Por MARISA RECUERO
La Fiscalía Anticorrupción se querella contra el presidente de la empresa de ingeniería asturiana Duro Felguera, Ángel Antonio del Valle Suárez, por presuntos delitos de cohecho internacional y blanqueo de capitales. Tras una investigación abierta el 13 de marzo de 2015 por supuestos sobornos a funcionarios públicos venezolanos a cambio de contratos en el país bolivariano, el Ministerio Fiscal ha concluido presentando una querella ante la Audiencia Nacional contra el actual máximo responsable del grupo y su antecesor, Juan Carlos Torres Inclán.
La denuncia, presentada el pasado 19 de septiembre, incluye también a los venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado Ochoa, antiguos miembros del Gobierno de Hugo Chávez, así como a la propia empresa Duro Felguera y a dos sociedades vinculadas a los venezolanos. Todos son querellados por los mismos delitos.
El Ministerio Público acusa a Del Valle Suárez y a Torres Inclán de pagar comisiones -siendo consejero delegado y presidente de Duro Felguera, respectivamente- a personas vinculadas con la Administración de Chávez para sobornar a funcionarios públicos y favorecer los intereses de la empresa, según precisaron a este diario fuentes conocedoras de los hechos.
La investigación, que se inició a partir de un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) tras detectar pagos en una cuenta del extinto Banco Madrid, advierte de que el grupo español llegó a pagar a Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2001 y 2006, un total de 105,6 millones de dólares entre 2008 y 2013.
Dicho de otra manera, 88,4 millones de euros al cambio actual. La Fiscalía considera que Duro Felguera usó la capacidad de influencia que Villalobos tenía en el Gobierno venezolano para conseguir contratos, pese al criterio contrario de directivos de la empresa.
Los hechos revelan que la sociedad de ingeniería asturiana, dedicada a la ejecución de proyectos energéticos llave en mano, firmó tres contratos de prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica, en los años 2008 y 2011, con dos empresas vinculadas a Villalobos. En concreto, Técnicas Reunidas (Terca) e Ingeniería Gestión de Proyectos de Energía (Ingespre), querelladas también.
El Ministerio Fiscal considera que la finalidad de estos contratos era encubrir el pago de las comisiones y los sobornos para conseguir la ejecución de proyectos en Venezuela. Precisamente, Duro Felguera logró firmar un contrato en 2009 con la compañía Electricidad de Caracas, filial de la pública Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), para construir la central de ciclo combinado Termocentro, a unos 50 kilómetros de Caracas, por más de 1.500 millones de euros.
En ese año, Javier Alvarado Ochoa era el presidente de la empresa firmante. En 2010 fue nombrado viceministro de Desarrollo Eléctrico de Chávez. El contrato firmado con Duro Felguera se enmarcaba en los planes de la Administración venezolana para atender el crecimiento de la demanda eléctrica de Caracas.
De los tres contratos de prestación de servicios denunciados por Anticorrupción, dos datan del 3 de diciembre de 2008 y fueron firmados por Duro Felguera y la empresa Terca, representada por el venezolano Luis Barrios Melean, otro querellado. Este último es considerado por la Fiscalía un testaferro de Villalobos, ya que el ex viceministro no podía aparecer en esta operación por conflicto de intereses, al haber abandonado su cargo en el Gobierno apenas dos años antes. El plazo de incompatibilidad eran cuatro años.
Precisamente, el tercer contrato fue firmado el 12 de abril de 2011, fecha en la que ya aparece Villalobos como firmante del mismo a través de la empresa Ingespre. Los hechos denunciados revelan que los pagos se realizaron a través de transferencias bancarias a cuentas domiciliadas en bancos en Suiza. En concreto, Banque Safdi, UBS y SG Private Banking. Sólo una transferencia se realizó a un banco español, Banco Madrid. Fueron tres millones de euros y su titular era Ingespre.
Conviene informar de que Duro Felguera se encuentra en estos momentos en una situación de galopante crisis económica. En apenas dos años, la deuda del grupo se ha disparado de 75,8 millones, en 2015, a 244 millones de euros, en marzo de 2017. Un total de 2.000 puestos de trabajo están en peligro. Del Valle no está dispuesto a dejar el cargo hasta recapitalizar el grupo.
La patilla
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