En un documento al que tuvo acceso Caraota Investiga, el castrense instó al ministerio público a dar inicio a una “investigación penal” por la publicación en el diario Últimas Noticias de un “montaje” que “sólo pudo ser hecho por una red de delincuencia organizada” para enlodar su reputación
El pasado 24 de junio el presidente Maduro se dirigió al país en cadena nacional y dijo tener pruebas sobre militares que estarían trabajando para órganos de inteligencia de EEUU. No perdió tiempo al afirmar que “hay uno de ellos (militar) que trabaja para la CIA, tengo las pruebas desde hace mucho tiempo por eso lo eché del Gobierno”.
Ese mismo día en horas de la noche, el diario Últimas Noticias publicó una nota contentiva de un supuesto documento que desde la agencia antinarcóticos de EEUU (DEA) se habría filtrado y en el que se afirmó que el militar retirado, M/G Miguel Rodríguez Torres sería un cooperador en las investigaciones que pudiera realizar el organismo federal estadounidense a funcionarios del Gobierno.
Documento publicado en Últimas Noticias
El ex ministro de la cartera de Interior, Justicia y Paz no tardó en negar esta versión en una rueda de prensa que ofreció tres días después de la denuncia.
Ahora, es a través del ministerio público que el castrense decidió ejercer acciones penales en contra de todos los individuos involucrados en lo que considera un vilipendio y la comisión de al menos cinco delitos hacia su persona. La denuncia expone una lista de argumentos para sustentar la supuesta falsedad de lo que el diario Últimas Noticias, con la firma del periodista Oscar Morffes publicó ese 24 de junio.
El documento legal enumera los errores ortográficos presentes en el supuesto expediente de la DEA. Palabras como “thera” sin algún significado en el idioma inglés o “than this” de incorrecto uso en el texto son errores que “jamás pudieron ser cometidos en semejante número y forma en un documento emanado de la DEA”.
Refiere también la solicitud interpuesta por el castrense ante el ministerio público y dirigida expresamente a la fiscal Luisa Ortega Díaz que “gran parte del texto (…) fue plagiado de un documento público, (…) específicamente en su página once (11)” cuya publicación puede leerse en el portal del Departamento de Justicia de EEUU y corresponde a un informe de la agencia federal ante el congreso de los EEUU publicado el 29 de mayo de 2014 y que recoge datos de la gestión del organismo hasta el año 2011.
Además, dice que el texto publicado en el diario de circulación nacional Últimas Noticias “hace referencia a hechos históricos de manera inadecuada” al mencionar al ex fiscal de EEUU John Ashcroft – quien ejerciera el cargo durante la primera administración de George Bush, entre 2001 y 2005 – como el impulsador de la causa en contra del general Hugo Carvajal Barrios (Hugo Peck Peck, tras tramitar el cambio de su apellido) y diputado a la Asamblea Nacional.
“El mismo (Ashcroft) jamás anunció acusación alguna contra el general”, aclara el documento en alusión a los expedientes que la fiscalía de ese país abrió por cargos de narcotráfico, los cuales fueron interpuestos en marzo de 2011, seis años después de la salida del funcionario estadounidense.
Acusación de Hugo Carvajal-Barrios en fiscalía de EEUU
Para el militar retirado estos hechos configuran la comisión de delito de “simulación de hecho punible”, “difamación”, “falsificación de documentos”, instigación pública” y “asociación para delinquir”, por lo que Rodríguez Torres insta a la fiscal Luisa Ortega Díaz a realizar las averiguaciones del caso, sobre “la conducta desplegada por el ciudadano Oscar Morffes y aquellos que pudieron haber cooperado en la elaboración del documento objeto de la presente denuncia”.
Página uno y siete del documento legal
by Fiorella Perfetto in Carruse
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