No se conocían. Nunca pensaron que juntos vivirían una de las experiencias más traumáticas de sus vidas.
Karenina Velandia / BBC Mundo
Según actas judiciales, eran 10 jóvenes y fueron detenidos el 15 de mayo de este año en el estado Aragua, en el norte de Venezuela, en los alrededores de una zona en la que se realizaban protestas en contra del gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Los formaron en fila y obligaron a unos a tocarle las partes privadas a otros y a manipular sus miembros. Les pegaban, los pateaban y los golpeaban con los cascos de protección que usa la policía. Los forzaron a bailar La Macarena. Quienes no lo hacían recibían más golpes. Pero eso no fue lo único que les hicieron…”, le dice a BBC Mundo Martín Ríos, uno de los abogados defensores de los 10 jóvenes.
Indica que todo pasó en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Aragua, localizado en el norte de Venezuela, aproximadamente a 80 km de Caracas.
En la última ola de manifestaciones en contra del mandatario -que se inició hace ya casi tres meses- se han producido más de 3.200 arrestos (al 15 de junio), de acuerdo al Foro Penal, una ONG venezolana que asiste gratuitamente a quienes han sido privados de libertad.
Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad han sido condenados por organizaciones internacionales.
Durante los procesos de detención, son múltiples las denuncias de tortura, agresiones, abusos y violaciones a los derechos humanos y a la legislación vigente por parte de los cuerpos policiales del Estado.
Los excesos -muchos han quedado registrados en fotos y videos- han sido condenados incluso por el propio ministro de defensa venezolano, Vladimir Padrino López.
“No quiero ver a un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. Los funcionarios que no tengan un comportamiento que responda a sus principios, deberán responder por sus actos”, dijo en un acto al que asistió el 6 de junio.
“No quiero ver más a un guardia nacional cometiendo una atrocidad”: el ministro de Defensa de Venezuela reconoce excesos de la Guardia Nacional en las protestas
BBC Mundo contactó al Ministerio Público (MP) y a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para hablar sobre las denuncias referidas con anterioridad a mediados de mayo, por teléfono y correo electrónico.
El MP informó que, por los momentos, no se estaban concediendo entrevistas. La PNB, por su parte, no había respondido al momento de publicar esta nota.
Violencia sexual
“Lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene precedentes en la historia reciente del país, es muy preocupante”, le comenta a BBC Mundo Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Y añade: “Es una de las peores crisis de violaciones a los Derechos Humanos en el continente debido a la gravedad de los hechos, lo sistemático de los mismos, la falta de independencia de los poderes y la impunidad que existe”.
Orden judicialDerechos de autor de la imagenMARTÍN RÍOS
A los 10 jóvenes los separaron. “Y a uno (cuyo nombre se mantendrá en el anonimato por respecto a su dignidad) le hicieron algo aberrante y dantesco”, afirma Ríos.
Cuenta que lo forzaron a arrodillarse y, para inmovilizarle los brazos, le amarraron un cable a la altura de las muñecas.
“Le pusieron gas pimienta y una capucha sobre la cabeza. Después le bajaron el short y le introdujeron un tubo en el recto”, indica el abogado.
Ríos relata que los otros detenidos no podían verlo, pero según su testimonio, lo escuchaban gritar, llorar y pedir ayuda.
Detenidos en protestas
El caso del joven, de 19 años de edad, está siendo investigado por la Fiscalía General de la República, conocida como Ministerio Público.
BBC Mundo tuvo acceso al expediente en el que se relatan los hechos y constató la existencia de un documento en el que la juez del tribunal ante el que se presentó el caso solicita con urgencia que la víctima sea sometida a una evaluación médica.
Ríos asegura que los exámenes realizados confirmaron la violación. Explica que los resultados fueron enviados en un sobre sellado al recinto judicial y que forma parte del expediente y las investigaciones del caso.
“En los casos de tortura, las denuncias hechas en actas oficiales son una prueba contundente”, le dice a BBC Mundo Alfredo Romero, director del Foro Penal, la ONG que asiste gratuitamente a quienes han sido privados de libertad.
Con este punto coincide Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), una de las primeras ONG para la defensa de los DD.HH. creadas en Venezuela.
“Este crimen procura no dejar rastros. Funcionarios de regímenes dictatoriales han sido condenados pese a que no se recopiló evidencia cuando los actos ocurrieron. La responsabilidad de probar lo que ocurrió -o no- recae en el Estado, según convenciones internacionales para la investigación de casos de tortura como el Protocolo de Estambul”, explica Ortega.
