El arzobispo de Caracas señaló que decisión del secretario general de invocar la Carta Democrática revela la gravedad de la situación que vive el país.
EFE
"Ante eso, es necesario que el Gobierno responsablemente asuma su papel, al igual que la oposición, y busquen resolver los problemas que están planteados en el país", declaró Urosa en una entrevista con la red de información católica Aleteia y difundida por medios venezolanos.
El prelado criticó la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de denunciar a los directivos de la Asamblea Nacional (Parlamento), poder que ha planteado la activación de la Carta Democrática.
"No se trata de traición a la patria y acusar libremente a los directivos de la Asamblea para ocultar la realidad del país", expresó el jerarca católico, quien pidió "darle solución a la gente que se encuentra sufriendo en medio de una crisis humanitaria".
A su juicio, esa crisis humanitaria "se traduce en la situación de escasez cada vez mayor en los alimentos y en las medicinas, pero también en la carencia de los repuestos y equipos técnicos para vehículos y maquinarias en general que son necesarias para que el país funcione".
Consideró "inútil, estéril y contraproducente la guerra política que existe entre el Ejecutivo contra la Asamblea Nacional", al señalar que "la solución de estos problemas pasa por la participación de todos los sectores de la sociedad, y en ella juegan un papel muy importante los factores políticos".
Urosa aseguró que "la Iglesia y el país en general están esperando que el gobierno cumpla con su deber de asegurar el bienestar de los venezolanos".
Se refirió además al pedido de la oposición de que se convoque a un referéndum revocatorio del mandato de Maduro e indicó que "es un instrumento absolutamente democrático, popular y electoral que está planteado" en la Carta Magna de venezolana.
Por otro lado, rechazó el estado de excepción declarado el pasado 16 de mayo por el Gobierno por considerar que "no ayuda en nada a resolver los problemas de los venezolanos" y por el contrario "agrava la situación política, social y económica".
"Es un decreto que confiere al presidente una cantidad de poderes ilimitados sin ningún control de la Asamblea Nacional", advirtió Urosa.
Señaló que además "confiere a grupos civiles poderes para actuar junto con la Fuerza Pública en el control de la seguridad y la paz de los ciudadanos", lo que observó como "sumamente peligroso y negativo".
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