Patricia de Ceballos, alcaldesa de San Cristóbal, cuestionó el decreto, que calificó de inconstitucional
Miembros de la sociedad civil y de partidos políticos de oposición se concentraron en el Obelisco de los Italianos, en el este de San Cristóbal, estado Táchira, para realizar un plantón y exigir la liberación de los presos políticos, la restitución del hilo constitucional y rechazar los excesos de la fuerza pública contra las manifestaciones.
La acción de calle se registró 12 horas después de que el gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora, emitió un decreto para regular las manifestaciones y protestas en la entidad.
Las personas se apostaron en la mitad de la vía con banderas y pancartas exigiendo democracia y libertad.
Sergio Vergara, dirigente de Voluntad Popular, señaló que la gente salió a la calle para ratificar el derecho a la protesta garantizado en el texto constitucional.
“Ningún decreto de funcionarios subalternos de la dictadura van a poder limitar. No puede el gobernador pretender que a través de un decreto la población renuncie a sus derechos constitucionales”, dijo Vergara.
“Es una medida desesperada para poder contener a la población que exige sus derechos en la calle sin miedo”, dijo Sonia Medina, diputada tachirense a la Asamblea Nacional.
Patricia de Ceballos, alcaldesa de San Cristóbal, cuestionó el decreto que lo calificó de inconstitucional.
“¿Qué pasa si me tengo que colocar una máscara para protegerme de los gases lacrimógenos por la represión, o un trapo con vinagre?”, expresó.
Vielma Mora, respecto del edicto, dijo que se podían hacer protestas públicas y en paz porque se pretendía evitar el quebrantamiento del orden público.
“Es que el obstáculo lo puede colocar. Estoy de acuerdo, pero después, al final, recuerde llevárselo”, dijo Vielma.
El artículo 2 señala: “A los efectos del presente decreto y con arreglo a la legislación penal venezolana se entienden como actos contrarios al orden público y a la paz social, los siguientes hechos: causar destrucciones a instalaciones públicas o privadas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de información. Tenencia, transporte y suministro o utilización de armas de fuego, armas blancas, objetos contundentes y cualquier objeto explosivo o similar. Obstaculización de las vía públicas con provocación de incendios mediante la quema de cauchos, desperdicios orgánicos, escombros, chatarra, piedras, vidrios, tachuelas, arbustos y colocación de cualquier otro material que pueda afectar el libre tránsito…”, entre otros aspectos.
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