La experiencia del joven detenido en Aragua, referida con anterioridad, no es única.
“En 70% de los casos que he documentado ha habido algún tipo de tortura sexual: a los detenidos los desnudan, los tocan, los obligan a ponerse en posiciones en las que muestran sus partes íntimas y algunos han sido víctimas de violaciones”, le dice a BBC Mundo la abogada Tamara Suju, directora de Casla, un centro de estudios para América Latina con sede en la República Checa que evalúa a las democracias en la región.
Suju introdujo una demanda en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Holanda, en contra del Estado venezolano. Lo acusa de cometer actos de tortura sistemática, lo que constituye un crimen de lesa humanidad.
Golpes
Otro aspecto que expone los abusos a los que son sometidos los detenidos durante las protestas es el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad al momento de la aprehensión. No son pocos los casos que lo documentan.
“El primer golpe lo sentí en la cabeza, me habían pegado con la culata de un rifle para perdigones”, le cuenta a BBC Mundo Carmen Ángel, una estudiante de 21 años que también vive en Barinas.
Y sigue: “Empezaron a jalarme el cabello y a darme patadas en las rodillas mientras seguían pegándome en la cabeza, era una lluvia de golpes, no paraban. Una de las mujeres policía me dio un puño en la cara. Yo gritaba y lloraba… tenía tanto miedo que me oriné”.
Recuerda que sangraba copiosamente, por lo que los funcionarios tuvieron que llevarla al hospital. Llegó esposada y así permaneció todo el tiempo que estuvo allí. Le dijeron a los médicos que las heridas eran consecuencia de una caída.
“Me advirtieron que no hablara, pero con los ojos le pedí ayuda al doctor que me recibió. Si no fuera por el personal médico que impidió que los policías me sacaran del hospital, la historia habría sido diferente”.
Como consecuencia de la golpiza, que ocurrió el 11 de abril, tuvo fracturas en los dedos y varias heridas en la cabeza que necesitaron sutura.
Sufrió de vértigo por un mes y cuando el incidente ocurrió estaba tan mareada que si se paraba no podía separarse de la pared.
Plomo para cazar animales
Andrés, un estudiante universitario de 21 años, tiene nueve perdigones de plomo incrustados en el costado derecho de su torso desde el 18 de mayo.
Los médicos no han podido extraerle la munición, que se utiliza para cazar animales, porque está muy incrustada dentro del músculo.
Cuenta que es la consecuencia de un disparo que recibió prácticamente a quemarropa tras un encuentro con la Guardia Nacional (GN), un componente de las Fuerzas Armadas de Venezuela, en una zona en el norte de Caracas.
Ya estaba oscuro, eran las 6:00 pm y había salido para ver qué estaba pasando en una protesta organizada cerca de su casa. Andrés recuerda que lanzaron una lluvia de bombas lacrimógenas y empezaron a aparecer motos de la GN por todas partes.
“La gente corrió como loca. Yo me quedé atrapado entre una pared y los guardias nacionales que se bajaron de las motos. Levanté las manos y les dije que estaba desarmado, creo que eran como ocho, uno me apuntó con una escopeta en la cara, me volteé y sentí el tiro en el costado”.
“Se reían y gritaban: ‘Llora mariquito, estás cagado (término vulgar para decir que alguien está asustado), te vamos a matar’. Estaba abrumado, me quebré, el miedo se apoderó de mí. Me mandaron a correr, las motos me perseguían, me pegaron con la culata de un rifle. Los oía decir: ‘Dispárale a ese’”.
Andrés logró escapar y fue auxiliado por una mujer en una moto que lo llevó a una clínica en la zona.
“Tenían que drenar la sangre que había en los huecos causados por los perdigones y para hacerlo me presionaban las heridas. El dolor que sentí no tiene palabras”.
El calvario
Las denuncias de acciones ilegales y violaciones al debido proceso son múltiples y de diferente naturaleza.
“El secretismo en torno al acceso de información en Venezuela es extremo. Con frecuencia las autoridades no permiten el contacto con los detenidos.
Ni siquiera los familiares pueden verlos”, afirma Erika Guevara, directora de AI.
Esto, pese a que la legislación venezolana garantiza el derecho de un detenido a comunicarse con sus abogados y su familia.
La falta de información fue una de las varias irregularidades denunciadas por los abogados de Sergio Contreras, activista social y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.
Fue detenido en una zona del centro de la capital cuando, a través de un megáfono, le pedía a la Policía Nacional Bolivariana que dejara de lanzar bombas lacrimógenas porque en los alrededores había niños y ancianos.
