas competencias, la Asamblea Nacional tiene el poder de legislar sobre el agua, en particular la Comisión de Administración y Servicios. Las personas tienen derecho de hacer sus peticiones y reclamos a los servicios de atención al cliente o al ciudadano de todas estas instancias.
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