Por: Dra. María Yanes H.
La semana de mayor reflexión y valor espiritual para quienes profesamos la fe católica y que acaba de culminar ha sido la más inédita de toda nuestra historia. En Venezuela, los acontecimientos inesperados y que trasgreden la vida de los ciudadanos venezolanos, se están presentando de una manera rápida y sin el menor remordimiento o intención de recapacitación por parte del régimen. Al contrario, se ensañan de tal manera que despiertan el odio, la intolerancia, la agresividad y violencia, sentimientos que están dominando el corazón y el espíritu de la mayoría de los venezolanos independientemente de su afinidad ideológica. Vimos con absoluto asombro como fueron violentados los derechos humanos más elementales de todo ser humano y justamente en los días en los cuales deberían prevalecer los principios cristianos entre ellos la tolerancia y convivencia, pero sobre todo el respeto hacia los fundamentos espirituales de la Semana Mayor, característicos de la religión católica y la cual profesa la mayoría de los venezolanos. No obstante, hasta con dichos preceptos se metieron e irrespetaron, ya que trataron de llevar el odio y la violencia a unos de los actos de mayor Fe y tradición religiosa de la ciudad capital o mejor dicho de los caraqueños, como es el culto y veneración al Nazareno de San Pablo en la Basílica de Santa Teresa. Sin embargo, los feligreses mantuvieron su fuerza espiritual y resistencia, impidiendo que grupos generadores de odio cumplieran su objetivo. Estamos ante un sistema de gobierno autoritario, dictatorial y represivo, que no tolera y se ha llevado por delante los principios democráticos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como también aquellos que contemplan el respeto a los derechos humanos reflejados por ejemplo en el Art. 19: “El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público “¿Será que el ciudadano defensor del pueblo esta en conocimiento de dicho artículo? A manera de recordatorio la Defensoría del Pueblo de Venezuela perdió su derecho a voz ante todas las instancias de las Naciones Unidas el pasado año ya que estaba en tela de juicio su independencia, por supuesto esto último señalado no tiene ninguna duda. Más aún, en el Art 29 de la CRBV se contempla la obligación del Estado de investigar y sancionar legalmente los delitos que se cometan contra los DDHH por sus autoridades. Muy lejos de este principio constitucional está el régimen, cuando más bien entre sus adeptos se encuentran grupos paramilitares cuyo objetivo es defender a la revolución, por lo que atacan a las manifestaciones pacíficas y además las infiltran para desvirtuarlas y generar la violencia extrema para después achacarla a los opositores. Táctica muy conocida de los regímenes totalitarios que han existido en otros países a través de la historia. Hemos visto con asombro e indignación una represión desmedida por parte de los cuerpos de seguridad, la cual paradójicamente se acrecentó durante la semana del año de mayor culto religioso. Transgrediendo los enunciados contemplados no solo en la CRBV, sino en la declaración universal de los DDHH y en los tratados de la Convención de Ginebra en su Art 3, evidenciamos con estupor como se cambiaron los patrones de controlar el orden público por una represión brutal, por supuesto no apegada a los principios contemplados en los documentos citados y la cual se refleja en la utilización de bombas lacrimógenas no permitidas y vencidas, el arrojar desde el aire dichas bombas convirtiéndolas en armas letales, el tratar de penetrar en centros de salud arrojando gases lacrimógenos colocando en riesgo la integridad de pacientes .Ejemplo dramático fue el de un bebe de apenas tres meses. De paso son lugares que deben respetarse de ataques o agresiones. En aquellos países en donde existen o han ocurrido guerras oficialmente declaradas se ha cumplido este principio. Evidenciamos además, la actitud violenta y agresiva que han asumido los cuerpos de seguridad y paramilitares teniendo como resultado víctimas fatales, en su mayoría jóvenes. Los DDHH son inalienables, es decir no se les deben quitar o enajenar a ningún ser humano. Lamentablemente en Venezuela siguen conculcados o violados por un régimen obsesivo de no aceptar la voluntad de más del 80% de los venezolanos. Es inobjetable que debemos tener el deber y la obligación de luchar por todos nuestros derechos de manera pacífica pero con contundencia y resistencia. No hay vuelta atrás.
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