En un video se aprecia como un grupo de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se le abalanzan y lo someten.
A Sergio Contreras lo recluyeron en la cárcel militar de Ramo Verde.
“Ahí empezó el calvario. No sabíamos nada de él, a dónde se lo llevaron ni cuándo sería su audiencia de presentación. Tuvimos que adivinar, íbamos de un centro de reclusión a otro. Lo hacen para agotarte, para quebrarte, para que te sientas mal”, le dice a BBC Mundo Mariana Barrios, la esposa de Contreras.
El profesor, además, tiene epilepsia y necesita medicación.
“No puede dejar de tomar las pastillas ni un día, porque si lo hace, convulsiona. No me dejaron verlo durante más de una semana sin saber si le dieron la medicación. Nuestro hijo ha llorado mucho. Ha sido una pesadilla, no tengo palabras para describir lo que hemos vivido. Es tan injusto, él ayuda a todo el mundo…”, dice Barrios mientras se le quiebra la voz.
El caso de Contreras también ilustra una estrategia que se repite con más frecuencia: civiles juzgados por tribunales militares y acusados de traición a la patria y rebelión.
A Contreras lo enviaron a Ramo Verde, la misma prisión militar en la que se encuentra el líder opositor Leopoldo López.
El Foro Penal ha documentado decenas de este tipo de casos. Durante el proceso de investigación judicial en tribunales militares, muchos son enviados a cárceles para peligrosos criminales que ya han sido sentenciados.
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Mucho miedo
Hay un elemento recurrente en los testimonios de quienes han denunciado abusos durante las detenciones.
“Cuando los manifestantes se retiran, los empiezan a perseguir. Además, muchos de los excesos han ocurrido cuando la persona ya ha sido sometida. Y ese es un elemento fundamental en los delitos de tortura porque la persona ya estaba bajo el control de la autoridad”, explica Ortega, directora de Cofavic.
“El Ministerio Público ha actuado dentro del marco legal, pero los funcionarios policiales y algunos tribunales desconocen, ignoran y van en contra de las resoluciones del organismo”, afirma Alfredo Romero, director del Foro Penal.
“Fue detenido y trasladado al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Se le otorgó libertad bajo medidas cautelares solicitando dos fiadores que la familia consiguió, pero el juez asignado a su caso dejó de trabajar sin dar explicaciones”, explica Romero.
No pudo completarse el procedimiento de verificación de fiadores y nadie reemplazó al funcionario, por lo que Caballero siguió detenido.
Violación severa y opositores en riesgo
Los casos investigados por Tamara Suju y presentados ante la CPI incluyen denuncias de tortura a opositores al gobierno de Nicolás Maduro realizadas en 2014, durante las detenciones que se llevaron a cabo en Venezuela la última vez que se produjeron protestas similares a las que tienen lugar en este momento.
Esos casos se incluyeron en un informe publicado por el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tras la realización de una evaluación acerca del respeto a los derechos humanos en el país.
A raíz de los hallazgos, los expertos expresaron su preocupación con respecto a las denuncias de detenciones arbitrarias y tortura de manifestantes en Venezuela.
“El Comité recibió reportes de golpizas, descargas eléctricas, quemaduras, asfixia, asaltos sexuales y amenazas sufridas por los manifestantes arrestados”, le indica a BBC Mundo Jens Modvig, presidente del Comité contra la Tortura de la ONU y director médico de DIGNITY, el Instituto Danés contra la Tortura.
“Basándonos en la información recibida, hay fuertes indicios de que el gobierno ha violado severamente los derechos humanos de quienes se le oponen (…)”.
Y prosigue: “El Comité no ha recibido información reciente acerca de la situación, pero tampoco información que indique que se produjeron cambios”.
“Esto quiere decir que lo más probable es que los detenidos, particularmente los opositores políticos en custodia, están continuamente en riesgo de ser torturados”, concluye Modvig.
Todos los entrevistados coinciden al expresar que los impresionó la saña, la rabia, la violencia y el odio que percibieron en el tratamiento que les dieron. Hablan de “psicoterror” y un miedo absoluto que todavía se manifiesta en sueños y pensamientos involuntarios.
“Sientes que eres de ellos y que no vales nada. Piensas que te pueden matar, que te pueden desaparecer y hacer literalmente lo que quieran… Me sentía tan desprotegida y tan vulnerable. Es horrible, no se lo deseo a nadie”, concluye Carmen Ángel, la estudiante detenida y hospitalizada en Barinas.
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